Avanza el Gobierno en la reducción de subsidios a la luz

Después de los fuertes aumentos en las tarifas de agua y gas, el Gobierno dio, a fines de la semana pasada, el primer paso para reducir los subsidios a la electricidad . La decisión derivará en una suba de ese servicio para usuarios residenciales a nivel nacional.

El jueves, el secretario de Energía, Daniel Cameron, firmó la resolución 530. Si bien todavía no fue publicada en el Boletín Oficial, una copia autenticada llegó a las empresas distribuidoras, como Edenor, Edesur y Edelap, entre el viernes y anteayer. Allí se les pide que avancen en la "identificación de los usuarios a los que correspondería la normalización de la facturación y [la aplicación de un] cronograma para la aplicación de la reducción de los subsidios que otorga el Estado nacional".

Deberán cumplir esa tarea, según la resolución, junto con la Secretaría de Energía y los organismos reguladores provinciales.

Es la primera norma que confirma la intención de avanzar en una quita de subsidios al consumo eléctrico, al que va destinado el mayor volumen de fondos públicos. Sólo el año pasado Cammesa, la compañía que administra ese mercado, recibió casi 34.000 millones de pesos, prácticamente 40% más que el año anterior.

El documento no abunda en precisiones sobre la manera en que el Gobierno avanzará en la quita de subsidios, pero hace referencia a acuerdos firmados con las provincias. Esos textos –la nacion tuvo acceso a varios de ellos– proponen distinguir a los usuarios hogareños con "capacidad de pago" de todas las categorías de consumo.

La orden a las empresas distribuidoras para discriminar a los usuarios en condiciones de pagar más por el servicio eléctrico (aún no se hicieron públicos los criterios que se tomarán en cuenta para determinarlo) es el resultado de acuerdos que cerró el ministro de Planificación, Julio De Vido, con los gobernadores. Claudio Poggi, de San Luis, sumó ayer su firma a esa lista. En el entorno de De Vido celebraron que sólo restaba la de Antonio Bonfatti (Santa Fe) para completar la lista de 23 provincias, un objetivo que en enero, cuando comenzaron las negociaciones, parecía lejano. Al principio, los gobernadores pusieron reparos a la iniciativa, pero luego cedieron ante la promesa de fondos. El jefe de una de las principales distribuidoras explicó, con pedido de reserva de su nombre, que desde el punto de vista contable le representaba lo mismo obtener una suba de tarifas o recibir fondos del Estado.

El rédito del Gobierno, según la lectura que hacen en el sector eléctrico, pasa por garantizarse un valor estable de la energía que permita contener las subas en las facturas que llegarán por la quita de subsidios. De lo contrario, en especial en las provincias, que hasta ahora tenían la posibilidad de fijar por su cuenta los precios, podrían sumarse los aumentos por ambos motivos y ocasionar un incremento mayor para el usuario.

Como casi todo en el kirchnerismo, los acuerdos con los gobernadores llevan un nombre con tintes épicos: están incluidos en el "Programa de convergencia de tarifas eléctricas y reafirmación del federalismo eléctrico en la República Argentina".

La intención, según sostuvo De Vido, es obtener el compromiso de los gobernadores para congelar las tarifas de las distribución (muchas de ellas provinciales) durante un año, a cambio de obtener el financiamiento del Gobierno para obras millonarias. Se financiarán, paradójicamente, a través de los subsidios que el Gobierno destina al sector y busca reducir mediante la iniciativa que acaba de poner en marcha.

Equidad

De acuerdo con la resolución 530, los fondos saldrán del programa denominado "Formulación y ejecución de la política de energía eléctrica", uno de los más importantes del presupuesto. Hasta ayer, había utilizado $ 21.792 millones, más de un 83% de los $ 34.393 millones que tiene disponibles para el año, de acuerdo con números del Ministerio de Economía. Por lo que probablemente necesite partidas adicionales en lo que resta del año.

Pero tanto los acuerdos como la resolución, que se publicará en los próximos días, dedican varios párrafos a ordenar una baja en los subsidios. En uno de ellos reclaman "realizar los análisis suficientes que permitan apreciar la equidad en la aplicación de los subsidios en el sector residencial, garantizándolos a aquellas familias que realmente lo necesiten".

La resolución de Cameron también puso el acento en una situación crítica que, si bien no afecta hasta el momento a los usuarios finales del servicio eléctrico, tiene en vilo a los empresarios. Se trata de la extensión de la cadena de pagos. Por su situación crítica (tienen tarifas congeladas y costos en aumento), las distribuidoras dejaron de pagarle a Cammesa hace meses la totalidad de la energía que reciben (luego se la cobran al usuario final). Por ese motivo, la empresa mixta dilató los pagos a los generadores (quienes producen la electricidad), que también dicen estar en una situación crítica por ese motivo.

El documento intenta poner un poco de orden a ese descalabro. Le ordena a Cammesa informarle a la Secretaría de Energía las deudas vencidas y pendientes hasta el 30 de abril y suscribir planes de pago con los distribuidores. Las empresas, sin embargo, creen que no están en condiciones de cumplir.

Emergencia. Sin gas en invierno y sin electricidad en verano, la cara más cruda del populismo energético

La crisis del gas. El Gobierno responsabilizó a la gestión de Alberto Fernández y negoció con Brasil para destrabar el pago

Una alarma para Caputo. La historia detrás de un decreto que se firmó de apuro