El Gobierno le pidió pesos al Banco Central para comprar los dólares con los que le pagará al FMI

El Gobierno le pidió al Banco Central (BCRA) el último viernes un nuevo préstamo por $122.000 millones, dinero que usó para comprar algo más de US$1100 millones que usará para mantener al día los pagos por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el resto de los organismos multilaterales.

La transferencia se hizo en concepto de Adelantos Transitorios (AT), la única vía de financiamiento al Tesoro Nacional, aunque ya muy acotada por los límites que impone la Carta Orgánica al BCRA, ya que a comienzos de octubre agotó la posibilidad de asistirlo mediante el giro de utilidades. Eso se debe a que pisó el tipo de cambio y aumentó exponencialmente sus gastos para imprimir billetes y pagar su deuda remunerada. Así, ya no reflejará ganancias como en años anteriores -cuando lo pudo hacer sólo por la fuerte devaluación del peso- o serían apenas mínimas, según pudo confirmar LA NACION.

“El AT solicitado sirvió para completar el financiamiento de todos (no sólo el FMI) los pagos en dólares que debía enfrentar el Tesoro entre el 28 de enero y el 4 de febrero”, explicó Economía.

A eso hay que sumar que el principio de acuerdo con el FMI lo obligará a reducir de 4,6 a 1 punto del PBI (de $2,1 billones a 0,65 billones) la ayuda mediante la emisión, un recurso del que abusó en los últimos dos años la administración Fernández, en principio por las exigencia que planteó la irrupción de la pandemia a un país sin crédito ni ahorros fiscales.

Pero durante el año pasado lo hizo para dar rienda suelta, en el segundo semestre, al gasto público con fines electorales, lo que llevó al BCRA a hacer 11 transferencias por $1,15 billones al Tesoro en el último trimestre. Aún cuando la inflación entregaba muestras muy claras de no moderarse ni por el dólar pisado, ni por el congelamiento de tarifas ni por los sucesivos “acuerdos” de precios.

En esta ocasión se trata del primer AT de 2022 e implica algo menos de un quinto del monto total de asistencias que el BCRA podría darle al Gobierno, si cumple con lo prepactado con el FMI, algo a lo que debería aspirar porque un incumplimiento podría derivar en la el freno de los reembolsos comprometidos. “Está dentro de los montos previstos en el acuerdo y la decisión del Ministerio de Economía de solicitar esa asistencia ahora está relacionada con su planificación financiera del año”, aclaran desde el ente monetario.

A diferencia de los repetidos giros del año pasado, la emisión actual, en principio, “no tiene efectos monetarios, ya que no financió parte del gasto primario, sino a la compra de dólares para pagar servicios de deuda externa”, hizo notar el economista Leonardo Chialva, de la consultora Delphos Investment. Lo de “en principio” está vinculado al destino que el Gobierno podría darle a los DEG que el FMI debe reintegrarle al país como parte del acuerdo.

Hay que recordar que en agosto de 2021 el Gobierno incorporó al Presupuesto ese recurso extraordinario por un monto equivalente a los US$4334 millones (decreto 622/2021) para hacerse de $422.174 millones “extras” que le permitieron hacer una maniobra contable para burlar los límites al financiamiento fijados por la carta orgánica del BCRA, estrategia que -de repetirse- implicaría una nueva e importante inyección de pesos.

Gracias a ello, dio rienda suelta al funcionamiento de la maquinita, al punto que el BCRA llegó a entregarle al Gobierno “recursos que incluso superaron el rojo fiscal del año”, hizo notar el economista Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados financieros.

El acuerdo con el FMI fija tres restricciones al BCRA: la mencionada pauta de emisión, un compromiso de ir avanzando hacia un esquema de tasas de interés “positivas” para estimular el ahorro en pesos y sumar al menos US$5000 millones a las reservas netas, objetivo que se considera “cumplible”, dado que esa cifra “incluye los desembolsos netos proyectados del propio Fondo y el resto de los organismos multilaterales”, explicó días atrás el economista Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica.

Martín Vauthier, economista director de Anker Latinoamérica, destaca que el esquema definido en el acuerdo con el FMI apunta básicamente a detener la borrachera monetaria, para tener chances de bajar la nominalidad de la economía. “Es más restrictivo con el financiamiento monetario que con la meta de déficit fiscal”, remarca. Es la razón que lo lleva a creer que esta vez no habrá maniobras para gambetear las metas.

Esa idea está en línea con los pronunciamientos coordinados que a comienzos de la semana hicieron desde la conducción del BCRA. “Cuando hay déficit fiscal y se necesita financiarlo con endeudamiento y emisión, hay una pérdida de soberanía”, sostuvo su presidente Miguel Pesce en una entrevista, cuando hasta hace unos meses ni dudaba en afirmar que asistirían al Tesoro cada vez que lo demande.

“Es totalmente anómalo en el mundo que tu única fuente de financiamiento sea el Banco Central. La mejor forma de financiamiento es que sea tu propia moneda para no perder soberanía y no generar incertidumbre”, afirmó el vicepresidente primero de esa entidad, Sergio Woyecheszen.

Dos de los principales objetivos del acuerdo son acumular reservas y reducir la emisión monetaria. También incluye que el ahorro en pesos le gane a la inflación, aunque “no pensamos subir las tasas de manera desmesurada como hizo el Gobierno anterior”, apuntó por su parte el vicepresidente segundo, Jorge Carrera, en medio de un intento coordinado por cambiar las expectativas de mercado.

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