“Eleccionismo”, un mal que agrava la decadencia

A medida que se aproxima el 40° aniversario del retorno de la democracia, sería recomendable iniciar un debate público sobre la conveniencia a futuro de mantener sin cambios el sistema electoral surgido de la reforma constitucional de 1994.

Las elecciones legislativas nacionales cada dos años han transformado a las urnas en objeto de culto y razón de ser para el grueso de los políticos, que siguen al pie de la letra aquella máxima según la cual sólo piensan en la próxima elección para aferrarse al poder; a diferencia de los estadistas, que se ocupan de la próxima generación. Todo vale en la campaña electoral cuando cada ciudadano se convierte en un voto a conseguir sin importar cómo; incluso con mentiras descaradas.

Esta secuencia contribuye además a agravar la ya crónica decadencia de la Argentina en el terreno económico, social y productivo. El recordado economista Miguel Bein popularizó la “maldición de los años pares” para graficar cómo después de cada elección general se ajusta el despilfarro previo de gasto público, subsidios, emisión y atraso cambiario o tarifario, que perpetúa los ciclos de stop and go. El gobierno del Frente de Todos no fue la excepción con el “plan platita”, aunque no impidió su derrota en las legislativas de 2021. Pero con esa inundación de pesos, el ajuste sobrevino en 2022 de la peor forma y terminó por desacelerar el repunte económico. La inflación de casi 100% licuó jubilaciones y salarios; la brecha cambiaria de igual magnitud acentuó la pérdida de reservas y el racionamiento selectivo de importaciones y la bola de nieve de endeudamiento en pesos y altas tasas de interés genera riesgos disruptivos en el corto plazo. Estos tres “focos infecciosos” son tratados ahora con analgésicos en el arranque del nuevo año electoral y, al no haber margen político para aplicar antibióticos, aumentan la incertidumbre económica.

En el plano político, el “electoralismo” como fin que justifica cualquier medio debilita la democracia y aleja la posibilidad de acuerdos entre distintas fuerzas para impulsar políticas de Estado que puedan trascender el mandato de cada gobierno. Bajo este neologismo se oculta el objetivo de armar listas únicas para que el votante no elija candidatos individuales en las PASO, sino en bloque (listas sábanas) y en el orden ya digitado previamente por los dirigentes partidarios. Las candidaturas por “consenso” suelen ser un eufemismo para justificar acuerdos entre pocos y a puertas cerradas.

Aun así, el documento emitido tras la reunión del jueves de la mesa política del PJ exhibió las limitaciones y contradicciones del FdT para alcanzarlos. De hecho, su propio título (“Democracia sin proscripciones.Unidad para transformar”) parte de dos conceptos falsos.

En el primero, Cristina Kirchner no está proscripta porque su condena por corrupción tardará años en quedar firme y puede presentarse como candidata a cualquier cargo electivo, pese a que haya renunciado públicamente a hacerlo y promovido la desmesura de un juicio político a toda la Corte Suprema por sus fallos. Más bien el argumento apunta a lanzar la narrativa épica de un “operativo clamor” para incluirla como cabeza de alguna lista, aunque más no sea para renovar su banca en el Senado y traccionar votos en el bastión K del conurbano bonaerense.

El segundo concepto queda desvirtuado por la realidad, a menos que la unidad surja del espanto ante la posibilidad de otra derrota electoral –como en 2021– tras el fracaso del modelo vicepresidencialista instaurado por CFK, que parceló los ministerios, condicionó el poder del Presidente y transformó al Gobierno en un compendio de discrepancias ideológicas entre los tres socios del FDT, pese a que las renuncias brillaron por su ausencia (salvo la de Martín Guzmán). El caso de Victoria Donda, desplazada por Alberto Fernández del Inadi y designada pocos días después por Axel Kicillof en un cargo tan pomposo como vacío de contenido, es una prueba de que el “Estado Presente” funciona como un seguro laboral para políticos que rara vez o nunca trabajaron en el sector privado y los aleja de la realidad.

Otra, que lleva años, es la burocracia del Congreso de la Nación para asistir a los 257 diputados y 72 senadores nacionales, que en 2022 sólo sancionaron 36 leyes (30% menos que en 2021), entre ellas el presupuesto nacional para 2023.

Según datos de Cadal, el número de empleados (entre permanentes y temporarios) pasó de 9605 en 2003 a 12.308 en 2013 y a 14.429 en 2023. O sea que en dos décadas se incrementó 50%, pese a que el número de legisladores no varía desde 1995.

Del total, 5183 corresponden a Diputados y 5018 al Senado, (que en épocas de Amado Boudou había llegado al récord de 6020). El resto se distribuye entre dependencias auxiliares como Biblioteca (1397); Imprenta (509); Dirección de Ayuda Social (788) y Defensoría del Pueblo (546), cuya titularidad está vacante desde hace 14 años, cuando finalizó el mandato de Eduardo Mondino. También entre la Procuración Penitenciaria (393) y otras creadas durante el segundo mandato de CFK, como la Defensoría del Público Usuario de Servicios de Comunicación Audiovisual (que pasó de 95 empleados en 2014 a 139 en 2023) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (de 12 en 2019 a 70 en 2023). Llamativamente, la Oficina de Presupuesto del Congreso, creada en 2019, cuenta con el plantel más reducido (25 especialistas, de alta calificación profesional).

Si bien el número total de personal del Congreso se redujo casi 11% en los últimos cinco años, estas reparticiones compartidas por ambas cámaras tendrán este año 4227 empleados (permanentes y contratados), una cifra que equivale al 81% del total en Diputados y al 84% en el Senado. Para dar una idea de magnitud, los casi 14.500 empleados del Poder Legislativo pueden compararse con los algo más de 20.000 que trabajan en Personal, el grupo de telecomunicaciones que encabeza el ranking de mayores empleadores privados de la Argentina.

Además, no pocos senadores –que perciben un sueldo neto de alrededor de $550.000 mensuales, similar al de los diputados– se convierten en una suerte de pyme por el número de asistentes y asesores que pueden contratar sin que ingresen por concurso. Una investigación realizada en mayo de 2022 por Infobae revela que, en el kirchnerismo, el santiagueño Gerardo Montenegro tiene 44 contratados (7 en la categoría más alta, con alrededor de $400.000 mensuales), seguido por el puntano Adolfo Rodríguez Saá (40); el chaqueño Antonio Rodas (39); el jujeño Guillermo Snopek (38); el formoseño José Mayans (37); la chaqueña María Inés Pilatti Vergara (37), que además integra el Consejo de la Magistratura, y el correntino Carlos “Camau” Espínola (35). Más lejos, en la oposición, se ubican el riojano Julio Martínez (29) de la UCR y el cordobés Luis Juez (28) del PRO. Aunque teóricamente los contratos cesan al finalizar el mandato de cada legislador, algunos llevan hasta 20 años en el Congreso.

Quizás más de uno piense modificar la consigna de los ‘70 y reemplazarla por “ni yankis ni marxistas, eleccionistas”.

Aunque las comparaciones sean odiosas, en el Parlamento unicameral de Suecia los 349 representantes trabajan en oficinas de 22 metros cuadrados, comparten salas de reuniones y asesores designados por cada partido. Los ciudadanos pueden consultar en la web los gastos de cada uno, que incluyen viáticos y alquileres reembolsables con topes en cada caso, y ninguno cuenta con secretarios(as) individuales ni auto oficial con chofer.

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