El decreto de Alberto Fernández: el origen de la doble indemnización y qué impacto puede tener
No estaba previsto, pero salió provocando un efecto sorpresa, sobre todo entre quienes están más complicados en la escena laboral: las pymes. "Se trata de un DNU que sacaron entre gallos y medianoche", dice el abogado laboralista Julián de Diego. "Quien cierra la puerta de salida, cierra la puerta de entrada", comenta, crítico.
El decreto 34/2019 habla de convocar una mesa de trabajo integrada por trabajadores, el sector empresario y el gobierno, pero mientras tanto, establece que los despidos sin causa (la mayoría ya que los que son con causa son muy difíciles de probar) estarán sujetos a la doble indemnización por 180 días.
Cuando se reveló que el desempleo había subido a los dos dígitos (10,1% en el primer trimestre de este año), desde los sindicatos comenzaron los reclamos para proteger al empleo, aunque sin resultados. El gobierno del expresidente Maurici Macri estaba convencido de que era una política antiempleo. Hasta la misma Cristina Kirchner se opuso a una ley antidespidos y a la vuelta de la doble indemnización en 2009, que había sido pedida por la CGT porque "iba a tener efectos totalmente opuestos a los objetivos que perseguíamos... el camino al infierno esta plagado de buenas intenciones". Dijo además, en ese entonces, que "no hay que asustar al capital".
Con un desempleo que llegó a 10,6% en el segundo trimestre de esta año, seguían las señales de que la "doble" era posible, o que a través de las centrales obreras se iba a intentar impulsarla. El cambio de gobierno lo hizo posible, aunque no estaba en los planes en un primer momento.
La "doble" se había implementado después de la crisis de 2001-2002, cuando a través de la ley 25.561, de "Emergencia pública y reforma del régimen cambiario" se declaraba, en el artículo 16, la suspensión de los despidos por 180 días, al igual que el decreto de ayer de Alberto Fernández. En ese momento, al inicio del milenio, la tasa de desempleo superaba el 21%, el doble de la actual, del 10,6% y el producto bruto caía al 11%, mientras que este año cayó el 2,5% según el economista de FIEL, José Luis Bour.
Sin embargo, 17 años después, las líneas que establecen la doble indemnización son muy parecidas. El artículo 16, en 2002 decía que, por el plazo de ciento ochenta días "quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente". El decreto que se publicó en el Boletín Oficial ayer establece que "en caso de producirse despidos sin causa justa durante el término que dure la emergencia (aún no votada en el Congreso), los trabajadores y trabajadoras afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente...".
La doble indemnización duró mucho mas que 180 días, hasta el 2007, con varios meses de desempleo de un dígito. Ya en 2005 el monto había bajado a un plus del 50% adicional a la indemnización. "Estas cosas se sabe cuándo empiezan pero no cuándo terminan", dice Juan Luis Bour. "Se parece al impuesto a las ganancias de 1935".
¿Es conveniente para el empleo?
Según datos oficiales, entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019 hubo 94.897 trabajadores registrados menos. "Hay un error conceptual", continúa Bour. Coincide con otros expertos en que el aumento del desempleo se da porque hay más gente que se vuelca al mercado laboral, pero que no consigue trabajo. En parte ese aumento se da por los jóvenes que ingresan a la Población Económicamente Activa (PEA) todos los años y que son más que los que se jubilan o los que salen de la PEA. Para contenerlos, hay que crear entre 200.000 y 300.000 empleos por año.
"Esta ley se refiere a los trabajadores registrados privados formales. En recesiones la tasa de entrada de nuevos empleados formales cae. La tasa de salida se mantiene constante y eventualmente sube un poco. El aumento del desempleo se explica por la tasa de entrada, por lo que hay que evitar poner en marcha políticas que la frenen aún más. Cuando se prohiben los despidos se desincentiva a que las empresas contraten gente de manera formal", señala Bour.
Conflictos, judicialización y ausencia de indemnización
"El DNU es una una fuente de conflicto que no sirve para nada. Las pymes, que proporcionan la mayoría del empleo en a Argentina, no pueden pagar la indemnización simple... no van a pagar la doble", dice De Diego.
Con tribunales laborales colapsados, "los juicios en primera instancia duran 4 años, con un interés del 85% anual. Si una demanda milagrosamente dura un año, incluyendo intereses y honorarios el monto de la indemnización se duplica", dice el laboralista. Con la "doble", esto es aún peor.
Por otro lado, la judicialización ya es alta ya que las modificaciones que quiso hacer el gobierno anterior para establecer la base de cálculo para una indemnización, más claras, con menos zonas grises, nunca salieron de las comisiones parlamentarias.
También hay que tener en cuenta, según De Diego, que el Poder Ejecutivo "no tiene atribuciones para fijar la doble. Tiene que darse en el marco de una ley de emergencia fijada en el Congreso. Ya se envió al Parlamento y seguramente se vote a libro cerrado el miércoles".
Agrega que si la actividad económica no mejora, siempre habrá despidos. "La empresas grandes ya hicieron los ajustes antes de que asuma el nuevo gobierno, y las pymes no tienen la capacidad de indemnizar. Es difícil que esto vaya a tener un buen efecto. Es negativo para todos", cierra.
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