2021. Habrá un estímulo millonario a las petroleras por temor a que falte gas

Con las tarifas de servicios públicos congeladas desde hace un año y medio, y ante las proyecciones de que faltaría gas para el invierno próximo, el Gobierno diseñó un plan de cuatro años que les permitiría a las productoras acceder a un precio (en dólares) que las incentive a desembolsar nuevas inversiones para aumentar la producción. A su vez, el Poder Ejecutivo decidirá qué porcentaje de ese valor se traslada a las tarifas y cuánto se financiará a través de subsidios. Según algunas proyecciones, el dinero que destinaría el Estado a este programa solo en el primer año sería de al menos US$1000 millones, teniendo en cuenta además lo que se ahorraría por reemplazar importaciones de combustibles líquidos por producción local.

La estimación surge de asumir que el precio promedio que saldría de las subastas entre productoras y distribuidoras de gas es de US$3,83 por millón de BTU –medida inglesa que se utiliza en el sector, que equivale a 27,08 metros cúbicos– (en el Gobierno creen que podría ser de entre US$3,50 y US$3,60), y que de ese total se trasladarían a tarifas US$2,50 (aproximadamente lo que se paga hoy). Esto implicaría dar subsidios por US$1256 millones, teniendo en cuenta los 365 días del año y que el esquema habla de una demanda de 70 millones de metros cúbicos por día (m3/d) (aunque la mitad de ese volumen iría a abastecer las usinas eléctricas a través de las compras de Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de electricidad, que también se nutre de subsidios, ya que las tarifas de luz también están congeladas).

A estos costos se deben sumar las transferencias que el Estado hace por el programa de estímulos de la resolución 46 (en 2021 correspondería pagar US$6 el millón de BTU a una oferta de 20 millones m3/d), que implicarían erogaciones por US$994 millones, si se mantiene el supuesto de que los usuarios residenciales pagarán US$2,5 en las tarifas. Sin embargo, se estima que por los menos el 50% de ese volumen entraría en el nuevo esquema, por lo que habría un empalme.

Asimismo, el Estado se ahorraría en el invierno las importaciones (y la salida de divisas) de 15 millones de m3/d a un precio estimado de US$10 el millón de BTU, que significan un gasto adicional de US$129 millones por mes.

La necesidad de lanzar un nuevo programa que estimule la producción de gas –el quinto en los últimos ocho años– tiene varias explicaciones, pero la principal es el congelamiento de tarifas, que comenzó en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri y continuó en la actual administración de Alberto Fernández. Esto generó que cayera el precio que reciben las petroleras –YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall, GCG y Tecpetrol, entre otras– por el gas vendido de US$4,51 a US$2,52 el millón de BTU.

La baja en el precio, la falta de previsibilidad y el precipitado anuncio de noviembre pasado de que habría una ley de promoción a la producción de hidrocarburos (la cual todavía no se lanzó) frenaron cualquier intento de nuevas inversiones, lo que precipitó una caída brusca en la oferta de gas. Este año, la necesidad de haber tenido que importar más combustible líquido para reemplazar los casi 15 millones de m3/d de oferta faltante no impactó en un aumento sideral de los subsidios, puesto que por el efecto de la pandemia se derrumbaron los precios internacionales de la energía. Las proyecciones dan cuenta de que los subsidios al sector rondarían en 2,4% del PBI este año, por arriba del 1,4% que representaron en 2019.

Pero para no depender de los precios internacionales el Gobierno busca asegurar el precio local con este programa, que, a su vez, le daría la previsibilidad de largo plazo que piden las empresas. El programa fue diseñado por Esteban Kiper y Nicolás García Kraemer, gerente general y gerente de Combustibles, respectivamente, de Cammesa.

Para el viernes pasado estaba prevista una reunión entre productoras, distribuidoras, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y representantes de las provincias petroleras para cerrar el esquema de gas, pero el encuentro se pospuso para el viernes próximo a pedido de las empresas, que querían más tiempo para estudiar el proyecto.

Las dudas de las petroleras se basan principalmente en la garantía de pago del Estado. El Gobierno anticipó que creará un fondo fiduciario de US$500 millones, como se hizo con los proyectos de energía renovable (el Foder), aunque ese fideicomiso está respaldado por el Banco Mundial.

En contra de la iniciativa del Gobierno juega la deuda que todavía arrastra el Estado por la diferencia que se generó en el precio del gas durante la devaluación de 2018. El gobierno anterior arregló que la diferencia de $24.500 millones se pagaría en 30 cuotas, de las cuales solo abonó una. Antes de lanzar este nuevo plan, Desarrollo Productivo aprobó girar seis cuotas que estaban atrasadas, pero la operación se frenó cuando el Enargas denunció penalmente los contratos firmados por la gestión anterior.

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que agrupa a todas las petroleras, ya le envió tres cartas al ministro Matías Kulfas reclamando esta deuda. "Un eventual e hipotético desconocimiento de las obligaciones asumidas por parte del Estado nacional provocará graves consecuencias, como ser, caídas en la producción de gas natural, en las inversiones y en el nivel de actividad del sector, con efectos asociados en el empleo y en la recaudación tributaria nacional y provincial, así como un alto grado de litigiosidad", dice la misiva con fecha 6 de agosto.

Los números finales de la inversión en este programa deberían estar listos en las próximas semanas para que se incluyan en el proyecto de presupuesto 2021, que se enviará al Congreso el próximo 15 de septiembre. Sin embargo, una variable clave será saber qué porcentaje del precio total se trasladará a tarifas. ¿Qué incidencia tendrá el Fondo Monetario Internacional (FMI) en esa variable cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, deba negociar un nuevo programa?

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