El Gobierno aumenta el boleto de colectivos a $76,92 desde enero y habilitó también una suba para los trenes

Se terminaron las opciones. Sin tiempo y sin plata, el Gobierno y los colectiveros definen si el camino será subir la tarifa, aumentar los subsidios o bajar las frecuencias. O una combinación de las tres. Como se dijo, ya no hay otra opción.

Después de una reunión entre el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y los directores de varias de las cámaras que representan a los dueños de los colectivos del área metropolitana se decidió que desde el 1° de enero, la tarifa mínima de transporte urbano pase de los actuales $52,96 a 76,92 pesos, es decir, un 45% de incremento. Además, se mantendrá el actual sistema de subsidios que, seguramente, también será incrementado hasta que empiece a regir el nuevo cuadro tarifario. La idea del Gobierno es clara: reducir el peso del subsidio en el costo del sistema que actualmente aporta 91% del total. Es decir, el pasajero contribuye en uno de cada 10 pesos necesarios para circular.

Los precios de los boletos ya estaban atrasados cuando en agosto, y en plena campaña electoral, el entonces ministro de Transporte, Diego Giuliano, por pedido de su jefe político y candidato, Sergio Massa, congeló la actualización mensual por índice de precios al consumidor que se había decidido en diciembre de 2022. Ese sistema de incrementos tarifarios, que pasó por el proceso de audiencias públicas, quedó aprobado hasta diciembre. Y más allá de haber sido aplazado, se podía otorgar de inmediato. Es por eso que el Gobierno decidió este camino, que es el que tiene más a mano.

En rigor, la solución por la que se optó es derogar la resolución 501 del 30 de agosto de 2023 del ex Ministerio de Transporte donde se decidió la suspensión del régimen. De hecho, con esta medida, queda habilitado el camino para que también esta suba se replique en los ferrocarriles. Por ahora, los trenes no han tenido cambios, pero, si se llega a una solución análoga, subirían también 45% y el boleto mínimo pasaría $25,72 a alrededor de $36.

“El transporte automotor de pasajeros del AMBA está fuertemente subsidiado por el gobierno nacional, siendo el monto del subsidio transferido a las empresas del sector en diciembre de $51.893 millones. Esta cifra responde a una matriz de costos y kilómetros recorridos que se fue distorsionando con el transcurso de los años, agravado por políticas equivocadas de congelamiento de precios de insumos fijados por la última administración al mes de agosto del corriente año, y a la falta de adecuación a la realidad de la oferta de equipos rodantes y frecuencias efectivas operadas por el sector en el AMBA”, afirmó el comunicado con el que el Gobierno confirmó la suba.

Como se dijo, ese aumento atrasado es el que correrá desde la cero hora del año próximo. Además, se podría aplicar el de diciembre, una vez que en enero se publique el indicador de inflación que realiza el Indec. Si las estimaciones privadas se confirman, el primero de febrero volvería a subir tanto como suban los precios en este mes; entre 20% y 30%, con lo que el boleto estaría cerca de los $100.

El camino es claro: en la reunión sobrevoló la idea de llevar el ticket a precios cercanos a los que tienen Córdoba y Rosario, donde el pasaje urbano se paga entre $185 y $240.

En el encuentro, además de Ferraro, estaban los funcionarios postulados pero no todavía designados, Juan Ordoñez (Jefe de Gabinete de la cartera) y el secretario de Transporte, Franco Moguetta. Toda una particularidad lo que ocurre en Infraestructura, que no tiene secretarios nombrados aún por decreto y con capacidad formal de gestionar y firmar resoluciones.

Lejos de que la charla discurra por algún reproche mutuo, los transportistas y los funcionarios mantuvieron siempre el diálogo con el objetivo puesto en superar la coyuntura, que se complicó estos días con la caída de las frecuencias que, en algún momento, llegaron a 50%. Todos salieron con la idea que empieza un camino que terminará en reconocer los costos de la operación, llevar la tarifa a ese monto y, en su caso, será el Estado el que decida subsidiar a los usuarios que desee.

Había temas urgentes. Por caso, los subsidios se pagan con un cronograma que establece que el 50% se abona en la primera semana del mes; el 30% restante, la tercera, y el saldo (20%) a mediados del próximo. Es decir, en estas horas se debía depositar ese tercio del total que se devengó a principio de este mes. Los funcionarios confirmaron que las planillas ya se remitieron al banco y que mañana se depositará ese importe. La que viene, llegará el 50% de enero y con eso, los sueldos de este mes están asegurados.

Como contrapartida, los transportistas se comprometieron a mantener una rutina de frecuencias de emergencias, pero regresar a la mayor cantidad de colectivos en la calle.

El inicio de un nuevo esquema

Los funcionarios, los nombrados y los que están de hecho, a diferencia de otras veces, entendieron que la ecuación “boleto más subsidios es igual al 50% del costo de la operación”. Ese detalle no es menor ya que hubo varios interlocutores oficiales que tomaron una postura a la defensiva. Se agradece, decían los transportistas.

Otra de las cosas que irremediablemente sucederá será la búsqueda de una tarifa más equitativa entre las que se cobran en el interior y las que paga el área metropolitana. Casi un susurro al oído del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, un funcionario que se caracteriza por definir un “ustedes y nosotros” a la hora de hablar de los porteños y los habitantes de su distrito, que no sólo colocó a un alfil como secretario, sino que además inscribió su tema en la agenda nacional.

El presidente Javier Milei ya habló hasta el cansancio sobre la necesidad de reducir los subsidios al transporte. Y ahora, sus funcionarios, empezaron a transitar ese camino. Según confirmaron en el Gobierno, en la primera quincena de enero se convocará a una audiencia pública. Mientras ese requisito necesario para actualizar tarifas transcurra su proceso, la mesa de trabajo de la Secretaría de Transporte se comprometió a reconocer mayores costos por combustible e insumos en general.

De hecho, los transportistas llegaron con varios apuntes y con un relevo de costos. Uno, paradigmático, son las cubiertas. De acuerdo con la última resolución que se publicó en agosto, mediante la que se actualizaron los costos para poner en marcha el colectivo, se estimó que una cubierta de las que utilizan estas unidades se podía reponer en diciembre a cambio de pagar $192.866. Nada más alejado de la realidad, ya que, inflación y devaluación mediante, el precio del producto (FS440 275/80), según un relevamiento de mercado, cuesta $546.737 al contado. Claro que se puede financiar a 60 días, pero, el valor se va a $656.080.

Otro ejemplo es el gasoil. De acuerdo a los costos que reconoce el Estado, se debería pagar el litro a $362, mientras que los colectiveros desembolsan entre $650 y $836, según se trate de grado 2 o de grado 3, y si está dentro del cupo que tienen subsidiado o del que compran por fuera del convenio.

El populismo tarifario, que tuvo su pico de expresión en las tarifas de los servicios de transportes metropolitanos, empieza a quedar atrás. Mientras, como aclaró el Ministerio, se mantiene la tarifa social y los atributos (como a los estudiantes) que se aplican en la tarjeta SUBE. Pero de a poco, el costo del transporte empezará a dejar de ser marginal en la composición del gasto de una familia. Quizá sea el momento de la revancha de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe comunal que más impulsó las ciclovías.

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