El impuestazo de Kicillof y el temor por sus efectos, en un escenario de números que no cierran

La Unión Industrial Argentina (UIA) está tan preocupada por el impuestazo en la provincia de Buenos Aires que hasta organizó un encuentro para hablar del tema: el 9 de abril, en la sede que la central fabril tiene en la porteña Avenida de Mayo, hará el “Seminario de tributación provincial”. Todo dicho. La invitación dice que hay “cupos limitados”. Es grande el interés, porque los empresarios se la ven venir: cuando a una administración se le caen los recursos, como le pasa a la que encabeza Axel Kicillof, el primer acto reflejo de los funcionarios es subir la presión tributaria sobre el sector privado.

El gobernador lo viene haciendo desde diciembre: a los aumentos que le permitió la ley aprobada en la Legislatura, que en muchos casos superan por bastante la inflación, le sumó este mes la obligación de que 254 grandes contribuyentes anticipen Ingresos Brutos. Y nadie puede descartar nuevas sorpresas.

Los problemas son el ajuste del presidente Javier Milei, que incumbe a los 24 mandatarios provinciales y de CABA, y la recesión. Por el recorte de la Casa Rosada, la provincia de Buenos Aires podría perder este año unos $100.000 millones por mes. Pero el distrito que gobierna Kicillof no es solo el de mayor cantidad de habitantes, sino también uno de los más vulnerables cuando se le retacean fondos desde la Nación.

Un informe de Marcelo Capello, economista jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, ubica fiscalmente a Buenos Aires entre las 9 provincias más expuestas, en un ranking que encabeza La Rioja y en el que siguen Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Catamarca, Chaco y Corrientes.

El economista Nadin Argañaraz, del Iaraf, calcula que la provincia ya perdió unos 14 puntos porcentuales de sus ingresos solamente por la erosión que la crisis produjo en la coparticipación (unos 8 puntos) y por la decisión presidencial de bajar a cero las transferencias discrecionales (otros 6 puntos).

“No he visto en 20 años un ajuste tan brutal en el impuesto inmobiliario”, dice Juan Manuel Dasta, un abogado tributarista que anticipa algo que ahora parece obvio: hay varios contribuyentes pensando en ir a la Justicia.

Los funcionarios niegan eso del ajuste tan brutal. Cristian Girard, director de la Agencia Recaudadora de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), contesta que ninguna de esas facturas excede el aumento tope que autorizó la Legislatura: entre 200% y 300%, según la valuación de cada propiedad. Girard recibió la semana pasada una carta en la que legisladores de la Coalición Cívica, el Pro y la UCR le piden revisar la fórmula de liquidación porque, dicen, hay productores agropecuarios que están recibiendo boletas con alzas superiores al 400%.

“El accionar del fisco provincial, aplicando subjetivamente la ley impositiva, excediendo la letra de la ley, emitiendo liquidaciones que van más allá del alcance que los legisladores le quisimos dar, en los casos comprobados donde el organismo recaudador superó el límite de aumento permitido, configura un accionar antijurídico pasible de lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución provincial”, dice el texto. Girard insiste con que no incumplió: “Me parece que no les gustó la ley, pero es lo que se aprobó”.

Dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) han estado difundiendo algunas facturas a los medios. Un campo de 370 hectáreas en Tres Lomas, al oeste bonaerense, pagaba el año pasado $54.740,30 por la tercera cuota, pero el propietario acaba de recibir una de $386.093,70. Es un 605% más.

Podrá argumentarse, con los funcionarios de Kicillof, que entre una liquidación y la otra se quitó el descuento por cumplimiento y por envío de factura digital, que sumaban una bonificación del 20% y ya no rigen, pero el aumento neto de ese componente sigue siendo importante: de 510%. “Que me manden las boletas, deben estar calculando mal –contesta Girard–. Hay productores que tuvieron el año pasado beneficios impositivos por la sequía y lo calculan sobre esa base. Eso era por la emergencia agropecuaria”.

Un tema de vieja data

La discusión debería ser interminable, porque parte de un desfase que viene desde hace tiempo: la provincia de Buenos Aires tiene el 38% de la población de todo el país, aporta el 40% de los recursos de la coparticipación y recibe apenas el 20%. Son las razones que dan los funcionarios, que también se saltean el envío de fondos discrecionales que atenuó la desproporción.

Un dato relevante: por los aportes discrecionales que la Casa Rosada hizo durante el gobierno de Alberto Fernández, la provincia elevó en 2023 el porcentaje que recibe a 26%, un nivel muy similar a los tiempos en que funcionaba el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense.

Un informe del Ieral indica que, si se compara la gestión de todos los gobernadores, Duhalde y Kicillof tuvieron la coparticipación bonaerense más favorable en 35 años.

Pero la Argentina está estancada, la recaudación se desploma, Milei ajusta y Kicillof necesita resolverlo. Y, si es posible, explicarlo de modo menos piantavotos, porque el año próximo será electoral.

Un documento del gobierno bonaerense recuerda que la inflación anual fue en febrero, según el informe del Indec, de 276,2%, y que más del 99% de los propietarios rurales han recibido incrementos tributarios por debajo de ese nivel. “Es decir que, en rigor, Kicillof está bajando el impuesto rural, no aumentándolo”, agrega el texto.

Imposible convencer de algo así a los productores agropecuarios.

Algunos han decidido, incluso, no pagar. Es una idea que difundió en la red social X (exTwitter) el diputado nacional José Luis Espert con el eslogan “¡Rebelión Fiscal ya!”. Varios piensan ahondar sobre el tema en asambleas callejeras desde la semana próxima. Recuerdan que el impuesto inmobiliario incluye un recálculo del 300% hacia arriba en la base imponible de los terrenos. “¡Basta de saquear a los contribuyentes, basta de vivir con la nuestra!”, dice el volante con el cual chacareros de Azul, Chachari y Chillar, al oeste de la provincia, convocan para el 5 de abril en la plaza de Azul. Y otras entidades del norte invitan directamente al gobernador: quieren que tenga una charla cara a cara con dos representantes de cada sociedad rural de la zona. “Necesitamos mantener un encuentro sin intermediarios”, afirman en el texto de la propuesta.

El gobernador está frente a una encrucijada sin opción positiva. ¿Ajustar el gasto o subir impuestos y, como consecuencia, ahogar la actividad? Ambas alternativas son malas, y pueden crear un círculo vicioso. Desde la propia administración provincial señalan que hoy por hoy existe, a causa de la inflación, una licuación de las erogaciones.

Cuando cae la economía, los recursos que recauda el distrito –un 51% del presupuesto–, también caen e, incluso, lo hacen en una mayor proporción. Fue lo que pasó entre 2004 y 2022, según especifica un trabajo elaborado por el economista Adrián Gutiérrez Cabello, docente de la Universidad de San Martín, que concluye que cuando el producto baja 1%, Ingresos Brutos disminuye 1,07%, y que la relación es la misma, pero inversa, en períodos de crecimiento.

Pago anticipado

Por eso, la reacción de Kicillof fue obligar a 254 grandes empresas a anticipar ese tributo. Las instó por carta pocos días antes del vencimiento, que era el 8 de marzo, y eso provocó malestar principalmente entre los industriales, que le escribieron otra carta y le fueron a reclamar en persona a Girard. Hace tiempo que la Unión Industrial Argentina cuestiona Ingresos Brutos: dice que solo siete países aplican un impuesto similar y que solo Italia y la Argentina aplican Ingresos Brutos y tasas municipales sobre una misma base imponible.

El director de ARBA recibió a los directivos con seis técnicos y los escuchó un buen rato, pero la reunión no sirvió para resolver el problema: ante la principal propuesta de los empresarios, pagar el adelanto en cuotas, Girard argumentó que la situación financiera se lo impedía.

Para las empresas es un costo que no esperaban. Diego Fraga, abogado y especialista en impuestos, cuestiona que la medida se haya tomado de manera sorpresiva y sobre parámetros muy difusos. “Se enteraron de su nominación al ser notificados electrónicamente y a escasos días de la fecha de pago. Algo nunca visto. Se violó el principio más sagrado en materia de tributación, que es el de legalidad. No llega a ser siquiera un empréstito forzoso porque, en la mayoría de los casos, luego de pagar el anticipo, los saldos se irán licuando hasta el momento en que puedan ser utilizados. Y la inclusión de quienes no abonen el anticipo en la máxima categoría de riesgo fiscal durante 12 meses es una sanción sin posibilidad de defensa”, dice Fraga.

¿Traslado a precios?

Para los empresarios, el monto en cuestión es relevante en momentos de caída en las ventas: unos $650 millones en promedio para cada compañía. ¿Lo trasladarán a lo que venden, lo que convertiría al Estado bonaerense en lo que un economista heterodoxo como Kicillof llama “formador de precios”? Dependerá de la demanda.

La caída en el consumo es virulenta y en muchos casos casi no existe esa posibilidad de traslado. En rubros como alimentos, el componente tributario del precio ya es significativo. Guitiérrez Cabello recuerda que un 31% del kilo de pan se explica por impuestos y cargas sociales.

Lo más probable será entonces que las empresas lo absorban. Nada que no estén haciendo los mismos consumidores, en realidad. Con el alza en las patentes que dispuso Kicillof, por ejemplo, que para el 65% de los automovilistas de la provincia llegan hasta el 288%. Es decir, superan el incremento dispuesto por Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires para el mismo tributo (160%), o lo que subió en los últimos 12 meses, según el Indec, un jabón en polvo de 800 gramos (263%).

No están lejos de lo que se encarecieron en ese lapso una Coca-Cola o una Pepsi de litro y medio. “Una barbaridad”, dice Belén M. propietaria de un Toyota Etios modelo 2018: ella pagó en diciembre $9999 por la última cuota y acaba de recibir una factura de $37.497. Exactamente un 276% de alza; casi lo que subió en un año un yogur firme de 195 centímetros cúbicos.

A diferencia de los chacareros rebeldes, las empresas pagaron finalmente el anticipo. No hacerlo las habría expuesto a quedar, como prometía la carta de ARBA, en la “máxima categoría de riesgo fiscal”. Por el pago, la provincia recaudó unos $160.000 millones. Tampoco alcanza: según el Ieral, solo la erosión de la inflación sobre la coparticipación ya le había restado en enero y febrero $230.234 millones a Kicillof.

Un típico problema argentino de estos tiempos: los esfuerzos son grandes e insuficientes.

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