Juicio por YPF: el Gobierno pidió extender la fecha límite para presentar garantías

Luego de la sentencia que dictaminó que el Estado argentino debía indemnizar a los fondos Burford e Eton Park por la expropiación de YPF en 2012, que establecía un pago de cerca de US$16.100 millones, el Gobierno, que busca apelar la medida, presentó este lunes un escrito ante la jueza Loretta Preska en el que solicita que extienda la fecha límite —el miércoles 10 de enero— para presentar garantías y evitar posibles embargos.

La carta, presentada a través del estudio Sullivan & Cromwell LLP, firma que representa a la Argentina en el caso, considera que “mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en los Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos”.

Preska deberá tomar una decisión antes del martes al mediodía: mantener el miércoles como el último día para entregar las garantías que exige el proceso de apelación o prorrogar el tiempo acorde al pedido del Gobierno.

Cabe destacar que la magistrada ya había rechazado un pedido similar en diciembre, lo que implica que, por el momento, el país debe entregar avales correspondientes al pago de los US$16.000 millones establecidos en la sentencia de septiembre.

En el fallo de principios de septiembre se había determinado que la fecha de expropiación de la petrolera fue el 16 de abril de 2012, momento en que el Estado había decretado la intervención en la empresa. También se estipuló, en ese momento, que la tasa de interés acumulada del pago de la indemnización iba a ser del 8% anual en dólares, confirmando, así, la fórmula para calcular el monto de indemnización. Desde el día de la sentencia, corre la tasa fija establecida por la ley procesal de Estados Unidos (tasa de las letras del tesoro estadounidense), de 5,42%.

Ya en el momento de aquel fallo, el Estado había anunciado su decisión de apelarlo, y la jueza Preska había accedido al pedido argentino de extender hasta este miércoles el plazo para depositar la garantía requerida y evitar los embargos. Además, en diciembre, con Javier Milei ya electo presidente, Preska había aceptado, a su vez, eximir al Estado del pago de una fianza por el monto total del juicio, a la espera de una sentencia firme sobre el resarcimiento a Burford Capital.

El nuevo pedido argentino surge a pocos días de que el vocero presidencial Manuel Adorni se expresara respecto del juicio, afirmando que “la Argentina está en una situación muy complicada”. Y sostuvo: “Son montos que exceden lo que uno puede suponer como un traspié menor. Entendemos el desastre que se ha hecho y el desastre que la administración en aquel momento, tal vez con el exabrupto de Axel Kicillof, ha desembocado en el gran desastre que es este fallo”.

Además, también Milei se expresó sobre el juicio en una entrevista para LN+: “Hay un problema, porque la plata no la tenemos, pero sí tenemos la voluntad de pagar. Una de las ideas en las que estamos trabajando, es crear la ‘tasa Kicillof’, que es pagarle a este fondo con un bono perpetuo. La idea es que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, comentó en su momento.

Esta solicitud de Sullivan & Cromwell se sostiene sobre la base de que la nueva administración debe evaluar la totalidad de la Orden del Tribunal, con lo que requerirá información adicional: “En particular, acelerar el cronograma de presentación de informes sobre la apelación sería un desafío debido a que los demandantes presentaron una apelación cruzada, e YPF, en respuesta, presentó una apelación cruzada, lo cual requerirá información adicional”, sostiene el pedido.

Conforme a los criterios de

Conocé más

Cambios profundos en 2025. Detalles de una propuesta que liquida 23 años de historia

Lágrimas de constructores. El Gobierno oficializó la poda a la obra pública y el Tesoro le pidió a la Secretaría que devuelva 1 billón de pesos

Impuesto PAIS. Qué efectos tendrá, en costos, precios y recaudación, la eliminación de la carga fiscal