El sueño del Estado omnipresente

Hay empresarios arrepentidos de haber aceptado la ayuda del Estado para pagar sueldos. Lo admiten en voz baja. Anteayer, ejecutivos de la Unión Industrial Argentina se lo transmitieron directamente al ministro de la Producción, Matías Kulfas: no están conformes con los requisitos que la AFIP exige a cambio de recibirla. Por ejemplo, no distribuir utilidades, no comprar dólares mediante operaciones con acciones y no hacer transferencias a socios relacionados con paraísos fiscales. Los empresarios preferirían en cambio una alternativa más flexible: que esa inyección de fondos que acaban de recibir para cubrir los salarios de abril y que pretenden renovar para los de mayo pudiera mantenerse en el tiempo sin devolución, pero que, eventualmente, si una compañía decidiera darlo de baja por algún motivo, se convirtiera entonces en un préstamo. "Eso es imposible", les dijo Kulfas. Deberán decidir ahora si acceden o no: tienen tiempo hasta el martes.

Las exigencias complican todo. Algunos de ellos venían en realidad dudando desde la semana pasada, cuando leyeron el primer tuit de la diputada bonaerense Fernanda Vallejos, que propone que el Estado adquiera acciones de firmas a las que asista, y al ver nombres de directivos de alto rango expuestos en medios de comunicación por estar recibiendo el subsidio. "Si el presidente de una empresa está en relación de dependencia y el sistema registra por el CUIT de cada empleado, ¿qué vas a hacer?", se quejaron en la UIA, donde analizan ahora devolver los salarios de esos ejecutivos. "Por una cuestión reputacional y de responsabilidad social", explican. Esa nómina provocó reproches en el kirchnerismo. El lunes, en simultáneo con la ratificación de los requisitos, el Gobierno publicó la alternativa para quienes decidan rechazar lo que ya recibieron: deberán devolverlo con intereses y mediante la creación de un volante electrónico de pago. Ya estaban en la calle los afiches de Presidencia de la Nación: "Salarios 50% pagados por el Gobierno nacional", decía todavía ayer una gigantografía que muestra, con nombre y apellido, a un empleado de la industria del calzado.

Los empresarios también están divididos. "Se asustan por un tuit: las condiciones que exigen son razonables", dijo un dirigente de la UIA, donde otros acusan al Gobierno de haber agregado ex post requisitos para lo que, hasta hace una semana, eran simples paliativos destinados a aliviar una situación que no eligieron: no trabajar. Con matices y distintos grados de institucionalidad, el mundo discute cuestiones similares. La Unión Europea, por ejemplo, acaba de prohibir el pago de bonus para aquellas empresas que reciban una capitalización del Estado. Pero no es igual, dicen los empresarios: esos rescates son solo el último paso de una serie de asistencias iniciales y, además, el resultado de un acuerdo con los accionistas y por montos infinitamente mayores al pago de sueldos. Es cierto que el plan europeo prevé mecanismos no consignados en los tuits de la diputada Vallejos: el Estado, cuya incursión en paquetes accionarios privados se considera explícitamente en el programa como distorsiva y contraria a la sana competencia, deberá desprenderse de esa participación en un plazo de seis años.

El debate se contamina aquí con ruidos locales. Entusiasmado inicialmente con Alberto Fernández y sus primeros movimientos en la cuarentena, el establishment económico ha vuelto a descreer. Como si, lejos de significar un alto en el camino para proyectos hostiles a la creación de riqueza, el Covid-19 hubiera devenido en la oportunidad de acelerarlos. La motivación no es 100% sanitaria. Lo admitió Máximo Kirchner esta semana, durante una teleconferencia en La Plata y delante del anfitrión, Axel Kicillof, y varios intendentes: hablaba de la estrategia de Rodríguez Larreta, del temor a que los contagios de las villas porteñas llegaran al conurbano y atribuyó esos reparos a razones no solo de gestión, sino también políticas. "Por lo menos no miente", dijo esa noche un jefe comunal de Juntos por el Cambio.

Las críticas por la apertura de comercios porteños, que empezaron en los intendentes de mejor relación con el Instituto Patria, expresan también la interna del Frente de Todos: ¿cuestionar en eso a Rodríguez Larreta no es también objetar a Alberto Fernández, aliado del jefe de gobierno porteño en el control de la pandemia? ¿O fue casual que Juan Horacio Zabaleta, uno de los intendentes más cercanos al Presidente, encabezara esta semana la contracara, el grupo de cinco pares que planteó la necesidad de abrir la cuarentena en aquellos sectores que no corren riesgos? Se adhirieron los peronistas Fernando Moreira, de San Martín, heredero del ministro Gabriel Katopodis, y Alberto Descalzo, de Ituzaingó, y dos que vienen de Juntos por el Cambio: Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Jaime Méndez (San Miguel). El sexto invitado, Lucas Ghi, de Morón, se excusó por razones de exposición. Su presencia ahí, dijo en confianza, quedaría como aval a la estrategia de Rodríguez Larreta y contra la del gobernador.

Es política, como dice el diputado Kirchner. Impulsos que el Covid-19 no alcanzó a detener. Al contrario: en algunos ámbitos, como en el judicial, parece haberlos acrecentado. Casi no hay día en que el kirchnerismo no muestre algún movimiento destinado a modificar el escenario en que avanzan o se atascan las causas por corrupción. "Una ametralladora de iniciativas hacia la impunidad", lo definió el diputado radical Mario Negri. "La vicepresidenta está en todo su derecho a defenderse, pero no tiene derecho a agarrar el Estado y ponerlo al servicio de su defensa", cuestionó.

Para Cristina Kirchner supone una cuestión personal: será difícil que cualquier estrategia al respecto no prevalezca sobre todas las áreas. Incluida la económica, la única en que no ubicó funcionarios propios. Es cierto que, hasta ahora, el Covid-19 ha hecho que ambos objetivos confluyan. Antes de la pandemia, el plan medular del Presidente empezaba en la renegociación de la deuda. No bien asumió, le dijo al equipo de Martín Guzmán que no quería tener ese asunto pendiente más de cuatro meses sobre su escritorio. La crisis sanitaria redujo en todo caso las opciones: la orden, que incluye a la jefa política, es ahora multiplicar los esfuerzos para evitar un default definitivo. Una lógica que no parece solo económica. ¿Qué sociedad estaría en condiciones de asimilar, por ejemplo, una reforma judicial mientras crecen los contagios y los efectos del default?

Con o sin virus, ella siempre tuvo un plan. También sus seguidores, el único espacio político que trabaja sin detenerse para las elecciones de 2021 y 2023, algunos de cuyos miembros celebran un dato que circula en informes internos: con los pagos de salarios a 275.000 empresas, casi la mitad de un universo de 600.000 en todo el país, el 90% de los hogares argentinos dependen ahora de la administración pública. Volvió una epopeya: el sueño del Estado omnipresente.

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