El caso Madoff: un estudio de abogados recupera parte del dinero
LA NACION
Diez años han transcurrido desde aquel 11 de diciembre de 2008 en el que Bernard Madoff, hasta ese momento afamado inversor bursátil con un lugar privilegiado dentro de la elite norteamericana vinculada al sector de las finanzas, fuera detenido en su departamento de Nueva York y dirigido a una cárcel federal de la que nunca más salió.
El plan criminal de Madoff fue tomado del afamado criminal italiano llamado Carlo Ponzi, quien descubrió que si a un conjunto de inversores que ingresan en diferentes momentos a un mismo proyecto se les prometen rendimientos superlativos, a la vez que se les abonan los mismos de forma periódica sobre la base de nuevos aportes que realizan flamantes inversores, la cantidad de suscriptores iría en ascenso y junto con ello el monto recaudado y el capital defraudado, el cual solamente sería mensurado en caso de que el sistema colapsase, lo cual inevitablemente ocurre cuando el ideólogo logra su fuga con el botín. Madoff, antes de ser condenado a cumplir una pena de ciento cincuenta años de prisión, manifestó que sus clientes habían sido "avaros y estúpidos" y que por tal motivo nunca habían analizado si los rendimientos que se prometían y abonaban de forma periódica (gracias al esquema Ponzi) eran realmente sostenibles.
Por estos días ha trascendido un hecho sumamente interesante, vinculado a la recuperación del dinero defraudado en el marco de la mayor estafa de la historia. Irving Picard, abogado especializado en asuntos económicos, socio de la firma Baker Hosteler, anunció en el sitio web www.madofftrustee.com que el trabajo de su firma, luego de diez años, había permitido recuperar tres cuartas partes del dinero invertido por los clientes estafados.
Picard fue designado el mismo 11 de diciembre del año 2008 fideicomisario del patrimonio personal de Madoff y de todas sus empresas e inversiones, en el marco de un procedimiento realizado ante el juez de Distrito Lawrence McKenna, quien, en aplicación de una ley dictada en 1970 autorizó al abogado a secuestrar todos los bienes de Madoff y su familia, otorgándole a su vez plenas facultades para iniciar procesos judiciales, reclamos informales y negociaciones con terceras partes, con el objeto de llevar a cabo la recuperación del capital invertido por las víctimas, quienes residían en Suiza, España y Estados Unidos, en su gran mayoría. A modo de contracautela, la firma Baker Hosteler depositó un aval por la suma de US$250.000. Tras una década y la producción de más de nueve mil documentos, todos ellos disponibles en internet, Picard y su equipo recuperaron US$13.305 millones, que equivalen a las tres cuartas partes de lo invertido. Y faltan muchos procesos en los que los liquidadores confían en recuperar la totalidad del dinero invertido.
Los primeros dos años transcurridos desde el descubrimiento del fraude fueron de compleja tarea y escaso avance en la identificación de fondos líquidos, inmuebles e inversiones realizadas por Madoff, para asegurar sus ilegales ganancias.
Sin embargo, a partir del punto de quiebre, el recupero de activos fue en ascenso y la devolución del capital invertido a las víctimas fue definido en un calendario de pagos aún vigente.
Lo destacable de este proceso de agresiva y sumamente efectiva recuperación de activos consiste en el hecho de que, de manera integral, la misma estuvo a cargo del propio Picard y su equipo, sin que oficinas del Estado intervinieran más allá de la producción de las pruebas informativas que se solicitaran. Las negociaciones, las investigaciones y los rastreos fueron realizados fuera de las oficinas de los Tribunales de Nueva York, y la labor del juez consistió únicamente en validar los pagos que Picard informaba que eran posibles realizar de acuerdo con los avances de su gestión.
El caso Madoff demuestra que este tipo de procedimientos puede ser puesto en práctica sin que los costos sean soportados por el sector público, a la vez que los recursos tecnológicos, edilicios y humanos especializados para llevar a cabo este tipo de tareas, y que son sumamente escasos en la práctica tribunalicia.
La productividad y la efectividad del trabajo en equipo, con control judicial periódico, han reportado a Picard y a su firma los más altos honorarios de los que se tenga registro en el sistema judicial americano: al momento de redacción de estas líneas, los mismos superaban los US$1100 millones, en función de las remuneraciones fijadas judicialmente en proporción a los montos recuperados y distribuidos a las víctimas.
Coordinador de contenidos (Derecho Penal y Procesal Penal) Thomson Reuters - La Ley
Francisco Crocioni
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