El Gobierno envió al Congreso los proyectos de ley para desarrollar las industrias del hidrógeno y el gas natural licuado
Ambas iniciativas establecen una serie de beneficios, como la accesibilidad al Mercado Único Libre de Cambios, libre disponibilidad de divisas hasta el 50% de lo que obtengan por sus exportaciones y estabilidad fiscal por 30 años
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LA NACIONJoaquín Lanfranchi
Finalmente, el Gobierno envió al Parlamento dos proyectos clave para destrabar inversiones millonarias en el sector energético. Se trata de las leyes de promoción del hidrógeno de bajas emisiones de carbono y del gas natural licuado (GNL), solicitadas por los inversores interesados en desarrollar la industria en los últimos años.
De acuerdo a los textos a los que tuvo acceso LA NACION, en ambos casos se destacan las exenciones fiscales, acceso diferencial al Mercado Único Libre de Cambios (MULC) y la posibilidad de disponer libremente de divisas hasta el 50% de lo que los emprendimientos obtengan por sus exportaciones, entre otros incentivos para proveedores.
El envío de los proyectos de ley al Congreso, que llevan la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Economía, Sergio Massa, se da luego del reiterado reclamo por un marco regulatorio que permita cumplir con las metas de descarbonización. Sobresale el pedido de la empresa australiana Fortescue Future Industries, que anunció en 2021 una inversión de US$8400 millones para construir una planta de producción de hidrógeno verde, en la localidad de Sierra Grande, Río Negro. Este desembolso se encuentra demorado a la espera de “reglas de juego claras”, pese a que en el último tiempo la firma pudo avanzar en la etapa de prefactibilidad, que incluye los estudios de impacto ambiental y licencia social.
“El proyecto de ley de Promoción del Hidrógeno de Bajas Emisiones de Carbono y otros Gases de Efecto Invernadero propicia la producción y el desarrollo de las cadenas de valor de tres tipos de hidrógeno de bajas emisiones: aquel que se produce a partir de gas natural con captura de emisiones (azul), aquel que se produce a partir de electrólisis de agua utilizando energías renovables (verde) y el que se produce utilizando energía nuclear (rosa); así como sus vectores asociados”, expresa el texto del proyecto.
La iniciativa contempla incentivos fiscales de promoción de la producción, introducción de certificaciones de calidad, de seguridad y de origen, y fomento al desarrollo de la cadena de valor local. “Con el objetivo de fomentar las inversiones, el proyecto incluye medidas como la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, la devolución anticipada del IVA y el establecimiento de un régimen de estabilidad fiscal por treinta años”, aseguró el Gobierno en su presentación. Además, se creará la Agencia Nacional de Hidrógeno (Anhidro), que funcionará como organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Cabe destacar que los beneficios tienen distintos parámetros de acuerdo con el nivel de emisiones del hidrógeno, con mayores beneficios para el tipo verde, que es considerado “el combustible del futuro” por su bajo impacto ambiental, ya que para fabricarlo no se libera dióxido de carbono, sino vapor de agua. Esta fuente de energía es generada mediante la electrólisis, que se produce a partir de energías renovables como la eólica y la solar.
Semanas atrás, desde Fortescue Future Industries celebraron las versiones acerca del envío del proyecto de ley al Congreso, al que consideran “fundamental para el desarrollo del proyecto Pampas”, aunque prefirieron esperar a la presentación oficial para dar a conocer su opinión al respecto. Ante una nueva consulta de LA NACION, se comprometieron a pronunciarse en las próximas horas.
El proyecto de GNL
Además de hacerlo vía ducto, la otra forma de transportar el gas natural es pasarlo a estado líquido a través de técnicas de enfriamiento. De allí surge el gas natural licuado (GNL), pero su proceso de producción requiere de inversiones elevadas, que para concretarse dependen de la aprobación de un marco regulatorio que podría darse si prospera el proyecto oficial. La industria lo había reclamado en varias oportunidades, aunque en los hechos mantuvo el foco en continuar aumentando su producción de shale gas (no convencional) y shale oil, así como también en los avances del gasoducto Néstor Kirchner, que sería inaugurado el próximo 20 de junio.
Según el Gobierno, que prevé declarar el recurso de “interés público” y como “objetivo prioritario”, la combinación de ambos factores “permitirán no solo satisfacer la demanda doméstica, sino que también generará saldos para ser exportados mediante la cadena de valor de la industria del GNL, entre otros, lo que provocará el consiguiente ingreso de divisas para el país”. Y agregó: “El mundo está requiriendo de manera creciente energía y, en particular, el gas natural licuado se presenta como un combustible intermediario de la transición energética a nivel mundial”.
Del texto enviado al Congreso se desprende que el régimen de promoción del GNL otorgará a los inversores hasta seis años –en rigor cinco, con posibilidad de una extensión adicional de un año– para ingresar sus proyectos, en caso de que se realicen con una inversión mínima de US$1000 millones y tengan una capacidad de producción de un millón de toneladas de GNL por año.
Se enfatiza la cadena de valor local, ya que las inversiones deberán tener un mínimo de contenido nacional de 15% en los primeros diez años; de 30% hasta los 20 años; y de 50% hasta los 30 años.
En cuanto los beneficios tributarios se destacan la amortización acelerada del impuesto a las ganancias sobre las inversiones; acreditación y/o devolución del IVA; alícuota máxima del impuesto a las ganancias de 30%; compensación de quebrantos; deducción de las ganancias de los intereses y las diferencias de cambio originadas por la financiación del proyecto; exención de los derechos de importación y demás tributos cuando no exista producción nacional o si existiese no pueda satisfacer la totalidad de la demanda o no posean las características mínimas requeridas; y estabilidad fiscal por treinta años.
En cuanto a los derechos de exportación, el proyecto establece distintas alícuotas según la cotización internacional del gas natural licuado. Si es igual o menor a US$15 el millón de BTU, las retenciones serán del 0%, mientras que si es de US$20 el millón de BTU será de 8%. En tanto, si el precio internacional es mayor, la alícuota se calculará según la fórmula establecida.
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