El silencio no es salud: desde noviembre, el Estado tiene que expresarse o, en su caso, le da la razón al ciudadano

El que calla otorga, dice el dicho popular. Pues ahora, como regla general, será el Estado el que tendrá que expresarse ante una petición de un ciudadano o de una sociedad que le pide algo. Caso contrario, su silencio será considerado como positivo.

El Gobierno dio un paso más para poner en marcha uno de los lineamientos que estaban en la ley Bases. Se trata de dar vuelta una regla histórica que rigió las relaciones de la administración pública y los ciudadanos. Hasta ahora, el Estado en silencio significa que no hizo lugar a la petición; desde noviembre, la interpretación de la falta de palabra oficial tendrá el sentido contrario. De ahí que se puede aplicar aquel refrán del inicio de la nota: “El que calla otorga”.

El principio general de este gran cambio en el procedimiento administrativo lo dio la Ley Bases. Pero hoy se publicó una norma mediante la que se establece que es necesario que las dependencias públicas utilicen el sistema de Trámites a Distancia (TAD) para empezar a entregar fehaciente fecha de inicio. Es decir, transcurrido el plazo, que se puede probar por esa plataforma, el silencio será sinónimo de aprobación.

La decisión administrativa entrega algunos lineamientos a cumplir: “A partir del 1º de noviembre, las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados, deberán implementar el silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa”. Por su parte, los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, donde se localizan gran parte de los trámites que realiza el ciudadano, tendrán un mes más de tiempo para iniciar el proceso, hasta el 1° de diciembre.

Ahora bien, ¿qué procesos serán los alcanzados por esta nueva manera de interpretar el silencio público? “Las unidades deberán listar los trámites que serán alcanzados [por la norma]”, contestaron en el Ministerio de Desregulación y Transformación, que conduce Federico Sturzenegger.

El significado del silencio del Estado es un desarrollo que lleva más de un siglo. Sucede que cuando el ciudadano, o la persona jurídica, recurre a un mostrador de la administración pública, no siempre hay respuesta. Entonces, las organizaciones modernas entendieron que es necesario que esa quietud tenga un significado, dado que, si no hay un acto mediante el que se exprese, es imposible recurrir esa decisión. Sin manifestación, nada que apelar.

Así las cosas, las legislaciones contemporáneas entregaron una herramienta: transcurrido un determinado plazo, que por regla general es de 60 días, se debe interpretar que la decisión fue negativa. Es decir, pasados esos dos meses, se puede golpear la puerta en la Justicia y esgrimir argumentos para revertir la medida. Es una presunción que en términos legales se llama negativa ficta.

Ahora, los reformistas del Estado que encabeza Sturzenegger decidieron que la regla sea exactamente la contraria: si nada pasa, la razón la tiene el solicitante.

En realidad, la vieja norma establecía una opción que podía ejercer el ciudadano cuando transcurría el plazo. En principio, podía seguir con la espera o, en su caso, interpretar por la negativa y recurrir a la Justicia, revisora de la decisión administrativa. Esa ficción jurídica ahora significará todo lo contrario.

Claro que hay varios lugares donde no aplicará. Por caso, las cuestiones ambientales. Es decir, si alguien tiene que presentar un estudio de impacto ambiental, no se interpretará aprobado sólo por el paso del tiempo. Tampoco con los servicios públicos. Por ejemplo, si una concesionaria pide aumento de tarifas no se considerará que se puede avanzar sólo por que hayan transcurrido los 60 días previstos. Tampoco es aplicable a los casos de ocupación o uso de bienes de dominio público, salvo que hubiese una norma que establezca que se invierta esta presunción.

Según fuentes oficiales, en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado han listado entre 5000 y 6000 tipos de trámites que están habilitados para realizarse en las diferentes ventanillas nacionales. Semejante peso descansaba en que no había apuro para contestar ya que, en su caso, lo que le queda al administrado es esperar o empezar un peregrinaje judicial. En dos meses, el silencio significará otra cosa. Se pasará de aquel “¡atrás!” de la empleada pública de Antonio Gasalla a este “avance”, al menos si nadie le dice nada.

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