Con una quita del 30%, el Gobierno acordó con los holdouts argentinos que habían ganado el caso del pari passu
Se trata del Grupo Varela, integrado por 13 jubilados que habían comprado sus bonos antes del default de fines del 2001
LA NACIONMartín Kanenguiser
Los holdouts argentinos que le habían ganado la causa del “pari passu” por la deuda en default al gobierno kirchnerista, finalmente llegaron a un acuerdo y cobrarán sus bonos. Se trata del denominado “Grupo Varela”, que llegó a un acuerdo que todavía no fue comunicado oficialmente por el mediador Dan Pollack, designado por el juez Thomas Griesa.
Así lo confirmaron a LA NACION calificadas fuentes oficiales que participaron de las negociaciones con este grupo, que apenas tenía tienen US$ 1.125.000 en bonos sin cobrar, pero que lograron la sentencia que obligó al estado argentino a negociar hasta llegar a un acuerdo. Los abogados de los bonistas ratificaron desde Nueva York la información.
Se los conoció de esta manera porque Pablo Alberto Varela era el primer apellido que surgía de la presentación colectiva que hicieron en la causa del “pari passu” junto con los fondos buitre NML y Aurelius, que la Corte Suprema de EE.UU. dejó firme en contra de la Argentina en 2014.
Por lo tanto, gozaban de la injunction, la medida cautelar emitida por Griesa, que recién fue levantada en abril último, cuando la Argentina llegó a un acuerdo con la mayoría de los holdouts, a cambio de la emisión de US$ 16.500 millones.
La defensa confirmó que se les reconoció el mismo porcentaje (70% de lo que reclamaban) que a los otros bonistas que tenían la sentencia por el "pari passu".
Sus integrantes eran todos jubilados argentinos que adquirieron los títulos soberanos antes del default de fines del 2001.
Además de Varela, los litigantes individuales fueron Lila Inés Burgueño, Mirta Susana Diéguez, María Evangelina Carballo, Leandro Daniel Pomilio, Susana Aquerreta, María Elena Corral, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, Cesar Rubén Vázquez, Norma Haydee Ginés y Marta Azucena, aunque no todos sobrevivieron hasta la actualidad.
Luego del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los grandes fondos, el abogado de estos bonistas, Marc Spencer, se quejó porque Pollack no atendía sus demandas específicas y trató de que la Corte de Apelaciones de Nueva York le impidiera a Griesa levantar la medida cautelar. Spencer acusó entonces a Pollack de querer focalizar la negociación "con los fondos de inversión más grandes", de modo de "obligar a muchos otros bonistas en default a aceptar la oferta unilateral de la Argentina antes de que expire el plazo del 29 de febrero".
Pero ahora, como la mayoría de los bonistas, el Grupo Varela llegó a un acuerdo. Cabe recordar, como informó LA NACION esta semana, que el Gobierno solo debe arreglar casos por un total de US$ 1000 millones, menos del 1% del total, concentrados básicamente en tres fondos de inversión (Bybrook, Redwood y Attestor) y algunos minoristas, entre ellos los integrantes de la Asociación Argentina de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd).
Pese a que algunos abogados consideran que los pocos holdouts que quedan tienen poco poder de fuego tras la decisión de Griesa, el directivo de Adapd Horacio Vázquez señaló que “tanto la Cámara de Apelaciones en abril como Griesa en una ocasión posterior aclararon que no tienen potestad para obligar a los bonistas a aceptar la propuesta argentina, lo cual significa que si la oferta no se acepta, el Estado tiene que pagar”.
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