El Senado aprobaría hoy otro polémico impuesto tecnológico

Por iniciativa del kirchnerismo, pero con el apoyo del socialismo y el radicalismo, el Senado podría dar media sanción hoy al proyecto de "ley de copia privada", el eufemismo elegido para bautizar en la Argentina lo que en el exterior se conoce como "canon digital", un impuesto a los dispositivos digitales que permiten realizar copias, como los pendrive, discos rígidos, reproductores de MP3, celulares, DVD y CD, entre otros. El canon será recaudado por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic).

La medida es impulsada por las sociedades gestoras de derechos de discográficas, músicos, actores, autores y directores de cine, entre otros, que esperan poder recuperar por esa vía parte de lo que pierden por efectos de la piratería. Ayer, la mayor resistencia al nuevo impuesto, que podría encarecer el acceso a la tecnología, generó una fuerte repercusión en las redes sociales. El tributo se suma al que ya pagan los electrónicos que compiten con los producidos en la provincia de Tierra del Fuego.

Al cierre de esta edición se terminaban de conseguir las firmas necesarias para llevar al recinto el proyecto, cuyo autor es el oficialista Miguel Pichetto, y cofirmante, el socialista Rubén Giustiniani. Allí contaría con el apoyo del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), según adelantó ayer el presidente de esa bancada, Gerardo Morales, durante la reunión de la comisión de legislación general en la que se discutió la normativa.

En ese encuentro, los legisladores escucharon a los artistas y a empresarios del sector. Allí fueron algunas leyendas de la cultura nacional, como Leopoldo Federico, Atilio Stampone y Susana Rinaldi. Y otros artistas que suelen participar de los actos oficiales en la Casa Rosada, como Teresa Parodi y Jorge Marrale, entre otros.

No es la primera vez que se intenta aplicar en la Argentina la fórmula del canon digital. Ya en 2008, el actor y entonces diputado kirchnerista Claudio Morgado impulsó un proyecto similar. Lo mismo hizo la senadora por Formosa Adriana Bortolizzi, quien luego se arrepintió y retiró la iniciativa. En Europa, este tipo de impuestos fue aprobado en España y en Holanda.

En octubre de 2010, aproximadamente para la misma época en la que Pichetto presentó el proyecto aquí, el Tribunal de Justicia europeo "hizo lugar a una demanda contra el canon y declaró que su aplicación en España era abusiva. Este año, Holanda anuló por ley el canon digital para promover la innovación y la creatividad", explicaron en la Fundación Vía Libre, que se opone al proyecto.

Copia privada

Según Pichetto, el canon no es un nuevo impuesto ni es una medida antipiratería, sino la reglamentación del derecho de copia privada, previsto en la legislación de propiedad intelectual (la ley 11.723, de 1933). Según el texto del proyecto, estarán obligados a pagarlo "los fabricantes o importadores de soportes, aparatos o elementos aptos para la reproducción de obras musicales o audiovisuales, fonogramas e interpretaciones. Los distribuidores, mayoristas y minoristas, de los mencionados soportes, aparatos o elementos, responderán por el pago de la remuneración solidariamente con los obligados al pago que se los hubieren suministrado".

El artículo 6° del proyecto prevé que "la recaudación, administración y distribución de la remuneración establecida se hará efectiva a través de las entidades de gestión autorizadas al efecto: Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) y Directores Argentinos Cinematográficos (DAC)". Pero "la representación conjunta antes aludida será ejercida judicial y extrajudicialmente por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic)".

Conectar Igualdad

Algunas entidades que se oponen al canon digital denunciaron que no pudieron ingresar al lugar donde los senadores escucharon a los artistas. El bloguero Mariano Amartino fue uno de los que ayer relató parte de la reunión mediante Twitter. En su blog, uberbin.net , alertó: "Un detalle: ¿saben que no hay excepciones para instituciones educativas? Por lo que el programa Conectar Igualdad [de reparto de notebooks entre estudiantes] también va a tener que pagar un extra a estas organizaciones por los discos duros y memorias incluidos en las notebooks del programa".

En tanto, voceros del senador Giustiniani, explicaron que el de hoy es un primer paso que puede modificarse, dicen que más de treinta artistas (músicos, intérpretes y actores) le hicieron saber al senador su interés por el proyecto desde el año pasado. Entre las personas que se acercaron se encuentran Paz Martínez, Roberto "Tito" Cossa y Zamba Quipildor, entre otros.

Para las entidades que fogonean la resistencia a la norma, entre ellas la Fundación Vía Libre y el grupo Partido Pirata (que busca ser la versión local de la fuerza política que en algún momento obtuvo bancas en el Parlamento Europeo), el canon digital es indiscriminado porque también deberán pagarlo aquellos que den a los dispositivos un uso laboral, productivo o personal, y no para realizar copias privadas. Por ejemplo, los CD utilizados para guardar fotos familiares o documentos de trabajo. Además, según esa posición, perjudicaría a la gran mayoría de los artistas, que están entre los usuarios intensivos de los dispositivos que se están gravando.

"Este proyecto es inconstitucional. La copia privada se debe considerar como tal, mientras no se pruebe que efectivamente perjudica a un tercero", dijo a lanacion.com Beatriz Busaniche , vocera de la fundación Vía Libre, que tendrá a dos representantes en la reunión de tratamiento del proyecto. "El canon digital nada tiene que ver con la piratería, y perjudica de forma directa a los profesionales y empresas que trabajan de forma diaria con la tecnología", agregó.

LAS REDES SOCIALES SE LLENADON DE "INDIGNADOS"

De cuánto será el canon

El proyecto de ley elaborado por el senador Miguel Pichetto (Frente para la Victoria) y acompañado por su par Rubén Giustiniani (Partido Socialista) prevé distintos gravámenes sobre el precio de venta al público.

10%

Grabadoras de discos
compactos o versátiles, sean Blu-ray, discos compactos (CD) o DVD.

10%

Discos duros
integrados o no en un equipo, idóneos para la reproducción o almacenamiento de videogramas y fonogramas.

5%

Memorias USB y otras tarjetas de memoria
no integradas en otros dispositivos (pendrives, tarjetas de memoria, etc.).

75%

Discos compactos,
versátiles o Blu-ray, regrabables o no regrabables (CDR/CDRW/DVR/DVDRW/Blu-ray).

10%

Dispositivos reproductores
de fonogramas, videogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales.

10%

Equipos decodificadores de señales de televisión , idóneos para la reproducción o el almacenamiento de videogramas y fonogramas (DVR).

1%

Teléfonos móviles
con funcionalidad de reproducción de fonogramas en formato comprimido.

A FAVOR

Sociedades de artistas

Las sociedades colectivas recaudadoras de derechos, la más reconocida de las cuales es Sadaic, impulsan esta medida como forma de recaudar parte de lo que sus representados pierden por efecto de la piratería. El principal argumento es el del financiamiento de la cultura y de la generación de nuevos artistas.

Editoras de contenidos

También las discográficas, dueñas de los derechos de reproducción sobre sus catálogos, buscan generar una nueva fuente de ingresos que permita suplir la fuerte caída de ingresos por las copias ilegales y la circulación de música en Internet.

EN CONTRA

Los usuarios de Internet

Quienes se oponen al proyecto, principalmente usuarios de Internet –sobre todo los jóvenes– sostienen que afectará la libre circulación de la cultura y el acceso al conocimiento en la era digital.

Entidades de la sociedad digital

Fundaciones como Vía Libre o grupos como No al Canon o el Partido Pirata (versión local de la agrupación política que logró escaños en el Parlamento Europeo) sostienen que es una injerencia en la vida privada de las personas, que afectará a la mayoría de los artistas (usuarios intensivos de los dispositivos gravados) y que deberán pagar incluso quienes no hagan "copias privadas" de música o películas.

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