El Gobierno podría pagar US$1300 millones por el concurso de Vicentin
LA NACIONDiego Cabot
El Gobierno podría convertirse en el sepulturero del derecho comercial argentino. Y de paso, como para festejar el sepelio, tener que poner una pared de dólares cuya estimación podría pasar los 1500 millones de dólares. Con guantes blancos y cara circunspecta, los funcionarios del Estado iniciarán el proceso que debería terminar, según lo expresado por el presidente Alberto Fernández, en la expropiación del Grupo Vicentin. Si llevan a cabo lo que enumeraron en varios medios después del anuncio, estarán expidiendo, además, el certificado de defunción del esquema concursal argentino, justo en medio de una coyuntura en la que la herramienta jurídica será uno de los esquema que utilizarán las empresas para salir de la crisis.
El punto que ha pasado por alto todo el Gobierno es que, a diferencia de otras expropiaciones, en esta hay un concurso de acreedores presentado en un juzgado de Reconquista que requiere otro tipo de cirugía. De movida, en esa convocatoria hay US$1300 millones ya verificados. Y si se suman los honorarios de centenares de abogados que representan esas acreencias, el monto se elevaría muy por encima de los 1500 millones.
Pero todo hace suponer que, de acuerdo con el decreto 522, mediante el cual se dispuso la intervención de la aceitera, a los artesanos legales de la Casa Rosada no les ha importado demasiado esa particularidad.
Lo primero que hay que definir es qué es lo que se va a expropiar. Es decir, definir el objeto expropiable. En este caso, todo parece indicar, aunque nadie en el Gobierno se mete por ahora en estos detalles, que serán las acciones. Ahora bien, podrían expropiarse algunos activos que se consideran necesarios para atender la proclamada emergencia alimentaria y no todo el paquete. Pero a poco de andar los redactores de las normas van a reparar en que los activos no podrán tocarse, ya que están dentro de un proceso, el concurso preventivo, que los protege para luego pagar a los acreedores que acuden como peregrinos a verificar sus créditos. No es necesario ser un experto en derecho para entender lo que significa esta protección. Fue Guillermo Moreno, economista y exsecretario de Comercio Interior, que alguna vez fue el terror de las empresas, el que lo puso en una oración: "No es facultad del Presidente intervenir una empresa del sector privado bajo cualquier circunstancia, pero menos aún si está en convocatoria de acreedores, que significa que está bajo el paraguas protector de un juez natural".
Sin la posibilidad de poder expropiar bienes, solo queda ir por la expropiación de las acciones a los dueños. Serán varios, Alberto Padoan, uno de los empresarios que la Justicia imputó por pagar coimas en la causa de los cuadernos, será uno de ellos.
Al quedarse con las acciones, el Estado –vale repetir el Estado y no el Gobierno– tomará los derechos, pero también las obligaciones. Dicho de otra manera, los activos y los pasivos, o los créditos y las deudas.
Será, entonces, el titular del concurso de acreedores. Allí lo espera un listado de 61 páginas de deudores, entre ellos 16 bancos, entre los que están el Nación ($18.182 millones), el bonaerense ($1814 millones) y varios privados.
El Gobierno quizá no hizo un trabajo simple: ordenar el listado de acreedores que estaba por alfabeto y ordenarlo por los montos más grandes. Entonces habría encontrado que es verdad que el Banco Nación es el principal, pero ahí nomás, a poco, está el Banco Mundial con la poderosa Corporación Financiera Internacional, el brazo del organismo multilateral que le entrega préstamos al sector privado. A la IFC, según sus siglas en inglés, se le deben $16.504 millones.
El tercero, con $9228 millones, es la Netherlandse Financiering, un banco de desarrollo holandés. El financiamiento, por US$150 millones, se entregó en junio pasado y está garantizado por una cesión de derechos de cobro de contratos de exportaciones de granos. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank actuó como coorganizador y Natixis, New York Branch, actuó como agente de la garantía. Los teléfonos de varias embajadas se activaron ayer mismo.
El decreto dispone, además, la intervención y acude a un entramado de artículos de la ley de expropiación que hablan de la ocupación temporaria. Pero ese instituto que se podría sintetizar como "la intervención, requiere el avenimiento de los accionistas. El decreto justifica la necesidad de entrar a la compañía en cuestiones de urgencia, pero la cerealera no estaba en condiciones de extrema emergencia que justifiquen el desembarco.
Es más, la mayoría de las empresas que deciden concursarse pasan a tener mejores números. No es para menos y de esto sabe algo la Argentina: al no pagar la deuda se utiliza el dinero para otra cosa. Para que se entienda: el concurso es una norma legal mediante la cual le dicta a los acreedores la prohibición de que vayan a tocarle el timbre al deudor hasta que éste presente una propuesta. Vicentin, en este caso, dispone del dinero que antes le daba a quienes les debía. Ahora será del Estado el que maneje esa plata, pero deberá hacerse cargo de un concurso de US$1300 millones. O al menos de hacer una propuesta que logre las mayorías necesarias para que se pueda imponer a todos los que hacen fila para cobrar.
Por Diego Cabot
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