El Presidente, el FMI y un acuerdo lleno de resignación para llegar a fines de 2023
El nuevo programa con el organismo no resuelve ninguno de los problemas estructurales del país ya que apenas intenta frenar el deterioro fiscal y monetario para llegar a las elecciones
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LA NACIONDiego Cabot
El Presidente es un malabarista de la palabra. Con un poco de tiempo es posible encontrar una frase suya completamente contraria a cada uno de los lineamientos de política pública que se esbozaron en el acuerdo. Algo así como un Alberto Fernandez para la cartera de la dama y otro para el bolsillo del caballero. No se sabe cuál y cómo será, finalmente, el que emerja para manejar los hilos de la economía después de la firma con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de este nuevo programa. Lo que sí se puede anticipar es que podría defender desde la verba medidas que hasta hace poco tiempo vilipendió.
Es imposible detenerse en los términos económicos del documento sin mensurar el marco político y temporal en el que se da. Pero, así y todo, es necesario hacerlo. En principio, es una hoja de ruta para mitigar daños hasta el cambio de gobierno. De ahí la cuestión de los tiempos. No se prevé una sola reforma estructural que la Argentina necesita como agua. No es un buen augurio que no se avance con cambios en sistemas oxidados como el laboral o el previsional. O que se siga de “puntín” y para adelante con el régimen impositivo.
No es una buena noticia que todo se mantenga igual y más allá de los festejos en los palcos sindicales del Congreso. No es bien recibida la bandera que blandió el Presidente su discurso anual ante la Asamblea Legislativa cuando dijo que no habrá reformas. La Argentina le tiene demasiado temor a cambios que los tiempos requieren. La política del “vamos viendo” es una pesada carga para un país que no logra entusiasmar a la inversión. Los jóvenes no entienden la paralización de la política frente a los desafíos del mundo; miran su pasaporte.
El acuerdo se basa sobre algunas premisas. En materia de números, reducir el gasto público. Ese es el eje. El país gasta más de lo que recauda; tan simple como eso. Podría el lector pensar qué pasaría en sus cuentas si en la última década gastó más allá de los ingresos. Primero se endeudó con el banco, luego con algún amigo, después con un familiar y seguramente, si jamás pagó en término o directamente no canceló sus cuotas, ahora esté en manos de un acreedor con los dientes apretados.
Ese es el epicentro del asunto. Seguramente entre Washington y el Ministerio de Hacienda cruzaron borradores para ver qué gasto se puede reducir. Y ahí surge, como el Aconcagua en medio de la llanura pampeana, las partidas que se destinan a los subsidios. Dentro de este magma, los energéticos no han parado de crecer.
Las erogaciones para mantener el precios de la electricidad y el gas se llevaron en 2021 un 2,4% del PBI (US$10.910 millones), algo así 53% por encima de lo presupuestado.
Pero es necesario hacer un poco de memoria. En 2014, en pleno apogeo del populismo energético, el gobernó de Cristina Kirchner destinó 3,4% del PBI (US$19.000 millones). Mauricio Macri dejó la Casa Rosada con ese número en US$6000 millones (1,4% del PBI). Fernández, en dos años, prácticamente lo duplicó.
Adivinó el lector: el Fondo que conduce Kristalina Georgieva pidió que esa progresión se interrumpa. Entonces, el Presidente encaró una suba de tarifas que se quedará cortísima y que difícilmente logre el objetivo de frenar el drenaje de dólares. Más aún si se toma en cuenta que en estos días el Gobierno tendrá que comprar Gas Natural Comprimido (GNL) para ingresar a la red. En 2018, según datos del Instituto General Mosconi, el precio promedio del BTU, unidad que se usa en este combustible, fue de US$7,72 y en 2019, US$ 5,92. En 2020, en medio de la pandemia, bajó a US$2,96 y el año pasado terminó en 8,33 en su promedio anual. Ese mismo bien, con un contrato de entrega en abril, tiene hoy un costo de 61,40 dólares. No es un error de tipeo; es la guerra que Rusia desató cuando invadió Ucrania. Nadie puede decir qué pasará en el invierno con aquella tragedia, pero los precios de los combustibles estarán muy por encima de aquellos valores de 2021. Otra vez, se necesitará de los precios extraordinarios del agro para tratar de empardar la cuenta.
Los cuadros tarifarios que se mandarán a audiencia pública en abril para ser aplicados en junio, serán una tenue llovizna para apagar un fuego voraz. Eso, si pasan las audiencias, si la política, especialmente la propia, acompaña la iniciativa del Presidente y si no aparecen las decenas de ONG que bombardearon con amparos aquellos aumentos que marcaron la vida política de Macri y de su ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Ahora bien. En el supuesto que Fernández ordene su tropa, la suba llegará siete meses antes de que empiece un año electoral en el que se juega la presidencia. En ningún gobierno kirchnerista se aumentaron las tarifas en un año impar. ¿Podrá ser la excepción 2023? Dependerá de qué Jefe del Estado emerja. Todo indica que, si surge ese que se orienta a la cartera de la dama, o mejor, de la vicepresidenta, ya no se cumplirá con este requisito.
Sin reformas, como se dijo, solo queda por ir por los ingresos y los gastos. Habrá aumento no sólo de tarifas sino de tasas. El revalúo inmobiliario y la necesaria unificación de los procesos para valuar los bienes, apunta siempre al mismo universo: el contribuyente tapado de impuestos que tiene sus cosas en blanco.
Existe un dejo de resignación del staff del FMI que se decanta en los términos del acuerdo. El Presidente, la oposición, los funcionarios del organismo y gran parte de la sociedad saben que esta firma no resuelve uno sólo de los problemas del país. Hay objetivos módicos. “Es posible que se cumpla, pero, no va a generar entusiasmo entre los inversores. Hace un control de daños, para que la situación no se deteriore. La tarea difícil tendrá que hacerla el próximo gobierno”, dijo Miguel Kiguel. Algo similar aportó Hernán Lacunza: “Es un puente de plata para llegar a fin de 2023. Es verdad que modera el ritmo de deterioro fiscal y monetario, pero no corrige nada”.
Por ese “puente de plata” caminan los argentinos, conducidos por un presidente que podría pedir, sin sonrojarse, regresar sobre los mismos pasos en medio del cruce. Esos virajes son sólo posibles si no está claro el rumbo; de lo contrario, la mayoría decidiría seguir hacia el destino. Para el Fondo un año y medio es nada; para otros es demasiado, más aún cuando la espera lleva décadas.
Por Diego Cabot
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