El Gobierno tildó de “ilegítimo” el contrato de Autopistas del Sol y avanza en una posible rescisión

Hay algunas frases, muchas del lunfardo, que expresan mejor que nada una situación. El Gobierno le “picó el boleto” al contrato que une a Autopista del Sol y al Grupo Concesionario del Oeste, dos concesionarias controladas por el grupo español Abertis, y avanza en un proceso que podría terminar en la rescisión contractual y la consiguiente estatización de los accesos Norte y Oeste.

“En el caso de los peajes, hemos terminado la auditoría, estamos haciendo las presentaciones judiciales y estamos solicitando la anulación de esa concesión por 30 años y la investigación de la comisión de delitos, porque no hay dudas de que había allí una decisión muy clara que era usar al Estado para beneficios e intereses privados”, explicó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en diálogo con el programa Habrá Consecuencias de radio El Destape.

“Lo que estamos diciendo es que los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual (AIRC) de 2018 son ilegítimos. Se informó a las empresas los resultados de la Auditoría Integral que pidió Gabriel y se les dio 10 días hábiles para que respondan. Estamos en ese lapso de tiempo.”, explicó una fuente del ministerio a LA NACION. “¿Ilegítima es la palabra?”, repreguntó este cronista. “Ilegítimo, lesivo y de imposible cumplimiento”, respondieron cerca de Katopodis, un funcionario que desde 2020 puso en la mira este esquema.

El juego, además, se completa con otros hechos que anticipan la inclinación estatizadora vial de Katopodis. Primero, rescindió todos los contratos de los esquemas de participación público privado (PPP) que estaban vigentes, aunque maltrechos, y después, pasó todo ese plan de obras a Vialidad. Algo más: el diputado Facundo Moyano, fundador del gremio de peajistas, presentó un proyecto de ley para estatizar los accesos y entregarles una participación accionaria al sindicato que no conduce, pero que aún dirige desde su banca en el Congreso.

Los puntos de la renegociación se basan en algunas coincidencias que tuvieron, entonces, el Estado y las concesionarias. El primero, el reconocimiento de una deuda a favor de Ausol de US$499 millones y de US$247 para el caso de la compañía que maneja el Acceso Oeste. A eso se suma una remuneración de 8% anual y que se pagan con los ingresos tarifarios de cada concesión. Además, se estableció que el peaje se actualiza por inflación.

En el Gobierno dicen que la empresa “presentó un esquema tarifario mediante el que GCO pide un aumento de la tarifa básica en categoría 2 (autos) para cobrar en cabina $550, mientras que Ausol reclama un aumento promedio en el peaje Márquez, categoría 2, que llevaría el actual a $634″.

En la concesionaria dicen que jamás presentaron ese monto. Explican que la deuda se ocasionó en los 90, cuando se construyó la traza antes que se coloquen las cabinas. Entonces, el repago e haría con el peaje, que en ese momento era en pesos convertibles a dólares. Con la caída de la convertibilidad la ecuación económica financiera se rompió y jamás se pudo pagar ese desembolso para construir los accesos y mejorar la General Paz, que también estaba en el contrato como condición.

Luego, con la llegada del kirchnerismo, las tarifas congeladas se convirtieron en el gran problema de varias empresas endeudadas en dólares y que recaudan en pesos. Ausol, por caso. Es verdad que cualquiera que pasa por el peaje notaría que, con los años, los pesos necesarios para levantar las barreras fueron cada vez más. Pero lo cierto que que gran parte de lo que se percibe en las cabinas corresponde a una tasa vial que recauda la cabina, pero que se deposita en cuentas oficiales inmediatamente, en teoría, para hacer obras.

Durante las últimas dos décadas, los retoques de las tarifas nunca llegaron a compensar la inversión. Mientras, en el tribunal del Banco Mundial (Ciadi) transcurría un reclamo, en la Argentina no se avanzó en la renegociación. En el Gobierno de Macri se reconoció la deuda, en dólares, y se armó un esquema de actualización, además de extenderse el plazo y acordarse un plan de obras. A cambio, además, se suspendió el reclamo en el Ciadi.

“Eso se cobró bien en 2018, aunque quedó un remanente de 6 millones de dólares. En 2019, ya quedaron 36 millones de remanente y en 2020 no se cobró nada, además de que durante meses ni siquiera se cobró peaje. Nosotros no pedimos la ayuda de ATP tampoco”, relatan en la empresa.

Desde enero de 2019 hasta ahora, apunta una fuente de Ausol, la inflación fue de 140% y nos dieron un aumento de 9,99% en julio. Por lo tanto, hay un atraso de 130%, con lo que la tarifa debería ir a 120 o 130 pesos. Con eso volvemos a entrar en la cancha. Jamás planteamos un peaje de 600 pesos, apenas lo usamos para graficar que aquel acuerdo no se podría cumplir ahora con el precio que tiene el dólar. Ese tipo de cosas se negocian, por ejemplo, sacando algunas obras o estirando el plazo. Nosotros sabemos que no se puede cumplir en las condiciones actuales, pero de ilegítimo no hay nada”, explicaron desde las oficinas de la concesionaria.

Lo que sigue será controversia. Katopodis está dispuesto a pedir la rescisión aunque no está claro de qué. En principio, podría ir por dos caminos. No parece que el ministro de Obras Públicas, especialistas en estatizaciones viales, pueda ser convencido por argumentos de la empresa. Hay algo personal de esta administración con esa concesión: el paso de la familia Macri como accionistas de la sociedad.

Si finalmente se avanza en la rescisión, la Argentina tendría prácticamente toda su red en manos del Estado, excepto algunos pocos tramos concesionados. Las principales rutas fueron estatizadas y los empleados, desde entonces, dependen de una empresa llamada Corredores Viales S.A. En en primer semestre, la sociedad consumió 3000 millones de pesos de subsidios, ya que lo que se recauda en peaje no alcanza para pagar los sueldos.

Claro que nada será gratis. Katopodis deberá saber que seguramente volverá reflotarse en reclamo en el Ciadi por la rescisión contractual; con esta medida la Argentina sumará una contingencia millonaria. A los funcionarios poco les importan estas cuestiones: los Estados no quiebran y los laudos suelen llegar cuando ninguno de los que firmaron son funcionarios.

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