El Gobierno pidió a Greenpeace que apoye el control pesquero
Le solicitó que envíe uno de sus barcos al límite de la zona económica exclusiva
El Gobierno solicitó ayer la colaboración de Greenpeace para hacer frente a la concentración de 300 buques asiáticos que pescan calamar en la milla 201, al límite de la zona económica exclusiva argentina.
La organización ecologista, famosa por sus intervenciones en contra de la caza de ballenas y de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), apareció como una alternativa a este problema que amenaza la salud biológica de la segunda especie en importancia comercial para la Argentina por 200 millones de dólares.
Los buques no cometen formalmente ningún delito al instalarse en esa zona, aunque depredan "en gran escala" los recursos del Mar Argentino, tal cual denunció el titular de la Dirección Nacional de Pesca, Horacio Rieznik, que sobrevoló la zona en un avión P-3 Orion de la Armada.
"Creo que sería oportuno de parte de ustedes -por Greenpeace- destinar un barco de observación a la mencionada zona", expresó el funcionario en una carta enviada al responsable de pesca en Greenpeace, Juan Carlos Villalonga. En esa misiva, Rieznik manifiesta su preocupación y confiesa haber tenido "la sensación de ser víctimas de una suerte de bloqueo por parte de una flota extranjera instalada en el límite de nuestra zona económica exclusiva, que es como decir en nuestras propias aguas", dijo.
Villalonga dijo ayer a La Nación que Greenpeace "siempre ha colaborado con el Gobierno", pese a que actualmente la organización ecologista carece de los elementos para participar de una campaña.
"Nuestra faceta confrontativa es la más visible, pero en este momento no contamos con ninguno de los cinco barcos que la organización posee en el mundo para dar una respuesta instantánea", admitió Villalonga, aunque aclaró que la ayuda de Greenpeace está condicionada. "Colaboramos siempre y cuando eso no signifique al Gobierno quitarse una responsabilidad de encima", dijo el ecologista.
La otra carta que piensan jugar las autoridades es denunciar internacionalmente la depredación de los recursos y reclamar la posibilidad de extender el poder de policía unas 150 millas más. Se trata de una práctica empleada por otros países que tienen el mismo inconveniente, tales como Chile, Perú y Ecuador.
"Todas las naciones que tienen una plataforma continental que supera las 200 millas reciben flotas furtivas que pescan ahí, y el Atlántico Sur es una de las mejores zonas para el calamar", explicó Oscar Fortunato, presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA).
En Canadá y Noruega se han formado comisiones para reglamentar la pesca en esas "extrazonas", pero en la Argentina se podría generar algún conflicto con las islas Malvinas, que forman parte de la plataforma continental.
En la próxima reunión de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, en sus siglas en inglés), por celebrarse a fines de este mes, la Argentina expondrá la necesidad de extender su poder de policía hasta las 350 millas, confirmó Rieznik.
"Por tratarse el calamar de una especie transzonal (migratoria), la FAO seguramente va a recomendar que se llegue a un acuerdo bilateral con las naciones que pescan en el límite, pero eso es un problema porque la Argentina ni siquiera reconoce a Taiwan como Estado", estimó Rieznik.
En realidad, otros países, como Canadá, han tomado determinaciones drásticas para expulsar las flotas extranjeras. Años atrás, ese país echó a cañonazos a los buques españoles que pescaban bacalao en su plataforma continental. Ese episodio se llamó luego "la guerra del bacalao" y los españoles no volvieron.
"Para la comunidad internacional esos barcos están cometiendo un delito, por eso mandamos la carta a Greenpeace, aunque no dejamos de analizar otras alternativas", añadió Rieznik.
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