Electricidad. El impacto de la caída del Presupuesto 2022 en la deuda de las provincias con Cammesa
Las distribuidoras le pagan a la administradora del mercado mayorista alrededor de la mitad de lo que compran al mes y el resto lo pone el Estado; en el proyecto rechazado en Diputados se incluía nuevo esquema de cuotas
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CORDOBA.- Uno de los efectos que tendrá para las provincias la no aprobación del presupuesto 2022 tiene que ver con la refinanciación de las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con Cammesa, la administradora del mercado mayorista de energía, ya que Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, había incluido en el proyecto un régimen de pago que por el momento no se podrá llevar a cabo.
En los acuerdos firmados por las distribuidoras este año no habrá modificaciones, no caen. Lo que sí se estipulaba en el proyecto que fracasó eran más plazos de pagos. Pero lo que preocupa a los expertos es que, si no hay corrección del atraso tarifario, la deuda se recrea. En tanto, otro artículo de la norma rechazada delegaba en el Ejecutivo la segmentación tarifaria.
A octubre de este año las distribuidoras acumulaban una deuda de $220.000 millones con Cammesa (a hoy serían $240.000 millones); el 60% lo concentraban seis empresas: Edenor y Edesur, que suman $80.000 millones; le siguen las empresas de Misiones (8%); Chaco (6,7%), Mendoza (5,2%) y la de Córdoba (4%).
Alejandro Eintoss, experto del Instituto Mosconi, señala a LA NACION que, salvo Edenor y Edesur, las otras distribuidoras del país vienen aumentando las tarifas, aunque en diferentes velocidades. Los usuarios del interior pagan, en promedio, entre 40% y 45% más que los del AMBA.
“Si no hay un aumento que reconozca a las distribuidoras la suba de costos, la deuda se recrea -dice-. El Gobierno tendrá que insistir, por fuera de la ley rechazada, en refinanciarlas, porque son impagables. Es probable que tengamos novedades en los próximos meses porque es una bola de nieve”.
Para graficar el impacto del atraso tarifario, Eintoss apunta que en los primeros nueve meses del año Edenor dio pérdidas por $13.000 millones y Edesur por $15.000 millones: “Operan a pérdida y no reciben subsidios; no acordaron refinanciar y, con esta inercia, no van a poder pagarla”.
El experto entiende que en la actual situación “no están los incentivos para pagar” la deuda. Menciona que el índice de cobrabilidad a nivel nacional es de 70% promedio. De hecho, plantea que hay distribuidoras que firmaron acuerdos de refinanciamiento y vuelven a deber.
Además de cooperativas que llegaron a un acuerdo por sus deudas, firmaron las empresas de Chaco, Formosa, Catamarca, Santiago del Estero, San Juan, Entre Ríos, Salta y Santa Fe. Los arreglos son, por un lado con la Secretaría de Energía y Cammesa, por la deuda al 30 de setiembre al 2020; a partir de esa fecha hasta el 31 de marzo de este año fueron directos con Cammesa. Desde entonces, el taxímetro siguió corriendo y hay nueva deuda.
Los fondos que Cammesa no cobra a las distribuidoras se los debe girar el Tesoro para que la administradora pueda pagar a las generadoras. La velocidad de regeneración de deuda es de entre $15.000 millones y $20.000 millones mensuales, ya que los expertos calculan que las distribuidoras pagan la mitad de lo que compran. Sobre esa base, al año, la deuda puede alcanzar $240.000 millones, aproximadamente 0,36 % del PIB de 2022
Qué decían los artículos
Los artículos 140 y 145 de la iniciativa rechazada en Diputados eran los que se ocupaban de la refinanciación. El primero prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2022 la instrumentación del “Régimen Especial de Regularización de Obligaciones” para las deudas mantenidas con Cammesa y/o con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y, también del “Régimen especial de créditos”.
En vez de los 60 meses del plan de pagos en vigencia, las cuotas se extendían a 96 con hasta seis meses de gracia y una tasa de interés equivalente de hasta el 50% de la vigente en el mercado eléctrico mayorista. La condición para acceder era mantener al día los pagos a Cammesa después del acuerdo por la deuda.
Hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta que terminen las renegociaciones de las revisiones tarifarias por un decreto de necesidad y urgencia se delegaban en el Poder Ejecutivo nacional las facultades para “instrumentar programas tarifarios utilizando criterios de segmentación en función de la capacidad económica”. La referencia es a la segmentación de la que se viene hablando hace más de un año.
El artículo 145 establecía las “bases de la delegación”: generar mecanismos “de eficiencia creciente en la asignación de los subsidios” (focalización de los subsidios a la demanda) y ejecutar, a través de la Secretaría de Energía, un “proceso de segmentación de precios y tarifas en función de las características y capacidades socioeconómicas, patrimoniales, regionales y de nivel de ingresos de los usuarios y sus grupos convivientes”.
El texto indicaba que la Secretaría de Energía debía contemplar el impacto de las “condiciones climáticas, su nivel de desarrollo económico, la situación socioeconómica” y atender las particularidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un lado, y, por otro, la de los 40 municipios de la provincia de Buenos Aires (el conurbano).
También establecía la creación del “Registro de Capacidad Económica de Usuarios y Usuarias de Servicios Públicos” como instrumento para la gestión de evaluación y valoración de precios y tarifas.
Por Gabriela Origlia
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