El Gobierno prorrogó un polémico impuesto que dejaba de regir por el rechazo del Presupuesto 2022
La alícuota de la tasa de estadística se había fijado de manera transitoria en 3% a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en 2019; los tributaristas esperaban que volviera a 0,5% por los compromisos internacionales
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LA NACIONCamila Dolabjian
A través de un decreto, que lleva la firma de Alberto Fernández, Juan Manzur, jefe de Gabinete, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo y Martín Guzmán, ministro de Economía, el Gobierno prorrogó la alícuota de 3% de la tasa de estadística hasta el 31 de diciembre de 2024. Se trata de un arancel a las importaciones cuyo porcentaje se subió de 0,5% a 3% de manera transitoria y por emergencia en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en 2019.
El Gobierno intentó prorrogar esta alícuota en el Presupuesto 2022. El artículo 96, agregado de manera “express” al proyecto, buscó ampliar hasta el 2024 el tributo con distintas destinaciones. El 10% de lo recaudado iría a “fortalecer” el Banco de Inversión y Comercio Exterior, entidad a cargo de José Ignacio de Mendiguren, expresidente de la Unión Industrial Argentina. El 90% restante se repartía entre el INTA (31,30%), la cartera ministerial de Santiago Cafiero (38,47%) y el Tesoro Nacional (30,23%).
Sin embargo, con el rechazo del Presupuesto 2022, la facultad del Gobierno habría caído, para muchos especialistas. Los expertos apuntan a que el Gobierno se está “excediendo” y no tiene potestad para continuar demandando esta alícuota, sino que debía volver al 0,5% anterior, frente a los compromisos internacionales asumidos por la Argentina para reducir esta tasa.
“Están acudiendo a leyes anteriores para decir que, presuntamente, tienen conferida la prórroga de la tasa de estadística. Es muy controversial. De hecho, por algo lo habían incorporado a la Ley de Presupuesto. Se requería pedir autorización legal para que quede sin dudas la facultad vigente. Se está forzando la norma”, explicó Marcelo Elizondo, experto en comercio internacional, a LA NACION.
El artículo 49 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva establecía la tasa estadística al 3% hasta hoy y especificaba: “El Poder Ejecutivo nacional podrá disponedor razones justificadas, exenciones para el pago de la tasa cuando se trate de una actividad específica que tenga como objeto, entre otras, finalidades de ciencia, tecnología, innovación, promoción del desarrollo económico o la generación de empleo”. De esta manera, la ley solo hace mención a las excepciones.
Por otra parte, el Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo puede modificar la alícuota. Karina Castellano, directora del Departamento de Derecho Aduanero y Cambiario de Lisicki Litvin, cuestiona la tasa por su inconsistencia sobre por qué se impone, un reclamo que la Organización Mundial del Comercio formuló a la Argentina.
“No debería ser un proporcional. Si es servicio, lo lógico habría sido mantener los límites del 1998, cuando avanzados los procesos de integración se establece en 0,5% y se fijan límites. Hubo un reclamo de la OMC porque debía haber un costo acorde al servicio, ya que sino era un incremento de los derechos de importación encubierto. Está enmarcado dentro de los tributos aduaneros. Con esta discusión de fondo, la Argentina fue reduciendo y exceptuando pero en 2019 dijo ´voy a poner, transitoriamente, un 3% por la emergencia pública´ y después vuelvo, por los compromisos”, dijo Castellano. Según su visión, el Gobierno tiene la potestad de modificar la alícuota por el Código Aduanero, pero los compromisos internacionales firmados por el país en el 1994 y el reclamo de 1998, se fijaron límites máximos de 0,5%.
“Toda delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo tiene que ser hecha por un período de tiempo. Si culminó y la ley de presupuesto establecía la vigencia posterior de esa delegación, al caerse, este decreto no llega a conformar el principio de legalidad. Hay fallos de la Justicia en este sentido, como Camaronera Patagónica”, opinó César Litvin, tributarista.
Por Camila Dolabjian
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