El Gobierno habla de aumentos de tarifas "simbólicos" para la población que está bajo la línea de pobreza
LA NACION
El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró hoy que el Gobierno prevé aplicar aumentos "simbólicos" de tarifas de luz y gas a los usuarios que se encuentran bajo la línea de pobreza.
En una entrevista que concedió a Radio 10, el funcionario afirmó que en esa porción de la población "no hay espacio" para aplicar incrementos tarifarios. "O si lo hay, sólo simbólicos", remarcó.
Tras prorrogar el congelamiento de las tarifas de electricidad y gas hasta marzo, por pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobierno de Fernández analiza un nuevo esquema con subas focalizadas de acuerdo a los ingresos de los trabajadores.
Martínez reiteró que el Gobierno trabaja en "una base de datos de todo el país para utilizar los subsidios de forma eficiente". "Luego hay un porcentaje similar de sectores que pueden hacer frente al incremento, pero de ninguna manera puede ir por encima de su poder adquisitivo", sostuvo.
Y agregó: "A un jubilado no puede aumentarle la tarifa más allá de lo que le aumenta la jubilación, tiene que ir por debajo de eso. Un asalariado también, para que tenga más poder adquisitivo, no bajarlo".
Martínez afirmó que hay "un porcentaje menor de la población" que puede afrontar la suba tarifaria. "Estamos buscando las bases para los que sí pueden hacer frente al costo de la energía, que es un porcentaje menor de la población", señaló.
El 17 de diciembre pasado, la administración de Alberto Fernández dispuso que los entes reguladores del sector (Enargas y ENRE), cuyos directivos responden a Cristina Kirchner, diseñen un esquema de transición antes de 90 días. De esta forma, no habría subas de tarifas al menos hasta abril.
Biocombustibles
La Secretaría de Energía decidió implementar un esquema paulatino y progresivo de recomposición de precios de los biocombustibles, que se aplicará de manera gradual a lo largo de cinco etapas hasta mayo próximo.
A través de la resolución número 1/2021, que lleva la firma del secretario de Energía, se fijaron nuevos precios de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria y se impuso un plazo máximo de treinta días corridos para que las petroleras abonen las facturas correspondientes, entre otras cuestiones.
La medida, que será publicada en el Boletín Oficial, fue el resultado de distintos encuentros y rondas de negociación que mantuvo la Secretaria de Energía y las cámaras del sector, en las que acordaron un sendero de recomposición de los precios.
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