El plan económico marcará la agenda de la primera semana de gobierno
Con la intención de resguardar el efecto sorpresa, el Gobierno mantiene la incertidumbre sobre las medidas que tomará el Presidente en las próximas horas. En el entorno de Alberto Fernández ponían en duda, incluso, los anuncios del ministro de Economía, Martín Guzmán, originalmente previstos para hoy. No hay lugar ni horario confirmados.
Tampoco hay certezas sobre los siguientes pasos en tono de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), anunciada durante la Asamblea Legislativa. En los despachos de la planta baja, destinados al equipo de prensa y comunicación, deslizaban anoche el nombre de Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos, como posible interventor en el organismo, o, al menos, como supervisor de esa tarea.
El Presidente tiene confirmado, eso sí, un almuerzo con la delegación de los Estados Unidos. La reunión estará marcada por el enojo del enviado de Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, quien ayer abandonó la Argentina de forma abrupta, molesto por la presencia de diplomáticos del gobierno de Nicolás Maduro y del expresidente de Ecuador Rafael Correa. En el entorno de Fernández dijeron anoche que el encuentro seguía en pie.
Entre las medidas de la primera semana se cuenta la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ultimaba detalles para la convocatoria, que podría ser el viernes o el lunes. El Presidente pretende que esa iniciativa marque a fuego el primer tramo de su gestión.
Fernández asistirá al almuerzo con la delegación de Estados Unidos después de participar en La Plata del acto de asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto con la vicepresidenta Cristina Kirchner. A la tarde tiene previsto viajar a Santa Fe para acompañar el juramento de otro gobernador, Omar Perotti. La noche de ayer la reservó para una cena en la residencia de Olivos, la primera como presidente, para familiares y amigos. A cargo de la organización quedaron Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia, y el nuevo intendente de la residencia, Daniel Rodríguez, que en la campaña fue chofer y custodio de Fernández.
A la espera de la confirmación de parte del equipo de comunicación de la Presidencia, Guzmán preparaba sus anuncios, de los que ayer no se conocían detalles. El ministro de Economía tiene en carpeta una reforma de la fórmula de actualización de jubilaciones y el envío al Congreso de un proyecto de declaración de emergencia económica.
Esa iniciativa, que permitirá agilizar la toma de medidas administrativas sin pasar por el Congreso, formará parte de la convocatoria a sesiones extraordinarias que hará Fernández en las próximas horas. El temario incluirá también la declaración de la emergencia sanitaria, una de las medidas que anunció el Presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Ginés González García, ministro de Salud, prepara también un nuevo protocolo de aborto no punible, en línea con el que publicó el exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein.
Otros dos proyectos con un lugar asegurado en las sesiones extraordinarias del Congreso son la reforma de la ley de ministerios, para formalizar las nuevas carteras, y la creación del Consejo de Seguridad, el órgano multipartidario al que apuesta Fernández para abordar el combate del delito. Esa dependencia quedará a cargo de la ministra del área, Sabina Frederic.
Otra tanda de propuestas
El resto de los proyectos están en duda o quedarán para el próximo período legislativo, que arranca en marzo. En esa lista se incluyen la creación del Consejo Económico y Social, y la "reforma integral" del sistema federal de Justicia, que anunció Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
Para la presidencia del órgano que el Presidente ideó para diseñar y consensuar políticas de desarrollo de largo plazo sigue sonando el nombre de Roberto Lavagna. Fernández insiste en que el exministro de Economía es el candidato ideal para ocupar ese cargo, cuya designación deberá atravesar un filtro legislativo.
La reforma del sistema de Justicia quedó a cargo de la ministra del área, Marcela Losardo. "Estamos trabajando. Queremos hacer un cambio a largo plazo", dijeron en el entorno de la funcionaria. El proyecto estaría listo en los primeros meses de 2020. "En esto y en el tema de la AFI, lo más importante en lo inmediato es el mensaje que se envió a todos los actores del sistema", dijo a LA NACION un funcionario que tendrá despacho en el primer piso de la Casa Rosada. "Cuando vayan dos agentes a ver a un juez, como pasó con Carzoglio [Luis], el juez tiene que saber que no van de parte del Presidente", agregó.
Entre las medidas urgentes que se analizan se cuenta también un aumento de emergencia para jubilados, pensionados y trabajadores bajo convenio. Para contener a los sectores más desprotegidos, el Gobierno analiza dar un bono de fin de año para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sería un monto fijo por única vez, que alcanzaría también a los titulares del Salario Social Complementario y el plan Hacemos Futuro.
En simultáneo, el ministro Arroyo diseña un plan de emergencia para garantizar la provisión de alimentos en comedores populares. Otra de las medidas que anunció Fernández ante la Asamblea Legislativa, el otorgamiento de créditos no bancarios para desendeudar a familias y titulares de programas sociales, podría empezar a implementarse solo en unos dos meses.
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