El Gobierno explicó por qué hizo cambios en las coberturas y reintegros de las prepagas

A través de la Resolución 3934/24 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la medida que permite que solo los profesionales de la salud dentro de la cartilla médica puedan prescribir medicamentos y tratamientos para que los pacientes puedan solicitar coberturas, subsidios o reintegros.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) -organismo ubicado dentro de la órbita del Ministerio de Salud- indicaron a LA NACION que las prescripciones no pueden venir “de cualquiera” y que la demanda debe provenir de quienes son prestadores registrados. La medida implicará que los afiliados ahora deberán atenderse exclusivamente con prestadores incluidos en cartilla, o bien elevar su prestación a los planes abiertos, que suelen ser los más costosos. En esta opción, los beneficiarios tienen la alternativa de elegir la cobertura médico-asistencial a través de los prestadores de cartilla o de prestadores externos.

La resolución -que entra en vigencia a partir de este martes- lleva la firma del titular de la Superintendencia, Gabriel Oriolo, quien se desempeñó en diversas funciones durante casi 30 años dentro del Grupo OSDE. El funcionario destacó que la normativa está orientada a los Agentes de Salud, prepagas y obras sociales, y que se da en el contexto de un “elevado número de recetas prescriptas por médicos no especialistas, que no tienen contacto ni un análisis de la historia clínica del paciente y emiten un diagnóstico presuntivo inadecuado”.

“Esto afecta sobre todo financieramente al sistema en lo que tiene que ver con medicamentos de alto precio”, explicó Oriolo en diálogo con Radio Mitre y agregó: “Emitimos esta norma con la idea de no comprometer al sistema de salud, porque ese medicamento lo paga la obra social y tiene el mecanismo de reintegro”.

“Estos medicamentos de alto precio son los de uso frecuente, en general se los llama de ‘casos catastróficos’, y en muchos casos se prescriben sin saber el real beneficio”, aclaró y subrayó: “La realidad del mercado es que durante los últimos años un porcentaje muy alto de los costos médicos tiene que ver con medicamentos de alto precio; se incrementó muchísimo su utilización y lo que pretendemos es que se utilicen en los casos que se corresponda y no haya desvíos”.

De esta forma, Oriolo destacó que no se trata de una restricción al acceso, ya que si el paciente verdaderamente requiere el uso del medicamento, este va a ser prescripto y va a seguir el proceso habitual, y remarcó la importancia de “ir hacia un sistema más ordenado”.

“Estamos trabajando en conjunto para llegar a un sistema de salud en crisis, ordenado, transparente, y esta es una medida más. Pretendemos no llegar a medidas de amparo”, indicó. Para que los usuarios apelen esta medida, un juez deberá declarar previamente su ilegitimidad y fundamentar la decisión.

A través de la resolución gubernamental se determinó: “Las cartillas de prestadores deben ser presentadas ante esta Superintendencia de Servicios de Salud, indicando con precisión el tipo de plan de salud para el que rigen, a fin de garantizar su transparencia y validez operativa”. Y agregaron: “Se requiere una actualización continua de los procesos y criterios de gestión para asegurar que los recursos del sistema se asignen de manera eficiente y equitativa, evitando desvíos o inconsistencias en las prestaciones”.

“Es fundamental controlar que, en los planes cerrados, las prácticas y medicamentos indicados a los beneficiarios sean prescriptos exclusivamente por los médicos incluidos en las cartillas del Agente del Seguro de Salud correspondiente, para evitar inconsistencias en la prestación y mitigar riesgos financieros”, argumentó el Gobierno, que también destacó que el anterior sistema reflejaba un “riesgo de desfinanciamiento” para los Agentes del Seguro de Salud y que la cobertura de prácticas o medicamentos no previstos podía “comprometer la sostenibilidad financiera del sistema”.

En diálogo con LA NACION, fuentes de la SSS justificaron la decisión. “Es un factor ordenador frente a un cúmulo de recetas efectuadas por profesionales que muchas veces no son de la especialidad, no tienen en cuenta la historia clínica del paciente y ni siquiera detallan un diagnóstico presunto”, consideraron.

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