Electricidad: el Gobierno avanza con la moratoria para regularizar la deuda de las distribuidoras

El Gobierno comenzó a cerrar acuerdos con las distribuidoras eléctricas para regularizar la deuda que mantienen con Cammesa, la compañía privada con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica, luego de que el Congreso aprobara la “moratoria” que se diseñó especialmente para este fin.

De esta manera, los funcionarios de la Secretaría de Energía esperan también mejorar la cobrabilidad y que las empresas dejen de atrasarse con las facturas de electricidad, que el Tesoro debe financiar de otra manera con mayores subsidios. Por lo tanto, se firmaron acuerdos tripartitos, entre Nación, las distribuidoras y los gobierno provinciales, que son los que tienen el poder concedente para establecer los cuadros tarifarios, que deberán actualizarse de tal manera que puedan cumplir con los pagos a Cammesa.

Las deudas generadas justamente son una consecuencia de los congelamientos tarifarios. Al no tener los ingresos suficientes para mantener la operación y las inversiones mínimas, las distribuidoras comenzaron a financiarse con Cammesa; es decir, se quedaban con el total de la recaudación de las boletas de luz, en vez de transferirle a la compañía la parte que le correspondía por el costo de la generación de electricidad. Así se generó una deuda de más de $123.000 millones.

Las primeras provincias es firmar un acuerdo fueron las únicas que no tenían deuda con Cammesa: Formosa, Santiago Del Estero, San Juan y La Pampa. A ellas se les dieron, en total, créditos por $6200 millones para utilizar contra futuros pagos por la compra de energía

Luego le siguieron Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Catamarca, que reestructuraron sus obligaciones de pago con Cammesa. En detalle, Catamarca debía $1163 millones y consiguió un crédito de $954 millones. Chaco adeudaba $7905,5 millones y logró obtener una quita de $2645 millones. Las distribuidoras de Entre Ríos debían en total $2711,6 millones y se les perdonó el total. Santa Fe, finalmente, debía $12.316 millones y obtuvo un crédito por $9442 millones.

Del total de la deuda de esas distribuidoras, más de $9440 millones se transformarán en obras, asistencia a los usuarios y mejoramiento del servicio, según comunicó la Secretaría de Energía.

El Estado puede reconocer créditos equivalentes a hasta cinco veces la factura media mensual del último año o el 66% de la deuda existente. La deuda remanente deberá ser regularizada mediante un plan de pagos con un plazo de hasta 60 cuotas mensuales, períodos de gracia de hasta seis meses y una tasa de interés equivalente de hasta el 50% de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista.

La adhesión a la moratoria no es automática, sino que la Secretaría de Energía evalúa previamente la situación económica y social de cada jurisdicción, lo que podría generar un trato diferencial con las empresas.

Las distribuidoras que más adeudan son Edenor, con un saldo acumulado a cobrar de $17.479 millones, y Edesur, con $15.682 millones, según los datos al 30 septiembre pasado, que es el que se toma en consideración para negociar. No es casual que sean las únicas dos distribuidoras que están reguladas por el Estado Nacional, a diferencia del resto, que son controladas por las provincias.

Edenor y Edesur obtuvieron un aumento de tan solo 9% a partir de mayo, luego de más de dos años de tener sus ingresos congelados. Son las distribuidoras que menos incremento tuvieron de todas, por lo tanto, no es casual que sean las que más adeudan. Esto genera una situación de desigualdad con los ciudadanos del interior del país, que pagan las tarifas más caras y reciben menos subsidios del Estado nacional.

Las negociaciones para avanzar con las moratorias de Edenor y Edesur están siendo las más complicadas, ya que el Estado mismo debe garantizar los ingresos futuros de las compañías, para que puedan comprometerse con Cammesa a regularizar su deuda y a pagar al día todas las facturas. Un trámite que debería ser sencillo, ya que el mismo Estado que propone la moratoria es el que debe autorizar los incrementos de tarifas, genera mayores problemas en el Gobierno. Nadie se atreve a determinar cuándo y de cuánto serán los futuros aumentos en el área metropolitana.

Con este régimen, el Gobierno busca que Cammesa tenga más herramientas para presionar el pago de la generación eléctrica, ya que, de lo contrario, la compañía acumula activos difíciles de cobrar.

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