El valor de hacer carrera en el Estado

Para lograr mejores políticas públicas es fundamental un Estado profesional, capaz de asegurar calidad en la implementación, lineamientos estratégicos y capacidad de alineamiento político. Esto supone recuperar el sentido de carrera en el Estado.

Es necesario generalizar los concursos públicos para los puestos directivos y abrirlos a la participación externa. Entre 2001 y principios de 2011, los concursos de direcciones y otros cargos jerárquicos del gobierno nacional se suspendieron, en su gran mayoría, aduciendo situaciones de excepcionalidad y de emergencia.

También es importante que los salarios del sector público se equiparen a funciones de similar responsabilidad en el sector privado. Si bien desde 2003 sucesivos aumentos mejoraron las condiciones salariales de los funcionarios públicos, se mantiene una brecha respecto de posiciones directivas en el sector privado. Se calcula que la alta gerencia pública percibe un 35% menos que sus pares del sector privado.

En este contexto, el aumento en la dieta de los legisladores nacionales –que acerca la remuneración a la de sus pares provinciales y a la de funcionarios ejecutivos– pone en el centro del debate el valor que la sociedad da a la función pública.

Apreciar la función pública supone admitir que los funcionarios deben recibir una remuneración acorde con la tarea que realizan. Sin embargo, es fundamental que la definición del salario –en cualquier poder del Estado y dependencia de gobierno– se haga de forma transparente, pública y comprensiva de todos los suplementos. Rendir cuentas y habilitar mecanismos que promuevan la transparencia es una deuda pendiente en todos los poderes del Estado. Esto permitiría acercar la tarea que realizan los funcionarios a los ciudadanos y dar más visibilidad a su importancia. En el caso del Poder Legislativo esto es particularmente necesario, dado que el trabajo que se lleva a cabo en el Congreso no se agota en las sesiones plenarias de los representantes, pero estas tareas son poco conocidas por los ciudadanos.

Por otro lado, la politización de la administración y la ocupación política de cargos que exigen un alto componente de expertise profesional disminuye en el largo plazo la calidad en esos sectores. En la Argentina hay ejemplos de organismos que fueron dirigidos políticamente y, al mismo tiempo, resguardados en su autonomía profesional. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) son una prueba exitosa de continuidad profesional y de dirección política estratégica, contrariamente a lo que ocurre con el Indec.

Una sólida carrera pública se construye, además, con incentivos monetarios y no monetarios al desempeño individual e institucional. Para atraer al Estado a los mejores graduados, es clave diseñar un sistema de reclutamiento para el ingreso a la carrera estatal, que permita captar a los mejores recursos de las universidades.

El nuevo Convenio Colectivo del Sector Público (2008), en el contexto del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), abre un marco de oportunidad para concretar muchas de las iniciativas mencionadas.

El autor es director ejecutivo de Cippec

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