El peso del Estado: con casi 30 medidas, creció la intervención en el sector privado

Desde su llegada al poder, el Gobierno aumentó drásticamente la injerencia del Estado en la vida de las personas y la actividad de las empresas. Un recuento de LA NACION arroja que desde diciembre de 2019 se pusieron en marcha casi 30 medidas orientadas a fomentar la intervención del sector público en la actividad privada, tanto de pequeños emprendedores y ahorristas como de grandes grupos multinacionales.

La paleta del Gobierno tiene colores de todo tipo. Van desde la profundización del cepo cambiario heredado de Mauricio Macri hasta la obligación de reestructurar el 60% de deudas en dólares para las empresas que tuviesen que pagar cuentas en el exterior. Así, el Banco Central las condujo a una especie de default inducido, que muchas pudieron esquivar a costa de manchar su historia de cumplimientos.

Otro capítulo es el aumento de impuestos. En poco más de un año y medio al frente de la Casa Rosada, Alberto Fernández subió o creó más de 14 gravámenes, y también les soltó las manos a los gobernadores para subir los tributos provinciales, lo que estaba vedado en la gestión anterior.

Una parte de los impuestos se destinaron a atender las necesidades de la pandemia a través de herramientas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE, destinado a las personas de bajos recursos) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP, que apunta a las empresas).

Otro tanto, sin embargo, se dirigió a socorrer las necesidades de un Estado más pesado. Un ejemplo menos evidente es el incremento del empleo público en la administración nacional, según un relevamiento de la Fundación País Abierto y Digital (PAD), que dirige el exministro de Modernización Andrés Ibarra.

El otro está en la base de las disputas internas del Frente de Todos: el aumento de los subsidios a los servicios públicos, un esfuerzo que hace el Estado pero que, con su intervención, distorsiona y desequilibra la economía, como le sucedió a Cristina Kirchner y podría volver a hacerlo ahora.

La pelea entre Martín Guzmán, Federico Basualdo y el kirchnerismo duro representado en el Instituto Patria tiene esa discusión de fondo. Mientras Guzmán quiere ajustar más las tarifas para bajar el aporte del Estado, el núcleo que rodea a Cristina Kirchner lo considera una medida impropia para un año electoral.

Más allá de las polémicas, nadie puede decir que el kirchnerismo en su vuelta al poder engañó a alguien, ya que el mapa de la nueva ruta está dibujado en la denominada ley de solidaridad social y reactivación productiva.

El retorno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner también significó el regreso de la policía de los precios bajos, el manual de Guillermo Moreno. El papel lo interpreta Paula Español, hasta ahora sin éxito según muestra la marcha de la inflación.

Las empresas alimenticias están entre las más observadas por el Gobierno. Daniel Funes de Rioja preside la Copal, la organización que las reúne. Habla en nombre de firmas como AGD, Arcor, Quickfood y Quilmes, entre muchas otras. Sostiene que están de acuerdo con el programa Precios Cuidados, pero rechazan profundamente Precios Máximos.

“Desde julio del año pasado insistimos en que hay una bifurcación de costos y precios. Defendemos el rol del sector privado. Medidas de esa naturaleza a la larga desalientan la inversión, el crecimiento y el desarrollo de trabajadores y de sus familias”, dice Daniel Funes de Rioja, de Copal

“Desde julio del año pasado insistimos en que hay una bifurcación de costos y precios. Defendemos el rol del sector privado. Medidas de esa naturaleza a la larga desalientan la inversión, el crecimiento y el desarrollo de trabajadores y de sus familias”, asegura.

“En este contexto de pandemia, es natural que haya más intervención de los Estados, porque estamos ante una emergencia sanitaria planetaria que afecta a la economía. El discurso de Joe Biden esta semana fue una muestra de eso. En ese marco, hay que discutir cada política específica sin perder de vista el objetivo de mediano plazo, que desde mi punto de vista es que se articulen sector público y sector privado para hacer una economía dinámica y que pueda crecer”, sostiene Carolina Castro, la primera mujer en integrar la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) y referente del negocio autopartista. “En ese sentido, yo veo políticas contradictorias: algunas van en esa dirección, como los incentivos a inversiones sectoriales, y otras no, como la ley de teletrabajo y el impuesto a las ganancias para empresas”, completa.

Las compañías más chicas también hacen sus críticas. “Estamos en el borde del precipicio y el Estado solo nos transmite incertidumbre [con respecto al manejo de la pandemia]. En épocas de crisis como esta, los gobiernos tienen que acompañar a los sectores más complicados, y no lo están haciendo. Estoy convencido de que si esto sigue así, y mientras se sigan achicando las oportunidades para los que buscan invertir en nuestro país, va a continuar el éxodo de empresarios argentinos hacia países con reglas más claras”, reclama Marcelo Boer, dueño de los restaurantes La Mar, Tanta y Mudrá.

El CEO de la empresa de seguridad Siseg, Matías Pérez Manghi, sostiene: “Estoy convencido de que el avance fuerte del Estado en el sector privado puede ser peligroso. Un gobierno debe generar reglas claras para que el sector privado pueda competir con libertad, pero sin intervenir constantemente. Es la única manera de generar desarrollo real y no una dependencia estatal que, ya sabemos, nunca funciona”.

Pablo Lorenzo, fundador de Green Eat, sostiene: “Necesitamos más empleo privado y menos empleo público. Tenemos capacidad de emprender y darnos la oportunidad de ser el país con el empuje privado que podemos tener”.

A continuación, las principales medidas con las que el Estado aumentó su peso en la actividad privada:

Impuesto PAIS

La ley 27.541, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2019, creó el impuesto PAIS. Implica un pago adicional del 30% sobre la compra de moneda extranjera para atesoramiento, consumos con tarjetas de crédito en moneda extranjera, adquisición de servicios en el exterior mediante agencias de turismo y adquisición de transporte con destino al exterior. También pesa sobre servicios digitales, como Netflix, Spotify, Apple Music, Google Play, entre otros.

Bienes Personales

También en la ley 27.541 se implementó un aumento en las alícuotas del impuesto a los bienes personales.

Costos laborales

La misma ley derogó la obligación que tenía el Estado de actualizar por inflación el mínimo no imponible para contribuciones patronales, de manera que el sector privado terminó aportando más por cada empleado.

Impuesto a las ganancias para sociedades

Otra baja de la carga impositiva dejada de lado por la ley de solidaridad fue la de la aplicación del impuesto a las ganancias para sociedades. El texto postergó la aplicación de la tasa del 25% para empresas prevista para 2020. Un nuevo proyecto de ley presentado recientemente por el oficialismo busca incluso aumentarlo. Esa idea recibió críticas de la UIA, AEA y la Cámara Argentina de Comercio (CAC). El oficialismo también aprobó una ley para reducir Ganancias para empleados.

Ajuste por inflación del impuesto a las ganancias

La ley 27.541 modificó la norma 27.430 y quitó un beneficio de la gestión anterior para empresas. Ahora, el impacto de la inflación en los resultados sujetos a impuestos se licúa a lo largo del tiempo, lo que en los hechos es un costo financiero para las empresas en favor del fisco.

Impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias

La ley 27.541 incrementó el impuesto a los débitos al doble cuando se realizan extracciones en efectivo por operaciones alcanzadas por el gravamen, con salvedades.

Derechos de exportación

Mediante el decreto 39/2019, la ley 27.541 y diversas resoluciones se modificaron las retenciones a las exportaciones. En el caso de la soja, llegaron al 33%.

Impuestos internos

El presupuesto 2021 retoca varios tributos. Entre ellos están los impuestos internos sobre productos tecnológicos. Se dio marcha atrás con varias rebajas de la gestión anterior.

Fondo de Incentivo Docente

La ley de presupuesto 2021 restablece la vigencia por un año del Fondo de Incentivo Docente, que fue tan resistido en el gobierno de Fernando de la Rúa y terminó derogándose. Se paga por autos, motos, embarcaciones y aeronaves.

Contribución sobre las primas de seguros para automóviles

La ley de presupuesto 2021 también crea una contribución obligatoria de 0,5% sobre las primas de seguro automotor correspondientes a las pólizas contratadas con entidades de seguros sobre todos los vehículos afectados a servicios de transporte de pasajeros.

El artículo 102 de la ley de presupuesto crea el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.

Estará compuesto por una contribución obligatoria del 3 por mil de las primas de seguros (excepto las del ramo vida), a cargo de las aseguradoras.

Impuesto a la riqueza

Es uno de los más polémicos. Deben pagarlo quienes tengan un patrimonio por encima de los $200 millones.

Impuestos locales

Se eliminó el consenso fiscal implementado por la gestión anterior en 2017. De manera que los gobernadores ya no tienen límites para crear gravámenes.

Control de precios

Es una piedra angular de la política antiinflacionaria del Gobierno, que hasta ahora no tuvo buenos resultados. Paula Español está a cargo de los programas Precios Cuidados y Precios Máximos, el más resistido. Ya se manifestaron en contra AEA y AmCham, que reúne a algunas de las empresas más importantes del país. Considera que atenta directamente contra la inversión y la producción.

Ley de abastecimiento

Paula Español tomó diversas decisiones con base en la polémica ley peronista. Entre ellas se cuentan imputaciones a empresas por el supuesto desabastecimiento de productos. También se considera que atenta contra la inversión y la producción.

Pedido de información a empresas

La Secretaría de Comercio Interior creó un régimen obligatorio y confidencial para las compañías, denominado Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre). Les pide información sobre costos a empresas, que acusan que se las carga de burocracia para brindar datos inconducentes.

Congelamiento de tarifas de servicios públicos

El viernes pasado se conoció un aumento del 9% en la electricidad para salir de un congelamiento que había instalado Macri. Es menos de lo que se necesita para no aumentar subsidios y sostener el sistema. El congelamiento de tarifas deriva en el deterioro del servicio, como ocurrió en el pasado.

Intervención en el precio de las prepagas

El año pasado se habló de estatización del sistema de salud. En la práctica, el Gobierno dio marcha atrás con subas a prepagas, las grandes financiadoras del sistema. La falta de fondos genera un problema, con especialistas que deciden dejar de prestar el servicio a menos que sea de manera particular.

Naftas y gasoil

El precio de los combustibles es libre en la Argentina, en los papeles. Sin embargo, el Gobierno retrasó los aumentos de YPF, que marca la pauta del mercado. Con políticas similares, la primera gestión de Cristina Kirchner ocasionó el desabastecimiento. Además, golpea el negocio de la petrolera estatal.

Registro para exportadores de carne

La Jefatura de Gabinete informó la creación de esa herramienta para monitorear las ventas al exterior. Es una alternativa más de control. Algo similar se aplicó en la administración de Cristina Kirchner.

Obligación de reestructurar deudas privadas en dólares

La falta de divisas del Banco Central condujo a una decisión inédita: a empresas con deudas en el exterior solo les permitiría acceder al 40% de las divisas para pagar. Lo hizo a través de la comunicación “A” 7106, que prorrogó por otro año.

Telecomunicaciones

El DNU 690 declaró servicios de interés público el acceso a internet, la TV paga y la telefonía. Es otra decisión polémica, porque le da al Estado amplia injerencia en el tema, incluso en la fijación de precios. Las empresas creen que desalienta la inversión y perjudica la calidad del servicio.

Más control a importaciones

El Ministerio de Desarrollo Productivo, que maneja Matías Kulfas, dispuso nuevas herramientas para autorizar el ingreso de productos importados. Las empresas sostienen que hay más restricciones. La resolución 1° de 2020 asegura el mantenimiento del denominado SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones), creado en enero de 2018 por la AFIP para la gestión y tramitación de licencias de importación, pero agregó licencias no automáticas para diversos productos.

Respiradores y oxígeno

Al principio de la pandemia, Ginés González García intervino la venta de respiradores de producción local. Eso hizo que provincias o clínicas que querían comprar debieran esperar la asignación del Ministerio de Salud. La semana pasada se impusieron restricciones a la exportación de oxígeno en el contexto de la pandemia.

Prohibición de despidos y suspensiones

Semanas atrás, el Gobierno prorrogó la prohibición de despedir trabajadores sin causa, una medida que rige desde el comienzo de la pandemia de Covid-19. La medida cosecha rechazo de las empresas, que acusan la imposibilidad en algunos casos de sostener la plantilla cuando en muchas ocasiones no pueden trabajar por las restricciones o tienen una actividad mermada.

Doble indemnización

En el caso de “acuerdos mutuos” entre empresas y trabajadores, rige desde el principio de la pandemia la doble indemnización, que hace más oneroso reducir la cantidad de personal. Este año se extendió por decreto hasta el 31 de diciembre.

Ley de alquileres

En junio de 2020 se sancionó la ley de alquileres, que aplicó mayores regulaciones para alquilar una propiedad, además de un plazo mínimo de tres años en los contratos y una fórmula que actualiza los valores según un índice que pondera la inflación (IPC) y el salario promedio del empleo registrado en el sector privado (Ripte). Las inmobiliarias sostienen que esta norma es la responsable del aumento en los precios de las locaciones.

Cierre de negocios y restricciones a la circulación

Por la pandemia, el Gobierno y las gobernaciones dispusieron restricciones. En muchos casos se obligó a frenar la actividad de ciertos sectores y al cierre anticipado de negocios. Si bien no son medidas de origen económico, tuvieron un enorme efecto en ese nivel.

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