El Gobierno les dio a los movimientos sociales el 30% de la obra pública de hasta $300 millones

En la misma medida que puso fin a las nuevas incorporaciones al plan Potenciar Trabajo (decreto 728/2022), el Gobierno promovió en favor de las “Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular” el otorgamiento del 30% de la obra pública, bajo la modalidad de contratación que corresponda para montos de $300 millones o menos. Este monto será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de las cooperativas.

Además, se instruyó a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar como parte de la evaluación de oferentes para la obra pública un margen de preferencia para aquellos que acrediten tener un 5% de sus trabajadores vinculados a través del programa “Puente al Empleo”, una iniciativa del Gobierno para “transformar planes sociales en trabajo genuino”.

“La idea es restaurar la política de construcción de vivienda, de asfalto. Durante el gobierno de [Alberto] Fernández no hemos firmado grandes obras, solo la SISU (Secretaría de Integración Socio Urbana). La gente quiere trabajar, no quiere un plan social“, explicó Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita y secretario de Articulación de Política Social.

En la medida, el Gobierno justifica la decisión por la necesidad de reducir el desempleo y fomentar políticas de inclusión. “La limitación de las incorporaciones viene acompañada de un direccionamiento de recursos para unidades de gestión productiva, con el objeto de incrementar las transferencias destinadas a la adquisición de bienes de capital, las que hoy se canalizan a través de diversos programas o componentes de los mismos”, figura entre los considerandos.

Una fuente conocedora de los movimientos sociales explicó que esta medida apunta a, entre otro tipo de obras, aquellas de mejoramiento en barrios populares. Es decir, que las agrupaciones tendrán control sobre a quiénes contratan para la realización de intervenciones en los mismos lugares donde militan políticamente.

Uno de los primeros en criticar la medida fue Luciano Laspina, diputado nacional por el Pro. “El decreto 728/2022 es una carta de rendición ante la extorsión de las “organizaciones sociales” kirchneristas. Obliga a “realizar” $300.000 millones de obras públicas con esas organizaciones. Algunas cooperativas “tienen dueño” o son una nueva estructura de punteros. Un delirio”, dijo en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con distintas fuentes, esta cláusula fue parte de una negociación con el Gobierno en el marco del fin al ingreso de nuevos beneficiarios a la nómina de planes sociales como el Potenciar Trabajo, cuya ejecución depende de “unidades de gestión” asociadas a los movimientos sociales.

Ellos son los responsables de dar el visto bueno sobre si los titulares de los planes realizan o no las contraprestaciones laborales obligatorias para recibir el monto mensual. Si manifiestan a las oficinas públicas que no es así, podría estar sujeto a la pérdida del beneficio. Para la oposición, este mecanismo permite “controlar” a los recipientes del programa y en el Gobierno admiten que una baja porción de los beneficiarios cumplen con las tareas encomendadas.

“Les da mayor control en la lógica punteril. Canalizan obras/caja. Crean monstruos enormes en manos de punteros políticos. Es el modelo “sueños compartidos”, dijo Laspina a LA NACION.

Fuentes de los movimientos sociales explicaron que se trata de una política originaria del gobierno de Néstor Kirchner, en el que se llegó a contratar a cerca de 80.000 miembros de movimientos sociales para la obra pública. La iniciativa continuó, aunque en menor medida, tanto en la época de Cristina Kirchner como de Mauricio Macri. Desde la asunción de Alberto Fernández, dejó de realizarse y buscan restituirla.

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