Juicio millonario por Maxus: expectativa por un posible acuerdo para que YPF se saque un lastre de los 90

El ministro de Economía, Sergio Massa, viajaría al final de esta semana a Estados Unidos, pero su visita no estaría enfocada en continuar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El motivo principal todavía no está cerrado. Sin embargo, la expectativa en el oficialismo sería poder avanzar en las negociaciones para encaminar la resolución del juicio que más inquieta a YPF, el considerado “la espada de Damocles” de la petrolera.

No se trata del caso por la expropiación de la mayoría accionaria de la compañía, cuya demanda inquieta más al Estado argentino, sino del juicio por daño ambiental que YPF arrastra desde hace décadas, cuando bajo la presidencia de José “Pepe” Estenssoro se decidió comprar la empresa estadounidense Maxus.

Casi 30 años después, YPF podría darle un cierre a un conflicto judicial que llegó a amenazar con costar alrededor de US$14.000 millones -muy por encima del valor de la empresa-, para compensar la contaminación ambiental que realizó la firma subsidiaria en Estados Unidos.

Los analistas que siguen de cerca a la petrolera se preguntan por qué el ingeniero civil accedió a esa operación. En 1995, YPF todavía no había sido privatizada, pero ya hacía dos años que cotizaba en la Bolsa de Nueva York.

En este entonces, Estenssoro quiso hacer de YPF una empresa internacional, en un contexto de fuerte apertura de la Argentina al mundo, y adquirió una compañía que tenía activos en América Latina y en Asia, pero con un pasado oscuro.

En las décadas de los 50 y 60, Maxus tenía una planta industrial sobre el río Passaic, en New Jersey, donde producía el químico “agente naranja”, altamente contaminante, que utilizó como arma la fuerza aérea estadounidense en la guerra de Vietnam.

Antes de que YPF adquiriera Maxus, esta empresa había vendido su planta industrial a la estadounidense Occidental Petroleum (OXY), pero le había otorgado una suerte de garantía de “inmunidad ilimitada”, sin límite de tiempo ni de monto. Esto significaba que, en caso de que en algún momento le exigieran una reparación económica por la contaminación sobre el río Passaic, Maxus se haría cargo.

Si bien la conciencia por el daño ambiental no es la misma actualmente que hace 30 años, ya en esa época se advertía sobre la carga que esa garantía podía significar en el futuro.

El río Passaic está próximo a la ciudad de Nueva York y pasa cerca del aeropuerto internacional Newark, en Nueva Jersey. “Es como nuestro Riachuelo”, grafican quienes conocen la zona. Sin embargo, pese a esta situación, YPF compró Maxus por US$762 millones.

Maxus tenía su propio directorio y gerencia, pero el control accionario dependía de YPF y de Repsol, cuando la española compró a su vez la participación mayoritaria de la firma argentina (1999-2012). Durante este tiempo, Maxus fue vendiendo sus activos y cada vez más dependía de los fondos que le diera YPF para cubrir sus obligaciones, entre ellas, el dinero que destinaba a instituciones de medio ambiente para remediar el daño ambiental causado en el pasado. A YPF le demandaba alrededor de US$60 millones por año.

En 2015, bajo la presidencia de Miguel Galuccio, YPF analizó la decisión de ponerle fin a Maxus y presentarla en quiebra. La empresa prácticamente no tenía actividad y en Estados Unidos se le pedía que aporte cada vez más fondos por la contaminación ocasionada en el río Passaic.

Al año siguiente, ya bajo la gestión de Miguel Gutiérrez, YPF presentó a Maxus en concurso preventivo de quiebra (chapter 11) y propuso crear un fideicomiso de US$200 millones para cualquier contingencia que pudiera ocurrir con los acreedores.

OXY y el resto de los proveedores no aceptaron la propuesta y la Justicia frenó la quiebra. OXY indicó que resultaba perjudicada, ya que tenía a su favor el compromiso de “inmunidad ilimitada” que había ofrecido Maxus antes de que YPF la comprara, y que la Justicia había determinado que era válido.

La compañía estadounidense, además, demandó a YPF y a Repsol bajo la teoría del “alter ego”. Es decir, acusó que las dos petroleras habían controlado a Maxus para beneficiarse a ellas mismas y perjudicar a la empresa, ya que le habían comprado algunos de los activos.

“OXY demandó a YPF y a Repsol diciendo que habían vaciado a Maxus y ahora dejaban a la empresa sin activos”, explicaron en el sector.

Las petroleras, por su parte, negaron esta demanda y dijeron que la compra de activos fue realizada a precios de mercado. Esta investigación, al momento, sigue a cargo de la Justicia.

YPF, mientras tanto, tuvo un guiño a favor: la corte estadounidense indicó que, en caso de que se declarase válida la teoría de alter ego, la petrolera con control estatal igualmente no puede hacerse responsable de todas las deudas de Maxus, sino que debe aportar por el daño que provocó. Esto derivó, por lo tanto, en que la Justicia ordenara, de manera paralela, investigar cada venta de activos que realizó Maxus para peritar si en aquellas operaciones YPF y Repsol se beneficiaron en perjuicio de la otra y por cuánta diferencia.

Al momento, todavía no se resolvió si YPF y Repsol tienen que responder por los daños de Maxus, porque se sigue investigando la teoría del alter ego. Si se comprueba que las petroleras perjudicaron a Maxus, igualmente, no tendrán que responder por todo el daño que realizó la compañía, sino por el daño que le provocaron YPF y Repsol en beneficio propio. Según los analistas, esto le podría costar a YPF alrededor de US$500 millones, mucho menos que los US$14.000 millones que se llegó a creer en un momento.

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