El Gobierno toma deuda por la gran suba del gasto

Por decreto de necesidad y urgencia publicado ayer el Gobierno decidió agregar al presupuesto en curso gastos por casi 40.000 millones de pesos; la mayor parte de ellos con deuda en su mayoría interna, pero también externa, que deberá pagar la siguiente administración.

El DNU debió hacer una excepción a la prohibición legal de tomar deuda para financiar gastos corrientes. Y contradijo lo dicho por la Presidenta cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso. "¡Ojalá todas las deudas que tengan que pagar sean de cosas que se puedan tocar, sean de energía! ¡Ojalá sean de obras de ferrocarriles! ¡Ojalá sean de obras que se puedan palpar, que sirvan para disfrutar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; para eso estamos!", señaló.

Pero el DNU de ayer dispuso aumentar la deuda de largo plazo en 28.777 millones de pesos y en 1732 millones la nominada en moneda extranjera, y autorizó que se use para pagar gastos corrientes.

También modificó ejercicios futuros, aumentando gastos. Lo curioso es que cambió por DNU el presupuesto 2015, promulgado ayer en el mismo ejemplar del Boletín Oficial. Los puestos en la Procuración General de la Nación a cargo de Gils Carbó fueron aumentados en 200 y en la Secretaría General de la Presidencia, en 239. Sólo con una decisión de Capitanich esos cargos estarán ya en los gastos del año próximo. El déficit financiero aumentó a 191.482 millones y llegará a un 17% del gasto total.

También hay casi $ 10.000 millones más para pago de deudas. Con las modificaciones introducidas y si se hacen todas erogaciones autorizadas, el gasto total será 32,3% mayor que el previsto en la ley de presupuesto 2014 cuando la aprobó el Congreso. En agosto último ya habían aumentado las erogaciones previstas para el presente ejercicio en nada menos que $ 200.000 millones, llevándolos bien por encima del billón, un récord absoluto.

También resulta curiosa la secuencia. Porque según el presupuesto 2015 promulgado ayer, y si se cumpliera el total de gastos previstos este año, en el siguiente ejercicio el incremento en un año electoral sería de apenas el 10%; lo que significa que o bien bajaría dramáticamente la inflación o habría un fuerte ajuste que reduciría el déficit financiero en alrededor del 74 por ciento. Más probable parece que las cuentas del próximo ejercicio sufran modificaciones intempestivas y profundas como ha venido ocurriendo desde que el kircherismo está en el poder.

Una parte de las modificaciones para el ejercicio en curso son reasignaciones, menores ejecuciones a las que habían sido autorizadas en agosto, por subejecuciones en algunos casos de obras y también por menores necesidades derivadas de la caída de la actividad por la recesión y por menores precios internacionales de la energía y los combustibles.

De todas formas, para la agencia oficial de noticias Télam sí aparecieron mayores recursos. La recesión y la quita de subsidios, en parte, redujeron la demanda de gas y las cantidades a importar también fueron disminuidas por mayor oferta hidroeléctrica, a menor costo, proveniente de Uruguay.

Atrasos acumulados

Pero también hubo disminuciones de partidas destinadas a sectores productivos en problemas, El mayor recorte fue el de 110 millones de compensaciones para la complicada industria automotriz. Se trata del "Régimen de Consolidación" de la producción local de motores y cajas de cambios, que impulsó la introducción de modelos nuevos. Las terminales están reclamando una deuda por atrasos en los pagos, que ahora parece que no van a actualizarse pronto. Gran parte del incremento de partidas está justificado en mayores gastos para pagar salarios. Pero los aumentos de estructuras por creación de cargos, como en el área que controla Gils Carbó, se trata de compromisos que deberán continuar a cargo de las próximas administraciones. Del mismo modo que ocurrirán si se completa la mayor plantilla prevista en la Secretaría General de la Presidencia. Sólo con este DNU habría 439 agentes más entre las dos áreas, todos designados por la actual administración en el último tramo de su gestión, pero con estabilidad.

Entre las reducciones de subsidios a empresas públicas aparece el de 800 millones de pesos a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), justo en el momento en que la central Atucha II, rebautizada Néstor Carlos Kirchner, está fuera de servicio y la de Embalse necesita una reparación que extienda su vida útil.

La menor demanda de energía por la recesión y un invierno benévolo han generado algunas ventajas presupuestarias, liberando algunos recursos para otros fines, pero habrá que ver cómo evoluciona la situación a medida que suban las temperaturas estivales.

En alguna medida los mayores gastos son atendidos con recaudación superior a la prevista del impuesto a las ganancias, pese a lo cual las autoridades prefieren seguir gastando y no reducir la presión del tributo sobre los salarios, como reclaman incluso gremios oficialistas.

En cambio, prefiere aumentar en casi 14.000 millones de pesos las partidas para pagar remuneraciones del sector público.

Por jurisdicciones, la más beneficiada por el aumento porcentual de sus partidas es sin dudas la Procuración del Gils Carbó, con el 21%. Y Kicillof el más perjudicado, con un recorte del 15%, básicamente por las menores partidas de estímulos para la mayor producción de gas, un esquema que el ministro ha seguido personalmente.

También se recortaron partidas para la estatal Arsat, pese al extenso uso propagandístico que el Gobierno hizo de la puesta en órbita del satélite geoestacionario. La empresa era la que también, según un anuncio que en su oportunidad hizo Julio De Vido, iba a ocuparse de operar una empresa estatal de telefonía móvil, idea ahora abandonada.

En la cartera de Trabajo, parte de los recursos van a reforzar las partidas del PAMI, cuyos prestadores estaban quejándose de serios atrasos en los pagos, y a mayores recursos para jubilaciones y pensiones.

Menos para el transporte

• Las últimas modificaciones presupuestarias mostraron algunos cambios llamativos si se los compara con lo que fue la política habitual del Gobierno: se redujeron en $ 300 millones los subsidios a los trenes. También se recortaron en $ 100 millones los créditos para Ferrocentral destinados a pagar salarios y en $ 200 millones los fondos a empresas privadas para financiar inversiones.

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