El Gobierno revisará contratos con las telefónicas y pondrá a disposición del mercado espectro 5G

El vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó hoy una serie de anuncios vinculados con la industria de las telecomunicaciones con el objetivo de “alentar una mayor competencia entre las empresas del sector para que haya un mejor servicio a un menor precio”, según indicó.

En primer lugar, Adorni dijo que se pondrán a disposición los 100 Mhz reservados en forma gratutita a la empresa estatal Arsat en la licitación de 5G, además de los 50 Mhz en manos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que no fueron comprados por ninguna de las tres operadoras (Telecom y Claro se hicieron con100 Mhz cada una y Telefónica, con 50 Mhz). Según el funcionario, los 150 Mhz se van a utilizar para 5G y para que provengan “inversiones para mejorar el servicio de telecomunicaciones”. Hace dos semanas, el titular de Arsat, Mariano Greco, había dicho que aún no tenían definido qué iban a hacer con el espectro, al tiempo que anunció que la empresa iba a salir a la Bolsa en busca de sumar capital privado.

En segundo lugar, afirmó que se eliminarán las exenciones del IVA a diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea y adelantó que se relicitará el contrato de provisión de conectividad a 16.000 escuelas a lo largo del país, que representa $60.000 millones anuales.

Por otro lado, mencionó una investigación de la Auditoría General de la Nación (AGN) al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020 que encontró que Telecom (Grupo CVH y Fintech) y Telefónica debían más de $3000 millones en aportes (el FFSU es el fondo al que aportan las compañías un 1% de su facturación anual). “Telecom abonó intereses dos años después; es decir, el Enacom falló en controlar”, agregó.

Fuentes de Telefónica (cuyo principal accionista es Telefónica de España) dijeron a LA NACION que la empresa “ha cumplido desde siempre con sus obligaciones por el Servicio Universal”. Y señalaron: “Desde el primer momento en que se constituyó el Fondo Fiduciario hizo los pagos correspondientes. Cumplió desde el origen con los programas definidos en la regulación vigente en cada momento y presentó al regulador las declaraciones juradas desde que se dispuso la obligación de hacerlo. La autoridad realizó algunas observaciones que fueron respondidas por Telefónica en procedimientos administrativos que todavía están en trámite”.

En tanto, fuentes de Telecom indicaron que la empresa “cumple y ha cumplido siempre con todas sus obligaciones regulatorias, incluidas las relativas al Servicio Universal, efectuando aportes millonarios que la convierten en el principal aportante a dicho fondo”, y añadieron: “Sólo en lo que va del año 2024, Telecom lleva aportados más de $ 12.000.000.000″

Respecto a la referencia a una deuda de $3000 millones al Fondo de Servicio Universal, dijeron que “Telecom ha ejercido en sede administrativa las defensas correspondientes, por entender que ha realizado prestaciones por encima de sus obligaciones regulatorias”, y que la firma “ha sido auditada anualmente respecto de la composición e información contenidas en las Declaraciones Juradas presentadas ante la autoridad competente y todas las intimaciones recibidas han sido respondidas siempre en tiempo y forma”.

Más allá de la auditoría, Adorni sostuvo que relevarán todos los contratos de telecomunicaciones del Estado para analizar su cumplimiento y que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigará si hay “conductas anticompetitivas en la industria en términos de cuotas de mercado y protección de los derechos de los consumidores”.

Por último, siguiendo los lineamientos del decreto 70/2023 que incluye modificaciones a la ley 27.078, el Enacom derogará la resolución 1491/2020, así como también la obligación de incluir señales de carácter informativo en las grillas de programación. “Con esto se corrigen asimetrías entre los servicios TIC y los servicios audiovisuales”, aseguró, y cerró: “De esta manera, el Gobierno del presidente Javier Milei busca una mayor desregulación, apertura de mercado y corrección de cualquier distorsión existente que afecte la calidad de los servicios de telecomunicación”.

Consultada por este diario, la diputada del PRO y extitular del Enacom, Silvana Giudici dijo que la inclusión de señales de carácter informativo fue una obligación impuesta por Gabriel Mariotto en 2009 que solo en la Argentina se exigía. “Ningún otro país del mundo tiene normas de must carry ya”, sostuvo.

En tanto, otras fuentes del sector tildaron los anuncios de “popurrí de temas con dos cosas concretas: la futura licitación de 150 Mhz para 5G y el pago de IVA para equiparar al sector periodístico con otros”. Respecto de los aportes de Telecom y Telefónica al FFSU explicaron que es “un tema de vieja data”, ya que las empresas dieron planes de conectividad a jubilados a principios de los 2000 que consideraron aportes al fondo, mientras que el Estado no, y luego reclamó los importes. “En algún momento esto se va a resolver, porque corren intereses y, si las empresas no pagan, en última instancia pueden perder la licencia”, apuntaron.

Sobre las actuaciones de Defensa de la Competencia, señalaron que la empresa que más denuncia es Claro cuando no la dejan entrar a dar servicio a algún municipio, pero que las investigaciones suelen demorar dos o tres años. “Puede haber una buena intención, pero es un popurrí de cosas”, insistieron.

Por otro lado, otra fuente ligada a la industria dijo que “hay que esperar más precisiones” con respecto al tema del espectro. En cuanto a la revisión de la conectividad de las escuelas, apuntó que podría ser una puerta abierta para Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk. “Hay que ver cuáles serán los requisitos del pliego cuando llamen a conectar escuelas”, concluyó.

A fines de febrero, Starlink fue autorizada a prestar el servicio de internet satelital junto con Kuiper (Amazon) y OneWEB, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial firmada por el interventor del Enacom, Juan Martín Ozores. En ese entonces, desde el ente indicaron: “Nuestra misión es crear un ecosistema que brinde la seguridad jurídica necesaria para fomentar la inversión y la prestación de servicios de calidad en los sectores de telecomunicaciones”.

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