El Gobierno intervendrá la tercera entre las obras sociales más grandes del país

“Se comprobó que en la obra social había enormes irregularidades administrativas”, describió una fuente del Gobierno al tanto del proceso de intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera), la tercera entre las más grandes del país. La “falta de documentación” presentada ante la Superintendencia de Servicios de Salud llevó a tomar la decisión, pero el tamaño de sus deudas, que superan los $40.000 millones, pese a los $26.000 millones que recibió del Estado, generó sospechas en el Ejecutivo sobre el uso de esos fondos públicos. Desde Osprera rechazan las acusaciones y hablan de una “digitación política” que vinculan a un diputado libertario con pasado en la entidad y enfrentado con la actual gestión sindical.

En paralelo, el 90% de los prestadores que la entidad informa aseguraron que no tienen convenio con ella, según confirmaron desde uno de los despachos oficiales.

Mediante la resolución 1612/2024 la Superintendencia de Servicios de Salud comunicó la designación de una administradora provisoria de Osprera “hasta tanto el Poder Ejecutivo disponga la intervención”. Pero lo más llamativo de esta medida se encuentra en los considerandos y en el modo en que el Gobierno justificó esta decisión que configura una jugada fuerte en el mundo de las obras sociales: “Que la Ley Nº 23.660 en su artículo 27 inciso 3° establece que para el cumplimiento de sus fines, esta Superintendencia tendrá -entre otras atribuciones- la de proponer al Poder Ejecutivo la intervención de las obras sociales cuando se acrediten irregularidades o graves deficiencias en su funcionamiento”.

Para el Gobierno existen “serias dudas” sobre el manejo de los fondos millonarios que habría realizado Osprera, una obra social con casi 700.000 afiliados. Describen a la entidad como una organización “quebrada” pese a las transferencias que recibió del Estado. En total absorbió $26.090.429.115, según cifras oficiales. Sin embargo, sus deudas prestacionales ascienden a $43.949.000.000, tal como describe la resolución publicada en el Boletín Oficial.

“Parece raro que no hayan podido normalizar sus deudas”, describió un representante del Gobierno que trabajó en la intervención de Osprera.

Desde la actual gestión de Osprera, que depende del sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), catalogaron como “un disparate” a la determinación del Gobierno a la que, según sostuvieron, respondería a “favores políticos”. En consecuencia, describieron un derrotero en la historia del gremio que involucra a un diputado libertario, así como también una anterior acción judicial.

En ese sentido, resulta relevante recordar que Osprera fue intervenida por la Justicia en marzo de 2023. En aquel entonces, un juzgado federal de La Pampa dispuso esa medida después de episodios violentos asociados a una puja por el control de su caja. De hecho, dicha disputa incluyó al asesinato a tiros del chofer de Pablo Miguel Ansaloni, en ese momento vicepresidente de la obra social y opositor a José Voytenco, el actual jefe del sindicato.

La intervención de la Justicia le quitó a Uatre la administración de Osprera, en ese entonces bajo tutela de Ansaloni, y se la devolvió al sindicato, es decir a la facción de Voytenco, en julio de este año, según detallaron. Por esta razón, rechazaron ser responsables de la deuda multimillonaria, así como también de la absorción de fondos públicos.

“La sospecha es que la determinación (del Gobierno por la nueva inervención) está digitada políticamente”, señalaron desde Osprera a propósito del vínculo entre el Poder Ejecutivo y Ansaloni, quien disputó la mencionada interna violenta. Este último es diputado de La Libertad Avanza. LA NACION lo contactó y negó cualquier tipo de irregularidad durante su gestión al frente de la obra social y vinculación política con la actual intervención.

“En el año de intervención que estuvo en manos de la Justicia de La Pampa realizaron este despilfarro de los aportes de los trabajadores”, indicó Ansaloni.

A propósito de los $26.090 millones que Osprera recibió del Estado, $3350 millones tienen como fecha al 4 de octubre del año pasado, tal cual describió el Gobierno en el Boletín Oficial. Es decir, el período de tiempo de la pasada intervención judicial. Sobre el otorgamiento de esos fondos, fuentes oficiales sostuvieron que Osprera había solicitado ayuda financiera para solventar sus deudas y la Superintendencia de Servicios de Salud de la gestión pasada aceptó brindar el auxilio económico. Las autoridades actuales ponen la lupa sobre la rendición de cuentas de ese dinero, que, según dicen, fue firmada el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del Gobierno anterior), y no se tradujo en ninguna mejora financiera de la obra social.

Pero no todos los fondos se movieron el año pasado. La mayor parte de ellos, los $22.740 millones que recibió del Fondo Solidario de Redistribución, corresponden al período conformado entre mayo de 2020 y mayo de 2024, que incluye a la gestión de Ansaloni.

En relación a la deuda prestacional de la obra social, la resolución del Boletín Oficial refleja que en septiembre de 2023, seis meses después del inicio de la intervención judicial mencionada, ascendía a $26.900 millones. La cifra aumentó 63% para marzo de este año al crecer a $43.949 millones.

Desde el área de salud indicaron que Osprera “nunca presentó un informe a la Superintendencia en más de un año, ni memorias, ni balances”. Eso fue lo que dio inicio a las auditorías que derivaron en la nueva intervención. De acuerdo a la información relevada, una parte de la deuda prestacional de la obra social, unos $1500 millones, tiene como prestadores a hospitales públicos descentralizados.

El resto del dinero adeudado, más de $40.000 millones, son pagos que aún aguardan recibir prestadores privados. Vinculado a esto, las auditorías impulsadas por el Gobierno detectaron que, de todos los prestadores que la obra social informó tener, “el 90% dijo que no tenían convenio” con ella.

La resolución publicada en el Boletín Oficial incluyó un indicio sobre este dato: “Que el relevamiento telefónico aleatorio efectuado a lo largo de todo el país arroja como resultado que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados (anunciados) por la Osprera en su cartilla médica”.

“Otro de los gravísimos incumplimientos detectados en Osprera ha sido la falta de satisfacción de los afiliados”, señala la resolución del Gobierno. En ese sentido, existen 16.410 reclamos de parte de beneficiarios y 172 acciones judiciales en su contra, “referidas a las siguientes temáticas: medicamentos, siendo la más reiterada con 73 causas, afiliación, cirugías, prótesis y problemática prestacional”.

De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud intenta transmitir una señal al mundo de la salud privada con la intervención de la tercera obra social más importante del país. “Que compitan entre sí por brindar mejores prestaciones y no por cajas millonarias de la política”, concluyeron.

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