El Gobierno oficializó la poda a la obra pública y el Tesoro le pidió a la Secretaría que devuelva 1 billón de pesos

A horas de terminar el año, la obra pública argentina vio como se esfumaba la última esperanzas de fondos. El Tesoro le pidió a la Secretaría de Obras Públicas que devuelva un billón de pesos que estaban en el presupuesto y que habían sido recaudados específicamente para ser derivados a proyectos de infraestructura. Era un hecho que el presidente Javier Milei no destinaría una moneda de más a uno de los nudos de gasto público que siempre denostó. Ahora bien, también decidió que tampoco termine ahí lo que cada contribuyente puso de su bolsillo cuando pagó, durante el último año, el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS).

La cuestión es simple. Hace ya cuatro años, cuando el tributo apareció, en el amanecer del gobierno de Alberto Fernández, se aprobó con una cláusula de distribución. Originalmente, esa norma se estableció que la recaudación se destinaría en un 70% a la Anses –de ese porcentaje, 42 puntos porcentuales quedan en el organismo y 28 se envían al PAMI–. A su vez, el 9% se debe reservar para el financiamiento de obras de vivienda social, bajo administración del polémico Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y otro 19,5%, a obras de Infraestructura Económica que debe ser ejecutado por la Secretaría de Obras Públicas que depende del Ministerio de Economía. Queda un mínimo porcentaje (1,5%) que debía financiar actividades de fomento del turismo nacional.

Pero a poco de llegar, el Gobierno desarmó aquella ecuación. Mediante el decreto 193 de 2024, de febrero pasado, eliminó prácticamente el aporte al FISU y del 9% lo redujo a 1% para entregarle esa diferencia a obras públicas.

Con ese esquema, el impuesto PAIS se convirtió en una máquina recaudatoria que el Presidente está a punto de desarmar. Como para poner en números semejante impuesto. De acuerdo a los datos oficiales de ARCA, la exAFIP, hasta noviembre, el tributo que inventó Alberto Fernández había recaudado 6,17 billones de pesos en el año. Para dar perspectiva a esta cifra de 12 ceros, era prácticamente el triple que el de los combustibles ($2,07 billones) y un 12% más de la cantidad de dinero que dejaron los derechos de exportación, también llamados retenciones, que aportaron al Fisco $5,43 billones en el mismo período.

Como se dijo, y según la distribución que se acordó en la ley, pues el 19,5% de ese monto debió haberse girado a la Secretaría de Obras Publicas, para proyectos de infraestructura. Pero eso, más allá de que se presupuestó, esa cifra billonaria no fue enviada jamás a la repartición que debía ejecutarlo. Terminó, como todos los impuestos, en la cuenta única de la administración.

Así las cosas, llegó el fin de año y empezó la necesidad de darle un barniz de prolijidad a las cuentas públicas. Entonces, apareció un pagaré con 12 ceros. “Establécese que la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía deberá constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional por Pesos un billón ($1.000.000.000.000)”, dice un artículo del decreto 1104 publicado el 17 de diciembre en el Boletín Oficial. Parece una cuestión técnica, pero se trata de la consolidación de la decisión de Milei de no poner una moneda en obra pública, aún aquella que fue recaudada con una aplicación específica. Y si bien no le quitó todo, pues se hizo de gran parte. Lágrimas de fin de año para los constructores argentinos.

Para la Secretaría, un organismo que ha perdido toda la importancia que supo tener y que maneja Luis Enrique Giovine, un hombre que llegó de la mano del peronismo de Córdoba que maneja Juan Schiaretti, es el peor negocio imaginable, ya que “el préstamo” se hizo el 18 de diciembre mediante un pagaré gratuito cuyo vencimiento es el 18 de marzo de 2025.

Si bien el vencimiento es en marzo, nada indica que ese dinero se devolverá entonces. Un especialista en presupuesto que estudia los números del Estado considera que, seguramente, se renovará ese pagaré. “Ese dinero no se ve hasta el fin del año próximo. Lo que pase intra Estado durante el año no se necesita mostrar. A fin de 2025 se deberá mostrar si se devolvió o no. Igualmente, como es sin interés, en el medio habrá perdido gran parte de su valor”, dijo.

La recaudación debía destinarse a la construcción de viviendas sociales y ser manejada por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) ya había sufrido una quita importante en febrero cuando el Gobierno detonó hace un tiempo las estructuras de los fondos fiduciarios, entre ellas la de este polémico reducto del Estado. Ese lugar se había convertido en una caja de las organizaciones piqueteras y los movimientos sociales peronistas con la que manejaron millones de pesos durante le gobierno de Alberto Fernández.

En mayo pasado, el fiscal Carlos Stornelli imputó al dirigente social Juan Grabois; a la militante de su espacio Ramona Fernanda Miño, que estuvo al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana; a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y a Jorge Miguel Tanus, que fue presidente del BICE Fideicomisos durante la gestión de Fernández. El origen de aquella imputación fue una denuncia que se inició después de una auditoría ordenada por la Casa Rosada de Milei donde se conocieron irregularidades en el manejo del FISU durante el período 2020-2023.

En horas, el PAIS dejará de existir. Se termina así un impuesto que recaudó en 2024 más que las retenciones y que entre un año y otro estableció el récord de crecimiento con un alza de 480%. Finaliza una etapa que inauguró Alberto Fernández y que sirvió para recaudar y, además, encarecer el dólar mediante un impuesto sin devaluar. Fue el responsable de gran parte de la brecha cambiaria que hizo millonarios a varios burócratas y empresarios, fascinados por la posibilidad de acceder a una moneda con una cotización para privilegiados. Una verdadera casta cambiaria. Se termina el PAIS y también la ilusión de obra pública con el dinero que se recaudó en el año.

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