El Gobierno invertirá $1000 millones para mejorar la conexión de Internet de las cárceles
El desembolso se hará a partir de un fondo fiduciario al que hacen aportes las empresas de tecnología y comunicaciones; se trata de ocho complejos penitenciarios y cerca de 11.000 personas privadas de la libertad
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LA NACION
A través de la Resolución 2183/21, el Gobierno oficializó una inversión de $1.000.000.000 para mejorar la conectividad de las unidades del Sistema Penitenciario Federal. El Programa será financiado con el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que se alimenta de aportes obligatorios de las empresas de servicios tecnológicos y de telecomunicaciones, como Movistar, Claro, Personal, Fibertel, entre otras.
Entre los motivos de la medida se encuentran mejorar la conexión para videollamadas, plataformas educativas, repositorios de contenidos audiovisuales, “favorecer los procesos de conectividad digital de los internos, conforme el desarrollo de sus actividades” y “reducir la brecha digital, posibilitando el acceso equitativo y de calidad a Internet”, según se desprende de la medida oficial.
El Servicio Penitenciario Federal está compuesto por ocho complejos y 27 unidades distribuidas en 13 provincias. Hay cerca de 11.000 personas privadas de la libertad en estas instituciones. La inversión del programa de conectividad será de $90.000 por preso, aproximadamente.
El Fondo Fiduciario que desembolsará el presupuesto para el proyecto recibe aportes de las licenciatarias de servicios TIC equivalentes al 1% de los ingresos totales devengados por la prestación de servicios, netos de los impuestos y tasas que los graven. La ley que lo regula (27.078) establece que este aporte no puede ser trasladado a los usuarios, “bajo ningún concepto”.
El Programa, que durará dos años, todavía no cuenta con proyectos concretos. Estos se determinarán a través de programas que deberán estar destinados a proveer adecuada conectividad y/o provisión y actualización de equipamiento y/o plantel de conectividad dentro los establecimientos.
“Observar cierto atraso tecnológico, amén de las adecuaciones en el plano de la seguridad, en cuanto al acceso a la educación, el trabajo, la salud, la asistencia social, el contacto con familiares y allegados a través de plataformas virtuales de las personas privadas de la libertad, así como también para mejorar el funcionamiento de las áreas administrativa, contable, de capacitación, transmisión y comunicación del personal penitenciario”, destacó como motivación la Resolución oficial.
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