El programa económico del Gobierno naufragó

El programa económico naufragó. El eventual incumplimiento de las metas no es el único problema, ni siquiera el más relevante. El punto clave es que el Gobierno abandonó los núcleos centrales de la estrategia de política económica que, mal o bien, se trazaron en los memorándums de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional.

El programa tenía tres objetivos, declarados y no declarados: 1) licuar los pesos y las deudas del Banco Central; 2) moderar los desequilibrios de precios relativos, fiscal y cambiario que venía alimentando el gobierno; y 3) estabilizar mediante una apropiada dosis de licuación inflacionaria la deuda doméstica del Tesoro.

Para el logro de estos objetivos, el programa con el FMI fijó cinco pautas de política económica que requerían una delicada “sintonía fina”: 1) la emisión monetaria se aplicaría exclusivamente a fortalecer el balance del BCRA, comprando reservas y pagando los intereses de su propia deuda; 2) el ajuste fiscal (gradual) se concentraría en la reducción de los subsidios; 3) el tipo de cambio oficial se indexaría a la inflación para evitar el atraso cambiario; 4) el aumento de las tasas reales de interés por parte del BCRA “compensaría” el impacto inflacionario de la aceleración de la tasa devaluación para evitar una espiral inflación-devaluación; y 5) el Tesoro prescindiría de emitir instrumentos “indexados” para que la deuda doméstica se licuara ante futuras aceleraciones inflacionarias. Si se repasan estos cinco puntos, ninguno ha sido cumplido.

En la primera mitad del año, la política económica no corrigió ninguno de los desequilibrios que se proponía corregir. La política fiscal siguió siendo expansiva, con el gasto público creciendo 15 puntos por encima de la recaudación tributaria en el primer cuatrimestre. Los subsidios tarifarios, medidos en dólares, retornaron al nivel de 2016. Las tasas reales de interés, en lugar de subir, bajaron. El tipo de cambio real se siguió apreciando. Y el Tesoro emite únicamente deuda indexada.

Naturalmente, la inflación se aceleró en medio de una espiral inflación-devaluación. Las metas trimestrales se modificaron para postergar los waivers y la poca credibilidad que aportó el acuerdo con el FMI quedó herida de muerte.

Desde el principio, el error del presidente Fernández fue intentar revivir un modelo completamente agotado. Es cierto que, cuando comenzó su gobierno, había argumentos para soñar con repetir los “pases de magia” del manual económico del kirchnerismo. Fernández había heredado cuatro “colchones macroeconómicos” que le permitirían navegar sus cuatro años de gobierno con amplias dosis de populismo y despilfarro: equilibrio fiscal, equilibrio externo con tipo de cambio depreciado, recomposición tarifaria y ajuste monetario. La inflación era alta en 2019 pero por las “buenas razones”: se había depreciado violentamente el peso en 2018 para corregir las cuentas externas y la depreciación se acentuó en agosto de 2019, cuando el mercado anticipó el cambio de régimen económico que se avecinaba.

El control de cambios de septiembre de 2019 le permitiría al nuevo gobierno “cazar en el zoológico” y colocar abundante deuda en el mercado local a tasas reales negativas para financiar sus aventuras fiscales. La deuda en dólares sería reestructurada para liberar el horizonte financiero de compromisos molestos, una decisión que los referentes económicos del “Frente de Todos” repetían en campaña a cuanto inversor quisiera escucharlos. Eran las épocas del “too little, too late” de Martín Guzmán, cuando se teorizaba sobre una decisión política preconcebida que consistía en aplicar una suerte de “repudio” a la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri.

El ministro Guzmán prometía ser el “administrador racional” de la flamante aventura neopopulista. Era el mundo ideal para desplegar el discurso de “prender la perilla de la economía”, combinando un keynesianismo vintage con el recetario clásico del populismo kirchnerista.

Pero ocurrió la pandemia. Y el Gobierno se vio obligado a desplegar una política fiscal, monetaria y tarifaria que consumió en cuatro meses de cuarentena los cuatro colchones macroeconómicos construidos en cuatro años de gobierno. Emitió moneda por ocho puntos del producto, congeló las tarifas, elevó el gasto público violentamente y subió irresponsablemente los impuestos. A partir de allí, la economía comenzó a trastabillar y el gobierno fue “saltando de liana en liana” para evitar una crisis.

Hacia fines de 2020, la suba del dólar paralelo y la caída de reservas anticipaban un final abrupto. Pero algunos eventos dieron respiro al gobierno: el rebote post cuarentena, la suba de precios de exportación y un opaco mecanismo de intervención en el tipo de cambio paralelo alejaron por un tiempo el fantasma de una crisis cambiaria.

En 2021, el gobierno aprovechó las nuevas circunstancias para insistir con las mismas políticas. Achicó los gastos temporarios por Covid, pero profundizó la suba de gastos permanentes. En tono electoral, mantuvo congeladas las tarifas e impulsó un festival de leyes que ampliaron el gasto y los subsidios. El BCRA financió al Tesoro por otros cuatro puntos del producto. Hacia fin de año, la inflación había retornado al 51% anual y el BCRA se había vuelto a quedar sin reservas.

El ciclo volvió a repetirse y a principios de 2022 la crisis parecía inminente si el Gobierno no lograba un acuerdo con el FMI que oxigenara las reservas. Al borde del abismo, el Gobierno cerró un acuerdo con pocas certezas, pero abundantes desembolsos para las exhaustas arcas del BCRA, unos US$6200 millones. Los precios de las materias primas volvieron a subir (esta vez por la guerra) y las exportaciones treparon de US$65.000 millones en 2019 a US$90.000 millones en 2022. El boom de exportaciones financió un boom de importaciones azuzado por el retraso del dólar oficial y la brecha cambiaria e, indirectamente, alimentó la oferta de dólares en el mercado paralelo por vías non sanctas que explicaron la pax cambiaria del primer semestre. Como ocurre en todos los sistemas cambiarios múltiples, la contracara es un Banco Central que pierde reservas o acumula migajas en medio de la liquidación de la cosecha.

Las perspectivas no son buenas, pero las lecciones son importantes. La primera es que el modelo populista de represión financiera con expansionismo fiscal y monetario está completamente agotado y la economía necesita urgentemente un cambio de régimen económico. La segunda lección es que ningún programa de estabilización, cualquiera sea el gobierno, puede construirse sobre los cimientos de barro de una economía totalmente distorsionada por un sistema de incentivos que premia la especulación, el despilfarro y el contrabando.

¿Qué se entiende por “cambio de régimen económico”? Se trata de modificar radicalmente las reglas de funcionamiento de la macroeconomía para establecer un nuevo esquema de incentivos para la toma de decisiones de consumo e inversión. Implica abandonar la cultura cortoplacista, inflacionaria y rentística que concibió el kirchnerismo y reemplazarla por una visión de largo plazo, centrada en la productividad, la inversión, el empleo y las exportaciones.

Son muchas las reformas necesarias. Pero si hubiese que priorizar los objetivos imprescindibles para configurar con nitidez un cambio de modelo económico, mencionaría tres: la recuperación definitiva del equilibrio fiscal, la reducción drástica de la tasa de inflación y la eliminación urgente del “cepo cambiario”. Sin estas tres condiciones concurrentes no habrá tal cosa como un “nuevo régimen económico”, sino una administración alternativa del actual.

A esta altura debería quedar claro que “administrar racionalmente” el modelo kirchnerista es pretender domesticar un león. Tarde o temprano, el león te devora.

La dura realidad que estamos atravesando los argentinos debe servir para que la dirigencia política, empresaria, intelectual y sindical extraiga algunas lecciones que, en el futuro, constituyan la base conceptual de una gran coalición anti-populista que nos saque definitivamente de la decadencia.

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