El Gobierno suspendió una audiencia pública para debatir aumentos en las tarifas eléctricas

El Gobierno volvió a confirmar hoy que la prioridad máxima de su gestión es la baja de la inflación. El ente regulador de la electricidad (ENRE) canceló hoy una audiencia pública para debatir aumentos de tarifas de electricidad, a la que había convocado hace menos de 15 días, el 2 de octubre último.

Entre los considerandos de la resolución 743/2024 publicada hoy, el ENRE dice que “teniendo en cuenta la positiva reacción de la economía a las acciones implementadas por el Ministerio de Economía y la notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, resulta razonable y prudente postergar la realización de la audiencia pública hasta la fecha que oportunamente se determine”.

En el Ministerio de Economía, sin embargo, explicaron que “simplemente se atrasa [la audiencia] para que las licenciatarias de transmisión y las de distribución tengan cronogramas similares y todas estén listas”, aunque esta hipótesis no estuvo en los considerandos de la resolución. “Nos tomamos el proceso con mucha seriedad”, agregaron en el equipo económico.

La audiencia pública en cuestión, que tenía fecha el próximo 5 de noviembre, era para debatir la propuesta tarifaria presentada por las empresas transportistas de energía eléctrica para el próximo período quinquenal. En resumen, se trata de la revisión tarifaria integral (RTI), un esquema que debería llevarse adelante cada cinco años y que determina las inversiones que tienen que hacer las empresas, por un lado, y se establece el mecanismo de ajuste de las tarifas que el ENRE tiene que cumplir. Es decir, se busca darle previsibilidad a las empresas y a los usuarios acerca de cómo serán los aumentos (qué fórmula se diseñará para hacer los ajustes) y con qué frecuencia se aplicarán.

“Se suspendió para que en el armado de las propuestas tarifarias tengan en cuenta el nuevo contexto macroeconómico, toda vez que las tarifas que se determinen tienen una vigencia de cinco años”, dijeron también en el Gobierno.

La RTI fue establecida en la ley N° 24.065, que regula los servicios públicos de energía, sancionada en 1991. Pero desde entonces solamente se implementó en dos ocasiones y nunca se cumplió. Es decir, en 34 años, jamás se llevó adelante. La primera vez se interrumpió luego de la crisis de 2001 y la segunda vez, durante los últimos años de gobierno de Mauricio Macri y los primeros de Alberto Fernández, tras la crisis cambiaria desatada y la consecuente aceleración inflacionaria. En los otros años, los entes siempre estuvieron intervenidos bajo el paraguas de “emergencia energética”.

Por lo tanto, debido a las crisis económicas recurrentes, los aumentos tarifarios siempre fueron discrecionales, según las necesidades políticas de los gobiernos de turno. La administración de Javier Milei pareciera seguir la misma línea.

En abril pasado, tanto el ENRE como el ente regulador del gas (Enargas) establecieron que todos los meses iban a subir las tarifas de las empresas distribuidoras y transportadoras de gas y electricidad siguiendo una fórmula de ajuste que tenía en cuenta la inflación minorista (IPC), la mayorista (IPIM) y el índice salarial. Sin embargo, apenas tres días después se decidió suspender dichos aumentos. Desde entonces, la fórmula de ajuste establecida nunca se implementó y las actualizaciones fueron discrecionales.

“La tarifa es una sintonía fina entre caja, o reducción de subsidios, e inflación. A algunos les gustaría ver un horizonte de más largo plazo, pero la realidad es que lo decidimos mes a mes porque la prioridad es bajar la inflación”, había admitido el ministro de Economía, Luis Caputo, en julio.

Lo curioso es que la suspensión de la audiencia pública para debatir los aumentos de tarifas de transporte eléctrico se da en un contexto en el cual el Gobierno advierte que podría haber cortes de luz en el verano debido a la falta de inversiones realizadas en el sistema.

En julio pasado, además, el Gobierno ya había dejado “sin efecto” una adjudicación que realizó la administración anterior para incorporar nueva oferta de generación térmica convencional con el fin de modernizar el sistema eléctrico. La gestión actual justificó que aquella adjudicación se había realizado el 24 de noviembre pasado, a menos de 20 días de que finalice la gestión anterior.

Sin embargo, desde entonces, no se volvió a llamar a una nueva licitación. El Gobierno está con un problema de transición entre el actual esquema de contractualización, donde todas las empresas le venden y le compran energía al Estado, y el nuevo que quieren implementar, donde los contratos se pactan entre las empresas, sin la intermediación de Cammesa, la compañía con control estatal a cargo del despacho de energía eléctrica.

“Les está costando avanzar, ya que tienen en claro que es imposible atar una oferta nueva a contratos con Cammesa y tampoco ven fácil obligar a las distribuidoras (especialmente Edenor y Edesur) a contractualizar energía nueva y que además los generadores acepten contratar con ellos, cuando no hay certeza de pase a tarifa de esos precios y que las distribuidoras cumplan”, dijo un actor del sector.

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