Lobby y negocios: recrudece la pelea por el combustible que usarán los autos
Es probable que, superada la novedad de la pandemia, 2021 sea un año en que varios debates postergados se abran paso en el Congreso. Uno de ellos será el de una nueva ley de biocombustibles, que podría aumentar los porcentajes de combustibles de origen vegetal que actualmente se exige integrar a los de origen fósil. Por las dudas, los actores interesados en que eso no suceda ya comenzaron a afilar sus argumentos.
En los últimos días, una serie de comunicaciones del sector petrolero y de fabricantes de autos se anticiparon a la reunión que estaba agendada para ayer en la Comisión de Energía, Minería y Combustible del Senado, donde se presentaron 10 proyectos para prorrogar y/o modificar el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles -la ley 26.093-, que fue promulgado en 2006 y vence en mayo de 2021.
Actualmente el corte de naftas con bioetanol debe ser de 12% y el de gasoil con biodiesel, de 10%. En línea con la demanda del sector agroindustrial y las provincias productoras de biocombustibles que conforman la Liga Bioenergética, algunos proyectos presentados pretenden elevarlo incluso hasta el 27,5% en siete años -porcentaje similar al que hoy rige en Brasil-, lo que petroleras y automotrices consideran un error y se encargaron de hacer saber.
En este escenario, la comisión de Energía se decidió por un movimiento cuidadoso que postergó para el año próximo la discusión sobre las modificaciones de fondo. Por unanimidad, dio dictamen positivo al proyecto de la senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun, que simplemente establece una prórroga de la ley 26.093 hasta el 31 de diciembre de 2024, mientras el Gobierno le da forma a un texto nuevo.
"Decidimos por unanimidad prorrogar la ley por cuatro años para dar seguridad jurídica y evitar que nos quedemos de un día para el otro sin el régimen de promoción vigente hace 14 años, pero la discusión de la nueva ley quedará para el año próximo", explicó el presidente de la comisión, Ruben Uñac, a LA NACION. "La Secretaría de Energía junto al Ministerio de Economía y de Producción ya están trabajando en la nueva ley y cuando llegue el momento abriremos la mesa de debate con todos los sectores involucrados y los proyectos", añadió, anticipándose a lo que será una negociación álgida.
Según el texto que obtuvo dictamen, la utilización de biocombustibles genera, en comparación con los combustibles fósiles, un ahorro superior al 75% en la emisión de gases de efecto invernadero y mejora la calidad del aire que se respira en las ciudades. Además, su producción genera diversificación de la matriz energética, desarrollo de economías regionales -hay 54 plantas productoras de biocombustibles en 10 provincias, que generan más de 300.000 empleos directos e indirectos- y ayuda a reducir las importaciones y el precio de los combustibles. Muchos de esos argumentos son cuestionados por diversos actores.
Por otro lado, el sector petrolero y la industria automotriz tienen una larga lista de argumentos por los que no considera conveniente una modificación de ese tipo. Detalla que la ley otorgó cuantiosos beneficios fiscales para la construcción de plantas productoras de biocombustibles, les aseguró un mercado cautivo -las petroleras están obligadas a comprarle a las productoras locales- y los eximió luego del pago de impuestos.
Según apuntan en el sector, en un contexto económico tan delicado, con las arcas fiscales deprimidas por por la pandemia, el Gobierno no puede permitirse resignar el ingreso de los impuestos que no le cobra al sector ni las divisas que podrían generar las exportaciones de algunas de las materias primas que se destinan a la producción de los biocombustibles como maíz y soja.
Según argumenta Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys), "en 15 años el esquema de promoción impositiva actual tuvo un débito fiscal de US$6000 millones por menor recaudación de impuestos y una pérdida de divisas de US$1400 millones por aceite de soja y maíz que podría haberse exportado y terminó volcándose al mercado interno".
Por otro lado, aseguran que los biocombustibles carecen de los controles de calidad necesarios y que al mezclarlos generan problemas en los motores de los vehículos.
Respecto de los precios, señalan que la incorporación de biocombustibles a la fórmula de gasoil y naftas termina por encarecerlos porque "el costo en puerta de refinería del combustible fósil es menor al del biocombustible". Según detallan, cuando se sancionó la ley, en un contexto de altos precios internacionales de petróleo, había un beneficio económico sobre el precio final del combustible al utilizarse otro producto de menor valor al tradicional de origen fósil. "Al poco tiempo ese beneficio económico, a partir de la baja del precio del petróleo y el alza de los productos agropecuarios, se revirtió", aseguran.
Antes del debate en la comisión, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) le envió una carta al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la que enumera una larga lista de motivos por los que no considera conveniente el aumento del uso de biocombustibles, que se centran en las dificultades técnicas que genera para los vehículos y los tiempos y la inversión que demanda la adaptación de los sistemas.
Sin embargo la carta, firmada por Daniel Herrero, presidente de la entidad y de Toyota en la Argentina, también se refirió al punto ecológico. "Si bien el uso de mayores porcentajes de alcohol en el blending de las naftas produce un menor huella de carbono, también hay que considerar que el alcohol genera en la combustión residuos de aldehídos y cetonas, que aumentan con el aumento del corte", detalla.
También se expresó sobre el tema el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), que aseguró que rara vez en el mundo se supera la exigencia de incorporar el 7% de biodiesel y que se suelen establecer niveles "máximos" de mezcla en vez de "mínimos".
Por su parte, la Cámara de Industria del Petróleo le envió una carta a Uñac para solicitarle que los convoque a exponer sobre el tema en comisión antes del dictamen, para evitar regulaciones que considera, podría generar "consecuencias" en el desarrollo de la producción de petróleo y de proyectos "clave para el país" como el de Vaca Muerta.
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