La otra fuga de divisas: hay talento, pero pocas patentes argentinas

Convertir un descubrimiento científico en un producto que soluciona un problema global se parece bastante al sueño de todo investigador. Es lo que ocurrió con Eco Hair, una loción para la calvicie desarrollada a partir de una patente del Conicet, y que hoy se exporta a Europa, Oriente medio y América latina.

La historia comenzó cuando investigadores del Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (Iquimefa-Conicet), indagaban las propiedades antiinflamatorias y regenerativas de la jarilla, un arbusto silvestre, y detectaron que hacía crecer el cabello en ratones rasurados. El hallazgo podría haber quedado en una publicación científica que solo leen colegas, pero los investigadores decidieron patentarlo.

"Casi por casualidad, me enteré de la investigación y me propuse buscar inversores para llevar este producto al mercado", cuenta Sergio Garré, quien con 20 años de trayectoria en la industria farmacéutica, decidió adquirir la patente en 2010 y montar un laboratorio de producción junto a su socia, Gabriela Guevara.

Y así, tras un año de trámites para obtener el licenciamiento de la patente, que incluyeron la presentación de un detallado plan de negocios, y un año de pruebas clínicas, en 2012 la loción Eco Hair llegó a las góndolas, fabricado por el laboratorio local Garré Guevara. Desde entonces, las ventas crecen en forma sostenida a pesar de la coyuntura y hoy apuntan a exportar. La demanda es inmensa, ya que la alopecía (calvicie) afecta al 50% de la población masculina mayor de 25 años.

Sin embargo, esta historia de éxito es más una excepción que una regla. En Argentina son pocos los descubrimientos científicos que se patentan y llegan al mercado global. Según cifras del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual), la cantidad de solicitudes de patentamientos viene en baja desde hace una década. En 2007 se presentaron 5743 solicitudes, y el número fue cayendo año a año hasta las 3443 presentadas en 2017 (último dato oficial).

Del total de solicitudes presentadas, solo un 14% corresponden a residentes en Argentina. El 85% provienen del exterior, en su mayoría de laboratorios y empresas tecnológicas internacionales.

"Argentina tiene un promedio de 260 patentamientos otorgados por año y Estados Unidos 90.000", detalla José Candioti, miembro de la Fundación Sales. "Gran parte de los desarrollos científicos se publican en revistas especializadas, pero no se protegen intelectualmente y esto provoca, a la larga, una fuga de divisas porque esos conocimientos son finalmente aprovechados por compañías del exterior, que sí los patentan y comercializan", destaca.

Más papers que patentes

En las universidades y centros de investigación locales "hay más cultura del paper que de la patente", apunta Martín Bechara, abogado especialista en Propiedad Intelectual del estudio Clarke y Modet. "Hace falta una mayor conciencia de la importancia de proteger intelectualmente las invenciones, para que al ser comercializadas, los beneficios vuelvan a la universidad o institución que los generó", destaca Bechara.

El propio sistema científico, que premia a aquellos investigadores que más publican en revistas científicas, no ofrece los mismos incentivos para aquellos que patentan.

El escaso financiamiento y lo engorroso del trámite, aunque recientemente se digitalizó y las presentaciones ante el INPI pueden hacerse online, también explican el fenómeno. La Secretaría de Simplificación Productiva del Ministerio de Producción y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), simplificaron el procedimiento para las presentaciones de marcas, patentes y modelos, que podrán iniciarse online en www.inpi.gob.ar y seguir la trazabilidad del procedimiento. La resolución, publicada en el Boletín Oficial el 1ero de abril, también establece una instancia administrativa de resolución de oposiciones que reduce notablemente los tiempos para los solicitantes. Esta normativa permitirá a los emprendedores acceder a una patente o registro de marca en forma más rápida y cómoda a través de internet

Por otro lado, la Argentina no forma parte del PCT (tratado de cooperación en patentes, por sus siglas en inglés), lo que obliga a los inventores locales a registrar sus desarrollos en cada mercado al que desean llegar, lo que multiplica los trámites y costos.

El ingreso del país a este acuerdo internacional es una cuenta pendiente, y algunos señalan por lo bajo al lobby de las farmacéuticas locales como un obstáculo.

En tanto, desde las oficinas de vinculación tecnológica de las universidades, se está trabajando para aumentar la protección de los desarrollos científicos. La Universidad Nacional del Litoral (UNL) es una de las más prolíficas, con más de cien patentes otorgadas. Aún así, el camino desde el microscopio a góndola es sinuoso.

Hace cinco años, científicos del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape), que depende de la UNL y el Conicet, desarrollaron un aceite comestible que contiene menos triglicéridos y por lo tanto "es más saludable y engorda menos".

"Sus propiedades son similares al aceite común. La diferencia es que se metaboliza diferente, lo que impide que se fije como grasa", destaca Isabel Di Cosimo, que encabeza el grupo de trabajo. Este desarrollo apunta a los aceites de girasol y de soja que se producen en Santa Fe, para aumentarles valor agregado. El aceite ya se creó en laboratorio y se tramita una patente desde 2014. Sin embargo, "al tratarse de un alimento innovador, que no existe en Argentina ni en otro país del mundo, la cantidad de autorizaciones y validaciones exigidas para salir al mercado son muy grandes y los costos muy altos", detalla Di Cosimo. "Tuvimos contacto con una aceitera de primera línea pero el acuerdo no se llegó a concretar", lamenta la investigadora.

Grandes logros y crisis

La escasa protección de los desarrollos científicos locales tiene su correlato en la falta de financiamiento para el sector científico tecnológico. La inversión en Ciencia y Tecnología pasó del 0,7% del PBI en 2013 a menos del 0,5% en 2018, alejándose del 1% que recomienda la Unesco. Y el 70% proviene del Estado, lo que coloca al país en uno de los niveles más bajos de inversión privada en ciencia.

En la Argentina, las posibilidades de transferencia tecnológica desde las universidades y centros de investigación hacia las empresas son poco aprovechadas, aunque podrían ser una fuente de ingresos genuina para el alicaído sistema de investigación. "La UBA, siendo la universidad pública que destina más fondos a la investigación y cuenta con centenares de trabajos publicados por año en ciencias duras, solamente solicitó 39 patentes en 40 años, o sea un promedio de una por año", comenta Alberto Prins, director de la Fundación Sales.

Esta entidad mantiene un convenio de cooperación con el Conicet en virtud de la Ley 111 (también conocida como Ley Mitre), por el cual se financian investigaciones científicas en la lucha contra el cáncer.

Gracias a este acuerdo, un equipo de investigadores de la Fundación Cáncer (FUCA) dirigido por el Dr. José Mordoh, desarrolló una vacuna terapéutica contra el melanoma que fue patentada en 21 países y está próxima a entrar en fase clínica (ensayos con pacientes). "Todo lo que se obtenga por las patentes será reinvertido para continuar financiando investigaciones", destaca Prins.

Según las premisas del Nobel de Economía 2018 Paul Romer, la innovación tecnológica está íntimamente ligada al desarrollo económico, ya que permite a los países producir y exportar bienes y servicios de mayor valor agregado.

Argentina ocupa el puesto 50 entre 60 naciones rankeadas en el índice de innovación económica elaborado por la agencia Bloomberg y difundido en el Foro de Davos 2019. El podio es ocupado por Corea del Sur, Alemania, Finlandia, Suiza e Israel, quienes no solo invierten entre 2 y 4% de su PBI en ciencia y tecnología, sino que el 50% o más proviene del sector privado.

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