Energía: un informe que publicó un exfuncionario de Macri muestra el récord que generó el fuerte aumento de tarifas

Con la urgencia de reducir rápidamente el déficit fiscal y de corregir precios relativos desalineados, como el atraso en el valor de las tarifas de gas, electricidad y en el tipo de cambio oficial, el Gobierno aplicó un fuerte aumento en los servicios energéticos en el primer semestre. De esta forma, consiguió que la demanda total (los usuarios residenciales, comercios e industrias) cubra en promedio un 80% del costo del servicio de electricidad, gas y combustibles. Este nivel de cobertura, que implica una menor dependencia de los subsidios, se encuentra entre los mayores de las últimas décadas y es similar a la alcanzada entre 2018 y 2019.

Así se desprende de un detallado informe que realizó el exvicejefe de Gabinete y exsecretario de Energía, Gustavo Lopetegui, quien mantuvo un perfil bajo desde que dejó la administración pública, el 10 de diciembre de 2019, pero nunca dejó de seguir en detalle la evolución de los gastos en subsidios que el Estado le destina al sector energético. Las conclusiones del reporte tuvieron eco en el Ministerio de Economía.

El exfuncionario destaca que, pese al congelamiento de tarifas que aplicó el gobierno anterior, el nivel de cobertura del costo del sistema por parte de los usuarios fue mejor al que heredó la administración de Mauricio Macri por parte de Cristina Kirchner. En diciembre de 2015, los usuarios residenciales, comercios e industrias pagaban en promedio solo el 14% del costo de generación de electricidad, mientras que en diciembre de 2023, la cobertura era del 47%.

El gobierno de Macri, a su vez, le había dejado a Alberto Fernández un nivel de cobertura de 66%, que se diluyó durante los primeros dos años de gestión, hasta que, con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, se comenzaron a subir tarifas nuevamente (se suspendieron luego durante el último tramo de la campaña presidencial).

La relación entre los precios que pagan los argentinos por la energía y los costos de generarla dominó el debate público en las últimas décadas debido al impacto que tuvo en las cuentas del Estado. El gobierno de Cristina Kirchner perdió los famosos “superávits gemelos” que festejaba Néstor Kirchner debido a la decisión de congelar tarifas. Eso implicó un aumento fuerte del gasto en subsidios, que tuvo su correlato en las cuentas fiscales, y un desincentivo a la producción, que generó la pérdida de exportaciones y la necesidad de recurrir a importaciones de gas, afectando las reservas del Banco Central.

La gestión de Javier Milei logró reducir el atraso total de los precios de la energía (gas, electricidad y combustibles) del 60% en dólares que había en noviembre de 2023 al 22% en el actual mes. En otras palabras, los usuarios pagan un precio más cercano al costo del generar y producir energía. Para ello, el Gobierno aplicó aumentos promedio del 25% en términos reales, descontada la devaluación y la inflación acumulada en los últimos ocho meses, y, además, el costo total del sistema cayó 5% (gracias a menores precios internacionales y a la sustitución de importaciones por producción local debido a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner).

“El primer desafío es mantener esta elevada cobertura. La amenaza que sufre este status quo sería una devaluación que haga retroceder varios casilleros a todas las coberturas y paridades, requiriendo actualizaciones adicionales de las tarifas y precios en pesos (como por ejemplo ocurrió a partir de 2018, luego de los aumentos de 2016 y 2017). Los aumentos pendientes deberían considerarse dentro del equilibrio general, de forma de evitar disrupciones que reviertan lo logrado hasta ahora”, recomienda el exvicejefe de Gabinete.

Los aumentos pendientes, dice Lopetegui, se concentran en actualizar el impuesto a los Combustibles y en que la demanda pague el costo total de generar electricidad y de importar gas en invierno. “El impacto económico de estos retrasos recae casi en su totalidad en las cuentas fiscales y representan un impacto en el déficit del 1,3% del PBI, por menor recaudación del impuesto y por los subsidios directos que se destinan a Cammesa y a Enarsa, las dos empresas controladas por el Tesoro”, dice el exsecretario de Energía.

Para cerrar la brecha entre los precios que pagan los usuarios y los costos, Lopetegui destaca que todo el esfuerzo no recaerá exclusivamente en el aumento de tarifas. “El funcionamiento de los nuevos gasoductos continuará disminuyendo la necesidad de importar gas y, por lo tanto, seguirá disminuyendo el costo promedio del gas y el de la generación de electricidad. Es así que la brecha remanente entre ingresos y costos continuará disminuyendo con solo mantener las actuales tarifas en dólares”, analizó.

En detalle, el total de la demanda de electricidad se compone por los usuarios industriales (12%), los comercios (34%), residenciales de altos ingresos (13%), de medios ingresos (10%) y hogares de bajos ingresos (32%). Mientras que las industrias, comercios y los usuarios de altos ingresos cubren casi el 80% del costo de generar electricidad, los de ingresos medios cubren casi el 50% y los de bajos ingresos, el 37%.

“Los segmentos de transporte y distribución eléctrica están prácticamente al 100%, excepto Edenor y Edesur a los que todavía les falta ajustar un 15%, pero seguramente eso se compense con deudas pasadas que tienen las empresas con Cammesa”, dijo.

Con relación al aumento pendiente de 18% del impuesto a los Combustibles que queda aplicar sobre el precio del surtidor, Lopetegui dice que si se sube 1% real cada mes (descontada la inflación) durante 18 meses, se cierra la brecha.

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