El Gobierno ya planea una segunda etapa de ajuste para sostener con más medidas el equilibrio fiscal

El Gobierno de Javier Milei logró incorporar dos artefactos comunes a la más alta conversación económica: motosierra y licuadora. Ambas conviven en la caja de herramientas del ministro Luis Caputo. Incluso, combinaron sus efectos en el éxito más celebrado por el Presidente: el superávit financiero en los dos primeros meses del año. Sin embargo, hay algunas dificultades.

En la medida en que se consolide una baja de la inflación, la “licuadora” pierde potencia. Por lo tanto, los recortes tendrán que suplir esa pérdida para evitar caer en números deficitarios. El Gobierno ganó aire esta semana con las nuevas tarifas de los servicios públicos, que desde abril llegarán con aumentos de hasta 450% en gas, 300% en luz y 209% en agua. Son incrementos que representan un alto impacto en el bolsillo, aunque moderado ahorro fiscal.

Según números de la consultora Empiria, equivalen a 0,3% del PBI. Cuando inició la gestión de La Libertad Avanza, el ministro de Economía mostró un plan de reducción de subsidios del 0,7% del PBI necesarios para alcanzar el equilibrio fiscal. Es decir, los esfuerzos en esta línea deberían ser redoblados para cumplir la meta trazada por Caputo.

En junio próximo, la Secretaría de Energía aplicará una “canasta básica”, que tal como definieron en el área, funcionará como una nueva “reestructuración de subsidios” de la que aún se desconoce su magnitud. El caso de los subsidios refleja a la perfección el momento que atraviesan las cuentas del Estado: comenzaron a sufrir un ajuste grande aunque aún insuficiente para llegar al ahorro de 5% del PBI que el Gobierno necesita para alcanzar equilibrio financiero a fin de año, según coincide la mayoría de los analistas.

Esto explica la necesidad de Milei de profundizar los recortes pese a los datos de superávit durante los primeros meses del año. La caída de la recaudación en marzo, que según el economista Fernando Marull fue del 9% en términos reales, obliga a afilar los dientes de la tijera.

Capital Humano, el ministerio con el presupuesto más grande del Estado y que nuclea áreas como asistencia social, Trabajo y Educación, es uno de los próximos objetivos de la motosierra. La cartera dirigida por Sandra Pettovello activará una segunda etapa “de ahorro”, como describió una fuente del ministerio. La primera provocó recortes equivalentes a $8300 millones, pero la dimensión de la segunda parte será del doble, ya que en su plan de acción figura un ajuste de $16.850 millones.

A su vez, una fuente del Ministerio de Interior le confirmó a LA NACION que la próxima semana el Gobierno tendrá un nuevo listado de empresas “sujetas a privatización” que incluirá en la Ley de Bases, negociada con los gobernadores.

El déficit de las empresas públicas, calculado por Empiria, fue del 0,8% del PBI en 2023. La consultora proyectó que “un ahorro razonable” llevaría el rojo a 0,3% del PBI. Eliminar completamente las transferencias del Gobierno a las compañías estatales, señalan, podría no ser sostenible en el tiempo. Según publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso, Milei las redujo más de la mitad. En consecuencia, suprimir todo ese gasto sólo sería posible a través de privatizaciones.

Hace un mes, el Presidente anunció el cierre de Télam. Actualmente, la agencia de noticias estatal transita la fase de retiros voluntarios. La Jefatura de Gabinete contabiliza una adhesión de “más de 90″ empleados, entre los 778 que componen su planta. Si se tomara en cuenta la cifra exacta de 90 empleados con retiros voluntarios, el Gobierno debería resolver qué hacer con el 88% restante.

La velocidad del ajuste

Este aparente bajo ritmo de la motosierra parece sumar velocidad en otros organismos como el Inadi. El Ministerio de Justicia confirmó a LA NACION que “a fin de mes” cerrará su edificio en Avenida de Mayo. También despidió a 127 empleados “sin costo para el Estado” y rescindió todos los alquileres en el interior, entre otras medidas.

Las jubilaciones encienden alarmas fiscales para el Gobierno. La nueva fórmula mejoró la situación de los beneficiarios, pero, en términos reales, no llegó a recuperar lo perdido por el shock inflacionario. De este modo, a pesar del incremento del gasto en términos nominales, el ahorro que la consultora Empiria proyecta es de 0,6% del PBI, que de no sumar partidas extraordinarias (bonos) podría subir a 1% o 1,1% del PBI.

En paralelo, continuarán las restricciones en la obra pública. Entre fines de 2023 y el último dato disponible en febrero pasado, quedaron en el camino 2117 proyectos que dejaron de ser financiados con fondos nacionales, según se desprende del Banco de Proyectos de Inversión Pública. La eliminación de la pauta oficial también se refleja en llamativos números presupuestarios. Según cifras oficiales, representa un ahorro de $100.000 millones.

La Secretaría de Prensa sólo devengó el 3,9% de su crédito. Ciencia, Innovación y Tecnología le gana a esta última área, dado que ejecutó el 0,6% de los $79.431 millones que tiene de fondo. Estos sectores responden a Presidencia y Jefatura de Gabinete, respectivamente. De hecho, la cartera dirigida por Nicolás Posse lleva un pormenorizado detalle de los recortes. Un documento al que tuvo acceso LA NACION resume “el ajuste del Estado”.

Allí enumera la reducción del 30% de los autos oficiales; la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que había sido creado por el entonces presidente, Alberto Fernández, en 2020 y concentraba partidas por $231.000 millones; el recorte del 98% de las transferencias discrecionales a las provincias (en 2023 habían totalizado $5,4 billones); la baja de 27.000 planes sociales, que por mes significaban $2000 millones; el plan de “optimización de recursos” en Capital Humano que busca generar un ahorro de $25.000 millones a través de la revisión de “compras que se hacían sin criterio razonable”, la reducción de celulares disponibles y vehículos a disposición de los integrantes de la cartera; y el fin de comodidades tales como vuelos privados o el ingreso a salones VIP en aeropuertos para funcionarios públicos, entre otras medidas.

A propósito de la reducción de personal en la Administración Pública, la Jefatura de Gabinete confirmó que en marzo se discontinuaron “alrededor de 15.000 contratos” y analiza la situación de otros 55.000 contratos que “entran en un nuevo proceso” de revisión hasta el 30 de junio.

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