El Gobierno modificó las indemnizaciones por incapacidad laboral a través de un DNU
LA NACION
El gobierno nacional fijó nuevas condiciones para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte de un trabajador, que deben abonar las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.
Tras realizar su primera promesa de campaña en la que anunció una reducción a cero a las contribuciones patronales por cada nuevo empleador que contraten las PyME, se dieron a conocer cambios en el mercado laboral.
El decreto 669/2019 publicado este lunes establece, dado "las condiciones económicas y financieras recientes", un nuevo criterio para calcular el monto indemnizatorio en casos de invalidez y muerte.
Para el nuevo cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio N° 95 de la OIT- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor.
Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes, aplicándose la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Ripte en el período considerado.
En caso de que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo no pongan a disposición el pago de la indemnización dentro del plazo debido, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) dijeron que el DNU "viene a subsanar la distorsión generada por la aplicación de tasa activa de interés" a las indemnizaciones por accidentes de trabajo.
"Actualmente, por motivos macroeconómicos y de política monetaria, dicha tasa está en valores en torno al 100%, por lo cual las indemnizaciones por accidentes de trabajo se distorsionan de manera significativa. Si se considera un salario de $42.000, la aplicación de tasa activa prevista en la ley llevaba a que se pagara indemnización como si el salario hubiese sido de $73.000. Por lo expuesto, el DNU reemplaza la tasa activa por la tasa de variación del Ripte que refleja la evolución de los salarios formales de la economía", señalaron.
La distorsión generaba según ellos un estímulo a litigar en vez de disuadir el inicio de acciones legales poniendo en riesgo la importante disminución inicial de la litigiosidad lograda. Además, el sobrecosto atenta contra la vida del sistema porque lo desfinancia en un momento en que el que el valor de las inversiones de las compañías cayó un 20% post PASO.
En 2017, la Superintendencia de Seguros de la Nación dictó una resolución a través de la cual impulsó el pago de indemnizaciones por parte de las ART, permitiendo que estas utilicen reservas técnicas para la celebración de acuerdos conciliatorios y aumentando la exigencia económica en materia de constitución de reservas para pasivos judiciales en los estados contables de las mismas.
Además, se elevó el monto mínimo de reserva por juicio, fijando una actualización periódica para que el transcurso del tiempo no afecte la relación entre ese pasivo constituido y la realidad económica imperante a lo largo del tiempo.
La adopción de esa medida indujo a las aseguradoras a celebrar acuerdos conciliatorios y cancelar juicios que estaban pendientes, disminuyendo los plazos de pago en beneficio de los trabajadores afectados.
En los considerandos de la medida, se destaca que resulta necesario asegurar la continuidad de las condiciones de sostenibilidad del Sistema de Riesgos del Trabajo, propiciando la protección de los asegurados y trabajadores mediante un sistema financieramente viable, mediante garantías técnicas que permitan actuar ante un posible deterioro de la situación patrimonial de las aseguradoras.
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