El Gobierno dispuso el cierre de más de 130 Registros del Automotor y frenó la apertura de otros 12

El Gobierno dispuso este miércoles el cierre de más de 130 Registros del Automotor y frenó la apertura de otros 12, según lo publicado en el Boletín Oficial (BO) en la Resolución 209/2024. La medida fue firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. De esta manera, la administración de Javier Milei resolvió delegar las responsabilidades de las sedes cerradas en otras oficinas de la misma órbita.

Las localidades afectadas por los cierres son en su mayoría en la provincia de Buenos Aires, como en Arrecifes, Baradero, Ayacucho, Carlos Tejedor, Dolores, entre otras. En el Anexo 2 de la medida se especificó a qué otras oficinas pasarán a ser responsables por las tareas que hasta ahora cumplían los 136 registros que cierran sus puertas.

Se frenó también la apertura de otros 12 registros, ubicados en la Provincia de Buenos Aires (cinco), Santa Cruz (uno), Santiago del Estero (dos), Tierra del Fuego (uno), Mendoza (uno), Formosa (uno) y Santa Fe (uno). “Con esto van a bajar los costos de la transferencia y se sigue avanzando en la digitalización de trámites. Es un paso más para terminar con este esquema de registros que traían más problemas que beneficios”, afirmó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Recortes en el Estado

En mayo, el Gobierno había anunciado la eliminación del 40% de los registros: arrancó por aquellos que llevan intervenidos más de dos años y dispuso la eliminación de la cédula azul, medida que ya fue implementada en las últimas semanas. En el anuncio de la cartera de Cúneo Libarona de ese momento, el Gobierno decidió avanzar con su objetivo de reducir los trámites burocráticos ligados con la compra de los autos.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia indicó que, “de acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos”, se ejecutarían las siguientes medidas:

• Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos
• Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas;
• Se eliminará la “cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
• Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.

También, se había informado la derogación del régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos y la impresión de las patentes automotores, lo cual “permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios”. Hasta ahora, la Casa de la Moneda es la única habilitada en todo el país para proveer las chapas patentes, situación que generó el año último un faltante de insumos y demoras en las entregas de originales y duplicados en el contexto de la falta de dólares para las importaciones.

El peso económico que tienen los trámites de los registros en la compra de un auto despierta críticas recurrentes en muchos sectores. En abril, Cúneo Libarona había autorizado una suba de los aranceles para las transferencias (que no se actualizaban desde octubre de 2023) y debió dar marcha atrás el mismo día por la repercusión que provocó.

La medida fue criticada a través de un comunicado por la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad de Automotor (AAERPA). “Esta medida dispuesta por el Gobierno Nacional debe ir acompañada de una readecuación de los ingresos de los Registros, que desde octubre del año pasado no se les actualiza sus emolumentos. Más allá de la pérdida que todos los Registros vienen sufriendo desde hace meses, con estas nuevas medidas se profundizará el deterioro de la actividad y la prestación del servicio. En definitiva hablamos de menor seguridad jurídica a la hora de comprar o vender un automóvil, con todas las consecuencias que eso conlleva”, respondieron desde la entidad.

“Desde octubre del año pasado, el Ministerio de Justicia no actualiza los emolumentos de los Registros Automotores en todo el país. Esta situación amenaza con desestabilizar el sistema y pone en riesgo 12 mil puestos de empleo privados que trabajan en los Registros. l costo de este servicio está recayendo enteramente en los titulares del registro, quienes deben cubrir todos los gastos operativos, desde salarios hasta la adquisición de documentos proporcionados por el Estado Nacional, luz y alquileres. Porque los registros son estatales, pero de administración privada. Es decir, los empleados de un Registro Automotor no son empleados públicos. En este sentido, el registro no implica un costo para el Estado, sino al contrario: le genera ingresos”, agregaron desde AAERPA.

“El Ministerio ya ha recibido la recaudación prevista para todo este año 2024, mientras que los registros seccionales no pueden afrontar siquiera los sueldos de los empleados, mucho menos una retribución justa por los servicios”, finaliza el comunicado.

Uno por uno, los registros eliminados

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