El regalo masivo de televisores, un nuevo caso bajo sospecha en México

CIUDAD DE MÉXICO—México, que ha sido tradicionalmente considerado como un bastión del libre mercado en Latinoamérica, recientemente realizó uno de los mayores obsequios estatales en la región: un programa de US$1.300 millones que entregó cerca de 10,5 millones de televisores de pantalla plana a los pobres del país.

El gobierno promocionó el programa, dirigido a madres de bajos recursos, la tercera edad y otros beneficiarios de la ayuda estatal, como un modelo de inclusión social y la mejor forma de mover al país de las señales análogas a la era digital. El número de televisores repartidos equivalió al doble de los aparatos que los mexicanos suelen comprar en un año.

No obstante, fuentes con conocimiento de la compra masiva de televisores digitales de 24 pulgadas en 2014 y 2015 dicen que el proceso estuvo inundado de corrupción en sus etapas finales, haciendo eco de una serie de acusaciones de actividades ilícitas y conflictos de interés que han sacudido al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en los últimos dos años.

Algunos contratos para la compra de cientos de miles de televisores fueron adjudicados en subastas con un solo postor y un alto funcionario mexicano pidió sobornos durante el proceso, según fuentes al tanto.

“Fue un fraude, toda una cadena de corrupción”, dijo una fuente con conocimiento directo del proceso.

Altos funcionarios del gobierno dicen que la adquisición de los televisores fue transparente y legal. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que llevó a cabo las compras de los televisores, indicó que ninguna firma había apelado formalmente a los resultados de las subastas.

Los contratos de cerca de dos tercios de los televisores fueron a un mayorista local de electrónicos, Comercializadora Milenio S.A., en sociedad con su empresa hermana, el fabricante de televisores Diamond Electronics S.A.

El gobierno federal le otorgó a Diamond exenciones a los aranceles de importación de algunos de los componentes de sus televisores. Diamond también obtuvo financiación de un banco estatal para cubrir las necesidades de capital ligadas al pedido masivo.

“Desde nuestro lado no advertimos irregularidades en el proceso”, dijo Diamond. La compañía dijo que las ventas se llevaron a cabo según las leyes del país y “todas las entregas se hicieron a tiempo y de acuerdo con los contratos”.

En respuesta a una solicitud de comentarios, la secretaría suministró cartas de Diamond y otras cuatro firmas que declaran que el proceso de subasta fue transparente y cumplió con la ley.

La entrega gratuita de televisores evoca la clase de gasto que hizo célebre el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante su estadía ininterrumpida en el poder, entre 1929 y 2000. Durante la gestión de Peña Nieto, cuya victoria en 2012 devolvió al partido a la presidencia, la deuda del gobierno se ha elevado a cerca del 50% del Producto Interno Bruto, frente a 38% al inicio de su mandato.

Tanto Standard & Poor’s como Moody’s revisaron recientemente sus perspectivas de la deuda del país a negativa, aludiendo al aumento de la deuda. Standard & Poor’s agregó que la debilidad del estado de derecho y las percepciones de corrupción también estaban limitando la inversión.

La entrega de televisores fue implementada a medida que la popularidad de Peña Nieto fue golpeada por las acusaciones de conflictos de interés ligadas a una mansión de US$4 millones comprada por la primera dama Angélica Rivera a un importante contratista del gobierno del Estado de México, un bastión del PRI. El año pasado, el contralor federal de México, nombrado por Peña Nieto, dijo que no había evidencia de irregularidades en la transacción. Rivera vendió la casa al contratista en un intento por calmar la indignación del público por los posibles conflictos de interés.

En la mayoría del país, los televisores tenían impreso el eslogan del gobierno de Peña Nieto “Mover a México”.

Los críticos del programa dicen que el gobierno descartó alternativas menos costosas, diseñadas por el gobierno de Felipe Calderón para trasladar al país a la TV digital.

“México se convirtió en el único país del mundo en distribuir televisores gratis para su migración digital; ni siquiera el gobierno venezolano ha hecho algo similar”, dijo Gustavo Rivera, director ejecutivo de Opciona, un grupo que aboga por la lucha contra la corrupción en México. “Fue un plan excesivamente caro y lleno de fallas que muestra o negligencia o corrupción”.

México es un titán global en la industria de televisores, ensamblando más aparatos para exportar que cualquier otro país. Pero ninguno de los líderes mundiales de la industria con operaciones en México tuvo un rol importante en esta iniciativa.

En las primeras etapas de la compra de televisores, el gobierno descalificó a Samsung Electronics Co., el mayor fabricante de televisores en México, debido a que sus modelos no cumplían con las especificaciones técnicas, según los resultados públicos del proceso de subasta. Una filial de la taiwanesa Foxconn Technology Group quedó en un distante segundo puesto en las compras, entregando cerca de 1,5 millones de televisores durante las primeras tres rondas.

Diamond suministró cerca de 63% de los televisores, casi 6,5 millones de aparatos, por cerca de US$900 millones. Fue la única firma a la que se le otorgaron contratos en todas las grandes rondas organizadas por la Secretaría de Comunicaciones.

El organismo es encabezado por Gerardo Ruiz Esparza, un asesor cercano de Peña Nieto. Tanto Ruiz Esparza como Rodrigo Ramírez, el jefe de finanzas del ministerio, ocuparon altos cargos durante la gestión de Peña Nieto como gobernador del Estado de México y durante su campaña presidencial. La mayor cantidad de televisores gratuitos fue a los residentes de este estado, el más poblado de México.

En un caso, Diamond obtuvo un contrato sin otros postores para la compra de 460.000 televisores a finales de noviembre, apenas semanas antes de que se cumpliera el plazo del 31 de diciembre para que se completara el cambio a la TV digital, según documentos gubernamentales a los que tuvo acceso The Wall Street Journal.

Ramírez dijo que los contratos con un postor fueron otorgados después que se agregaran más de un millón de beneficiarios a la lista de entrega semanas antes de la fecha límite. No había tiempo de lanzar un proceso de subasta y no cumplir ese plazo habría violado la Constitución, agregó.

Los mayoristas locales como Diamond fueron capaces de distribuir rápidamente los televisores por todo el país, indicó Ramírez, asegurando que este fue un criterio para asignar los contratos.

Sin embargo, una persona con conocimiento directo de las subastas dice que hubo otra razón por la cual las firmas internacionales no obtuvieron contratos: se rehusaron a pagar sobornos. Esta fuente dijo que los sobornos solicitados estaban entre los US$12 y US$18 por unidad, en momentos en que los proveedores de televisores están sufriendo por la brusca depreciación del peso mexicano.

Ramírez rechazó la acusación. “Lo niego categóricamente ¿por qué? Porque estas son compañías serias. No firmas globales, pero casi. Tienen negocios en Asia, en Estados Unidos”, enfatizó. “Cuestionar estos procedimientos es cuestionar a las empresas involucradas”.

Después de conseguir el contrato con la secretaría, Diamond buscó cientos de millones de dólares en financiación a corto plazo con bancos del sector privado, los que se rehusaron, según un banquero al tanto. “El problema es que la firma no tenía un historial”, dijo. Diamond manifestó que necesitaba financiación inmediata para cumplir con los requisitos de fabricación, distribución y entrega en un plazo corto.

El banco de desarrollo de comercio exterior de México, Bancomext, suministró los fondos, que la empresa pagó. Un portavoz de Bancomext dijo que las regulaciones de secreto bancario les prohíben ofrecer más detalles.

—David Luhnow y Héctor Hernández contribuyeron a este artículo.

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