El Gobierno le quitó beneficios a casi la mitad de las empresas textiles adheridas al régimen de Tierra del Fuego
Según se expidió la Secretaría de Industria y Comercio, cinco de las once compañías que estaban inscriptas no cumplían al menos un requisito y, en consecuencia, determinó que dejen de percibir las exenciones impositivas, así como también que devuelvan al Estado todo lo que no pagaron desde el 1° de enero
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LA NACION
Los regímenes especiales para la producción en Tierra del Fuego siempre generaron debate. Hoy, la gestión libertaria, que busca reducir impuestos e impulsa esquemas como el RIGI, resolvió quitarle beneficios tributarios a casi la mitad de empresas textiles que estaban inscriptas en la provincia austral.
Según comunicó la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, el Gobierno “se expidió respecto de las adhesiones al subrégimen textil y decidió excluir a cinco empresas que incumplieron con los requisitos establecidos en el Decreto 594/23 y no podrán gozar los beneficios impositivos y aduaneros que concede el régimen especial”.
Entre los beneficios que percibían se encontraba la exención al pago de Ganancias, IVA, derechos de importación y otros beneficios. El Gobierno había dispuesto una prórroga de este subrégimen dado que, en 2021, la anterior gestión había estipulado que para la producción textil este esquema vencía el 31 de diciembre de 2023.
La gestión libertaria había decidido extender este régimen para empresas textiles en Tierra del Fuego, aunque con una quita progresiva de las exenciones en el pago de los impuestos mencionados. De esta manera, once aplicaron a la prórroga. Sin embargo, la Secretaría conducida por Pablo Lavigne, dentro del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, observó que cinco de ellas incumplieron los requisitos.
Si bien el Gobierno no dio a conocer la nómina de empresas que incumplieron estos requisitos, LA NACION pudo conocer cuáles son a través de fuentes del sector. Se trata de Hilandería Río Grande, Barpla, Australex, Fabrisur y Sueño Fueguino.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, explicó en redes sociales que “el sector textil de la provincia enfrenta una compleja situación que se ha agudizado” después de la resolución firmada por Lavigne. En consecuencia, informó que se reunió con su equipo de Gobierno para “proteger los puestos de trabajo”.
“Uno de los requisitos omitidos es la acreditación de origen, un procedimiento que certifica que las telas fabricadas pasaron por el proceso productivo reglamentado en el subrégimen”, explicó la Secretaría de Industria y Comercio en su comunicado. Fuentes del sector ampliaron: “Le agregaban procesos que no estaban previstos para esos beneficios”.
Esta decisión tendrá un impacto alto en el sector, ya que, de acuerdo a la información oficial, once empresas textiles estaban inscriptas en el subrégimen de Tierra del Fuego. Es decir, casi la mitad de las compañías fueron excluidas. Pero no sólo eso, la producción de las segregadas representa el 80% del volumen total.
Además, las cinco empresas excluidas, según surge del comunicado oficial, no cumplieron con alguno de las siguientes condiciones establecidas por ley: renuncia expresa a juicios futuros contra los gobiernos nacional y provincial, no poseer causas judiciales en trámite contra dichas jurisdicciones, la acreditación de origen de sus productos en el último año y la acreditación de cumplimiento de obligaciones tributarias y previsionales.
“Las empresas excluidas por incumplir con al menos una de estas condiciones tendrán que restituir al Estado el beneficio otorgado desde el 1 de enero de 2024″, explicó la Secretaría de Industria y Comercio.
Según datos oficiales, el subrégimen de beneficios para la producción textil en Tierra del Fuego tiene un costo anual equivalente a $20.000 millones. En consecuencia, en un despacho oficial calcularon que aproximadamente las compañías que incumplieron los requisitos deberán pagarle al Estado una cifra cercana a los $12.000 millones.
A raíz de la decisión de la Secretaría de Industria y Comercio, podría afirmarse que esta determinación acercó posiciones con un exmiembro del Consejo de Asesores del Presidente, Teddy Karagozian.
El empresario textil se había manifestado en contra de este régimen para el sector en Tierra del Fuego, cuando en 2021 la gestión del Frente de Todos lo había prorrogado. En su momento, había publicado en Twitter: “El régimen de Tierra del Fuego es una burla a un país q no tiene dólares y se le permite a las empresas instaladas ahí utilizarlos sin límite”.
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