Trabajar en pandemia: cómo son los protocolos y por qué se necesita un "recalculando"

Eliminar tareas o prácticas que antes eran habituales. Sustituir algunas de ellas. Implementar soluciones de ingeniería y diseño en los lugares de trabajo. Tomar medidas de control administrativo. Exigir el uso de elementos de protección personal.

En el GPS para el regreso al trabajo en medio de una pandemia que puede replegarse y que puede luego volver a ganar terreno, hay medidas diversas dispuestas por los Estados en todo el mundo y también acciones decididas por las empresas, que podrían encuadrarse en alguno de los cinco ejes descriptos en el primer párrafo. Concretamente, en nuestro país hay más de 60 medidas que están incluidas en no menos 44 protocolos vigentes, según un relevamiento hecho en agosto por el Centro de Implementación de Políticas Públicas (Cippec), cuyos autores advierten que entre unos y otros códigos de buenas prácticas no existe hoy "un buen diálogo" y que sería necesaria no solo una mejor coordinación, sino también un mecanismo dinámico para una periódica actualización.

Un punto que no puede dejar de observarse es que en un país con una realidad social como la que sufre la Argentina, la aplicación real y efectiva de las normas para el cuidado de la salud está condicionada por el nivel de informalidad de la economía y la imposibilidad práctica de hacer monitoreos que ese problema trae.

En los primeros meses de cuarentena, el segmento de trabajadores vulnerables fue el más perjudicado por el impedimento de ejercer actividades; según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, en el empleo asalariado no registrado la cantidad de ocupaciones disminuyó 34,7%% en solo un trimestre (abril a junio), con casi 1,7 millones de puestos caídos, mientras que en el cuentapropismo la baja fue de 32,7%, lo que se traduce en casi 1,8 millones de personas que no pudieron trabajar.

Los cuentapropistas -en su gran mayoría informales- y los asalariados no registrados eran, en conjunto, nada menos que el 49% del total de los trabajadores en los primeros meses de este año, según datos oficiales. Qué pasó en los meses posteriores al segundo trimestre con el trabajo de esas personas es algo que se podrá saber en diciembre, cuando se difunda un nuevo informe de la EPH. Sin embargo, si la vuelta a las tareas se hace en esos casos bajo el cumplimiento de ciertas normas de prevención, será algo difícil de conocer. La informalidad es, de hecho, uno de los factores que limitan las posibilidades de construir una "economía de baja proximidad" física y con monitoreos, como la que propone el Cippec.

A la par de la apertura de actividades sociales y económicas que se fue dando con el correr de los meses, muchas empresas volvieron a sus tareas. Fue entonces cuando, según el informe, "el Gobierno incorporó protocolos sectoriales elaborados conjuntamente con las cámaras empresariales y validados por el Ministerio de Salud". El esquema se replica a la vez al interior de las provincias y de las unidades productivas, con un rol ejercido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Para analizar las estrategias contenidas en esos protocolos y sus faltantes (en algunos casos, en relación con lo que se hace en otros países), el trabajo del Cippec las ordena en un esquema basado en la Pirámide de Riesgo Ocupacional de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos.

Así, en la punta de la pirámide están las medidas de "eliminación", que conllevan bajo riesgo sanitario y alto impacto económico negativo. No permitir las actividades no consideradas esenciales es lo que se hizo en la primera etapa del aislamiento social obligatorio. Pero hay medidas de anulación de ciertas tareas o prácticas que continúan vigentes. La más generalizada es la exención de la obligación de trabajar que abarca a quienes están en los grupos de mayor riesgo, por cuestiones de edad o por condiciones de salud. También sigue la prohibición de tareas en sectores específicos, como el turismo y el entretenimiento. Y en empresas donde sí se trabaja, se suspenden prácticas antes habituales, como los viajes.

En un segundo nivel el esquema ubica a las medidas de sustitución, como el reemplazo de reuniones presenciales por encuentros virtuales, el fomento del uso del transporte privado o de bicicletas, y el teletrabajo. En este último punto aparece una clara limitación por tipo de tareas, que se refleja en el hecho de que, según surge de analizar la Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad de 2018 (Ecetss), en la Argentina solo el 28% de los asalariados está en condiciones de teletrabajar, un porcentaje que se reduce a 17% en el caso del sector privado y que, además, tiene amplia disparidad según la zona: el indicador llega a 48% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es de 24% apenas cruzando la General Paz, en el conurbano. Datos que muestran las limitaciones de una modalidad que para varios casos sí resultó una vía de escape efectiva en la pandemia.

En el tercer escalón de las medidas marcadas por los protocolos están los controles a través de tareas de ingeniería. En este punto el documento señala que es una desventaja para las empresas el hecho de que se requieran ciertas inversiones, en un escenario de fuerte recesión. Entre las acciones incluidas en los protocolos del país se encontraron la implementación de barreras físicas para los puestos allí donde el distanciamiento no es posible, la preparación de zonas de aislamiento ante posibles casos, y la instalación de arcos sanitizantes para el ingreso a los edificios.

Si se miran las prácticas de otros países, se ven acciones como la instalación de equipos para la renovación del aire y la eliminación de impurezas, y los incentivos dispuestos para el uso del transporte privado, como la baja del costo de estacionamiento o los subsidios al combustible. Respecto de este último punto, se señala que "en los protocolos nacionales analizados solo seis actividades de la rama industrial disponen que la empresa proveerá un medio de transporte privado". Los datos de la Ecetss indican que en el país el 31% de los trabajadores usa (o usaba) transporte público para ir a trabajar, en tanto que en el AMBA el porcentaje se eleva al 52%.

Los dos últimos conjuntos de acciones para la prevención del Covid-19 en el ambiente laboral son los controles administrativos y el uso de elementos de protección personal. En el primer caso, se trata de las medidas que con mayor frecuencia aparecen en los protocolos; requieren una readaptación organizacional antes que una inversión. Se trata, por ejemplo, de la modificación de turnos y horarios, de las actividades de capacitación, de la mejora de la ventilación (sin inversión en infraestructura), del control de la temperatura y de las declaraciones diarias sobre el estado de salud.

Respecto de la protección personal, el protocolo general emitido por la SRT explicita que es obligatorio que el empleador provea recursos, y menciona la necesidad de que se documente la entrega y la renovación periódica de los elementos, como barbijos y máscaras.

A futuro, los investigadores del Cippec recomiendan un esquema para la adaptación continua de los protocolos, que impida que queden estáticos ante la dinámica de la matriz de riesgo, y que prevea al menos cuatro pasos: el diagnóstico, el diseño, la implementación y la evaluación, para generar una iteración.

El esquema bien podría continuar más allá del Covid-19. Después de todo, si bien el desafío de la distancia social es "inédito", como destacan los investigadores del Cippec, hay realidades que ya planteaban la necesidad de adaptaciones cada vez más dinámicas, como la aceleración de los cambios tecnológicos, la necesidad de dar más eficiencia al uso del transporte público y privado y la necesidad de definir el marco de protección social para las nuevas (o ya no tan nuevas) formas de trabajo. Entre otros vinculados con lo laboral, esos desafíos seguirán en pie tras la pandemia.

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