El Gobierno habilita una ventana para negociar Precios Máximos por empresa
LA NACIONFrancisco Jueguen
El Gobierno prorrogó hoy hasta el 30 de agosto inclusive el congelamiento de precios de alrededor de 2300 productos -casi todos todos los que están en las góndolas de los supermercados en sus diferentes variedades-, pero dejó abierta formalmente una ventana para que existan revisiones gubernamentales de esos precios por empresa.
Tal como anticipó ayer LA NACION, la decisión se cristalizó hoy, pero a través de dos resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior distintas (200 y 199). La primera establece el mantenimiento sin cambios de los Precios Máximos por dos meses. La segunda, en tanto, abre formalmente el juego a la secretaria Paula Español para establecer nuevos Precios Máximos teniendo en cuenta la situación particular de cada una de las empresas privadas.
Tal como sucedió con la forma de abonar (o no) los aguinaldos a pagar por las empresas privadas, el Gobierno busca evitar enmarcar un conflicto en una resolución general con el objetivo de evitar el costo político frente a su audiencia y a diferentes actores en su coalición.
La resolución conocida hoy es la tercera prórroga sin cambios del congelamiento de precios. El Gobierno había puesto en funcionamiento la resolución el 20 de marzo. El 20 de abril fue la la primera renovación y el 20 de mayo, la segunda, que duró hasta el 30 de junio.
"Facúltase a la citada Subsecretaría para que, en aquellos casos en los que se acrediten debidamente variaciones en las estructuras de costos que afecten sustancialmente la situación económica financiera de los sujetos alcanzados por la presente norma y sus modificatorias, con posterioridad al día 6 de marzo de 2020, pueda establecer nuevos precios máximos de los productos incluidos en la presente medida, los que estarán sujetos a las condiciones que ésta establezca", asegura el artículo 3 de la resolución 199, que modifica la norma original de Precios Máximos (la resolución 100 dictada el 20 de marzo pasado).
Los dos primeros artículos, por otro lado, encomiendan a la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores para "la supervisión, seguimiento, implementación y verificación" y además la facultan para realizar las inspecciones periódicas que realiza Comercio Interior a los supermercados y almacenes en el marco de la leyes de Abastecimiento y Defensa a la Competencia, herramientas legales del Gobierno para controlar los precios en la pandemia.
En los últimas semanas, tanto las empresas productoras de alimentos -hoy esenciales- como los supermercados se quejaron del impacto que tiene en su rentabilidad no poder trasladar a los precios la inflación y la devaluación del peso (muchos insumos siguen atados al dólar) en el agudo contexto de una significativa caída de las ventas, incluso para las actividad que se mantienen aún en funcionamiento, como las firmas alimenticias. Muchos incluso comenzaron a alertar en voz baja por posibles situaciones de desabastecimiento.
Por eso, los controles y las aclaraciones en la resolución 200 publicada hoy. "Intímase a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos en los Artículos 1° y 2° de la Resolución Nº 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior y sus modificatorias, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente resolución", se indicó.
La semana pasada una encuesta cualitativa sobre el comercio durante la emergencia sanitaria realizada por el Indec entre 40 supermercados y 13 autoservicios mayoristas estimó que casi la mitad de estos establecimientos vieron caer sus ventas en mayo. Sin embargo, más de un 60% de los consultados -los supermercados minoristas en una proporción mayor a los mayoristas- esperaba ver aumentos de precios de sus productos en un futuro cercano.
"Frente al dato de que se decide prorrogar por 60 días los Precios Máximos decimos que desde diciembre, no desde marzo, la mayoría de las empresas no ajustaba precios", afirmó a LA NACION Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). "Esperemos que se aplique esta ventana en función de la variación de costos y que sea haga de manera efectiva, aunque no conocemos su instrumentación. No bregamos por tener rentabilidad positiva, sino por no tener una negativa", agregó.
"Los Precios Máximos en la excepcionalidad durante el primer tramo de la pandemia tenía una justificación. La industria pudo satisfacer como esencial a casi 270.000 puntos de venta. Pero no hay razones de excepcionalidad que justifiquen sostener el congelamiento", dijo Funes de Rioja, que se mostró en desacuerdo con la filosofía de los controles de precios para controlar la inflación y reclamó un plan para devolver estabilidad macroeconómica al país.
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