Nuevo golpe a las provincias: el Gobierno recorta los subsidios al transporte público del interior
La Secretaría de Transporte anunció que eliminará el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas eran recibidas por empresas prestatarias de todo el país
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LA NACIONSofía Diamante
El Gobierno abrió un nuevo frente de confrontación con los gobernadores al anunciar hoy, de manera sorpresiva, que elimina el principal fondo al que se destinan los subsidios al transporte público del interior del país, donde está excluida el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es para cumplir “con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión”, dijeron en la Secretaría de Transporte.
Se trata del Fondo Compensador del Interior, que el año pasado recibió $102.000 millones (0,05% del PBI), según el presupuesto nacional 2023. Por lo tanto, a partir de ahora, los subsidios al transporte público del interior deberán ser absorbidos por las provincias. “Esta medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas”, dijo el Gobierno.
El comunicado lo difundió la Secretaría de Transporte, que en la práctica depende del Ministerio de Economía, pero en la teoría sigue bajo la jurisdicción del Ministerio de Infraestructura, ya que su titular, Guillermo Ferraro, no renunció, sino que se tomó licencia por un mes.
Transporte está a cargo del cordobés Franco Mogetta, quien fue ministro de esa área, a nivel provincial, durante los años de gestión del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti. En ese rol, fue el presidente del Consejo Federal de Transporte (Cofetra) y negociaba con los gobiernos nacionales para pedir más transferencias al Fondo Compensador del Interior.
La decisión de eliminar este fondo fue tomada directamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya les había advertido a las provincias que reducirá los gastos debido a la caída de la ley ómnibus. De hecho, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo hoy en su conferencia diaria que durante enero, se redujeron un 98% las transferencias discrecionales a provincias porque están “transparentando un sistema que funcionaba solo en favor de la propia política”.
Según pudo saber LA NACION, Mogetta no estaba al tanto del recorte, pese a ser el secretario de Transporte. Desde el traspié del Gobierno en el Congreso hay varios funcionarios nacionales que responden a los gobernadores que están en la mira. Además de Mogetta, están apuntados Daniel Tillard, presidente del Banco Nación; Osvaldo Giordano, titular de la Anses, y Flavia Royon, secretaria de Minería.
“El Gobierno Nacional, cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión, ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE”, dice el comunicado de la Secretaría de Trabajo.
El Gobierno dijo que esta decisión “guarda coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores y Estado Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”.
La Secretaría de Transporte dijo también que “se terminó con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos” para darle “mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar”.
En efecto, el boleto del tramo mínimo de colectivo en el AMBA pasó de los $52,96 en diciembre, a $76,92 en enero y a $270 en febrero. Se trata de una suba acumulada de 410%.
En cuanto al tren, pasó de $25,72 y $33,28 los tramos mínimos según el ramal, a $130 este mes. Significó un aumento de 405% en menos de dos meses.
Estos valores volverán a subir en abril próximo, según la resolución 5/2024 publicada esta semana en el Boletín Oficial, ya que los boletos de trenes y colectivos en el AMBA aumentarán cada dos meses. Dicho ajuste será, como máximo, equivalente a la variación acumulada del índice de precios al consumidor [inflación] de los dos meses previos. Es decir, en abril subirá el costo del transporte en un porcentaje que será como máximo la inflación acumulada entre enero y febrero.
“La eliminación de subsidios no implica un impacto en lo inmediato en el AMBA. La tarifa de $270 sigue estando vigente. De hecho, de haber algún cambio en la política tarifaria, debiera llamarse a una nueva audiencia pública. La resolución vigente establece ajustes bimestrales y el ajuste de febrero ya se hizo. Con lo cual, hasta abril no debería haber un aumento en el boleto, al menos que se llame a una nueva audiencia pública”, dijo Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).
“Lo que sí nos han dicho es que puede implicar cambios en el interior, ya que ahí se quitaría dinero del fondo compensador que va de la Nación a las provincias. Con lo cual, los gobernadores debieran compensar la quita de fondos desde la Nación o ajustar en su defecto el boleto. Pero eso es una situación exclusiva para el interior, no para el AMBA”, agregó Fusaro.
Según Aaeta, el boleto de colectivo en el AMBA debería valer $981, con lo cual el AMBA sigue siendo fuertemente subsidiada, en torno al 70%.
El Gobierno aclaró que seguirá vigente la tarifa social en todo el territorio donde funciona la tarjeta SUBE. Si bien se usa como método de pago en el transporte público en 58 localidades, además del AMBA, todavía no se utiliza en todo el país.
El Gobierno todavía no designó un director a cargo de la SUBE, a casi dos meses de gestión. Por lo tanto, no hay información sobre cómo será la expansión del uso de la tarjeta en otras localidades o cómo se implementará la nominalización, ya que, a partir del 1 de abril, los usuarios que no tengan la tarjeta registrada pagarán en el AMBA una tarifa diferencial mayor ($429,30, el tramo mínimo).
En conclusión, agregó que la decisión es que “los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”.
Según datos oficiales de noviembre pasado, 14 millones de personas usan las tarjetas SUBE por mes, de las cuales más de 5 millones poseen la tarifa social federal, donde abonan el valor boleto con un descuento del 55%.
Por Sofía Diamante
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