El Gobierno redujo un 43% la estructura gerencial de Aerolíneas Argentinas
Lo anunció el Ministerio de Infraestructura a través de un comunicado
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LA NACION
En el marco de la política de ajuste fiscal y reducción del déficit, el Gobierno anunció este martes que redujo un 43% la estructura gerencial de Aerolíneas Argentinas. A través de un comunicado, el Ministerio de Infraestructura, comandado por Guillermo Ferraro, anunció que también se tomó la decisión de “reducir en un 35% los reportes directos a la gerencia general” de la aerolínea bandera.
El Gobierno argumenta este recorte “en línea con las políticas de reducción del Estado y ahorro fiscal fijadas” y reduce en un 43% la cantidad de direcciones de la empresa estatal. En consecuencia, “Aerolíneas Argentinas pasará de 14 direcciones a ocho y de 17 reportes directo a 11, como parte de su plan de racionalización”.
En ese sentido, se anunciaron las ocho direcciones que persistirán tras este cambio: Prensa y Relaciones Institucionales; Asuntos Legales; Económico Financiera; Comercial; Recursos Humanos; Técnica y Flota; Coordinación de Operaciones; y Política Aérea y Servicios Corporativos.
“De esta manera, el Gobierno Nacional avanza con las medidas prometidas de reducción y eficiencia del gasto público, uno de los principales objetivos de la gestión que impulsa el presidente Javier Milei”, cierra el comunicado.
Qué pasará con Aerolíneas Argentinas
El año pasado, Aerolíneas tomó una deuda de US$100 millones que la empresa logró ingresar a través de un fideicomiso administrado por BICE Fideicomisos S.A. (Bifsa), una firma cuyo accionista es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, pero que tiene una gestión independiente. Como consecuencia, la empresa afirmó que terminó 2023 con ganancias por US$32 millones.
En tanto, el proyecto de ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso, da luz verde para privatizar 41 empresas estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas.
“Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”, se lee en el texto de la ley.
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