El problema es el autoritarismo, no el islam

¿Es el Islam fundamentalmente incompatible con la democracia? Una y otra vez los eventos nos llevan a hacer esta pregunta. Y sin embargo es una pregunta que oscurece las cosas más que aclararlas.

Turquía, Egipto y Túnez son países muy diferentes, pero una cosa que comparten es gobiernos islámicos (al menos hasta hace poco en el caso de Egipto). En distinta medida, estos gobiernos han socavado sus credenciales democráticas al no proteger los derechos civiles y humanos y emplear tácticas de mano dura contra sus opositores. Pese a dar repetidas garantías, los líderes islámicos han mostrado poco interés en la democracia más allá de ganar en las urnas.

De modo que los que creen que la remoción del gobierno del presidente Mohammed Morsi fue justificada tienen un argumento a su favor. Al volverse cada vez más autoritario el dominio de la Hermandad Musulmana, pisoteó los ideales y aspiraciones de la revolución de la plaza Tahrir que derrocó al presidente Hosni Mubarak en 2011.

De todos modos, el apoyo que el golpe militar recibió de muchos liberales egipcios es difícil de medir. Juegos de palabras ingeniosos no pueden ocultar la esencia de lo que sucedió: un gobierno que llegó al poder a través de una elección justa fue derrocado por el ejército.

Algunos creen que las intervenciones militares pueden servir como una corrección del curso útil. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que el ejército egipcio estaba "restaurando la democracia". Y el ex embajador estadounidense James Jeffrey se basó en la experiencia turca y el golpe de 1980 en particular, para sostener que los militares pueden ayudar a "moderar movimientos islámicos".

La noción de que un árbitro imparcial políticamente trascendente puede intervenir para evitar el abuso de poder y revigorizar la democracia es atractiva. Pero eso es desmentido por la propia historia turca. Es cierto, los militares turcos no querían gobernar directamente, y devolvieron el poder a los gobiernos civiles luego de sus golpes. Aun así, sus intervenciones repetidas causaron gran daño al desarrollo de una cultura política democrática.

De últimas, la democracia depende de un quid pro quo implícito entre grupos contendientes, según el cual cada uno acuerda proteger los derechos del otro a cambio de reconocimiento de su autoridad para gobernar si gana una elección. Las cláusulas constitucionales por sí solas no pueden asegurar tal resultado, porque los que detentan el poder pueden violarlas fácilmente. En cambio, las normas de la conducta política correcta deben corporizarse en las instituciones perdurables del cuerpo político –sus partidos políticos, parlamentos y cortes– para evitar el abuso de poder.

Lo que da sustento a estas normas es saber que socavarlas tendrá consecuencias que son dañinas para todos. Si no protejo sus derechos mientras estoy en el poder, tendrá pocos motivos para respetar los míos cuando llegue al poder mañana.

Cuando una fuerza externa tal como la de los militares interrumpe este juego, sea directamente o porque una de las partes puede apoyarse en su intervención, las dinámicas de la conducta política cambian irrevocablemente. La pérdida de continuidad de los partidos políticos, los procedimientos parlamentarios y los procesos judiciales alientan los cálculos de corto plazo y generan prácticas no liberales. Éste es exactamente el mal de las democracias jóvenes.

Es también el problema que afecta a la democracia turca, pese a que ha tenido mayor duración. Cuando el Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP) del primer ministro Recep Tayyip Erdogan llegó al poder en 2002, no solo no tenía una cultura democrática, sino que además mucho que temer respecto de cómo podría reaccionar la vieja guardia militar secular. Por lo que actuó de acuerdo con su temor, lanzando una serie de juicios testigo contra altos oficiales militares y otros que percibían como opositores. Cuando el gobierno de Erdogan perdió eventualmente el favor de los liberales que inicialmente lo apoyaron, atacó a los medios y la libertad de expresión.

Dado este telón de fondo de represión y democracia interrumpida, el fracaso de los islámicos en Egipto y Turquía nos dice menos respecto de la compatibilidad del islam con la democracia de lo que podríamos pensar. ¿Morsi y Erdogan se comportaron como lo hicieron por sus ideologías religiosas o la mayoría de los líderes políticos que buscaran retener el poder hubiesen actuado de modo similar en su situación? En América latina, donde el islam no tiene ningún rol político, tiene abundancia de hombres fuertes populistas que habitualmente violan las libertades civiles y los derechos políticos.

Menos democracia

Nada de esto busca condonar el abuso del poder por los líderes islámicos. Pero así como las repetidas intervenciones de los militares turcos contra lo que perciben como la amenaza islámica han impedido la democracia, el derrocamiento de Morsi por los militares egipcios no ayudará a restaurarla. No puede confiarse en un ente que es autoritario y jerárquico por naturaleza para proteger y promover una transición democrática. Puede argumentarse en favor de una intervención militar cuando un país se encuentra al borde de la guerra civil, como en Turquía en 1980 (y cómo se podría sostener que estaba Egipto en julio), pero no debe confundirse la restauración del orden con la restauración de la democracia.

Si bien la batalla por la democracia debe ganarse o perderse localmente, los extranjeros tienen un rol. Los actores internacionales, tales como las organizaciones de derechos humanos, pueden hacerse útiles documentando y publicitando violaciones de los derechos y otros abusos de poder.

Los países democráticos –en particular Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea– pueden denunciar las prácticas autoritarias con voz clara y resistir la tentación de mantener buenas relaciones con gobernantes prepotentes en determinadas regiones para obtener ventajas estratégicas de corto plazo. Dada la globalización económica y las comunicaciones globales, los gobernantes autocráticos derivan casi tanta fuerza de su estatus internacional como de su control de instituciones domésticas.

Lo que no ayuda –y en realidad se vuelve en contra– es que los extranjeros vean la crisis política de las sociedades de Medio Oriente como resultado de una divisoria islámica-secular. Esta perspectiva les hace el juego a gobernantes autoritarios como Erdogan, que pueden aprovechar la islamofobia percibida de potencias extranjeras para movilizar su base política. Se deben denunciar los abusos de los derechos humanos y las violaciones de la ley por lo que son, sin vincularlos a la cultura o la religión.

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