El Gobierno detectó miles de pensiones por invalidez que “no reunían los requisitos mínimos para ser otorgadas” y analiza ir a la Justicia
Según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la Agencia Nacional de Discapacidad auditó 3000 pensiones, de las cuales el 80% no deberían haberse dado; fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo estudia endurecer el acceso a este beneficio, así como iniciar acciones legales
LA NACION
La administración de Javier Milei comenzó a auditar las pensiones no contributivas por invalidez, que, según cifras oficiales, reciben 1.215.548 personas. Un análisis de la Agencia Nacional por Discapacidad arrojó que sobre una muestra de 3000, el 80% no debería haber sido otorgada. Por este motivo, representantes del Ejecutivo confirmaron a LA NACION que contemplan judicializar este asunto, a la vez de endurecer el acceso a este beneficio. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, valoró esta situación como una “irresponsabilidad”.
La pensión no contributiva por invalidez es una asignación monetaria pagada por la Anses y su monto, tal como explicaron fuentes oficiales, equivale al 70% de una jubilación mínima. Es decir, $144.851,77. En el Gobierno calculan que si se le sumara el bono de $70.000, la prestación superaría los $200.000.
A mediados de marzo, tal como recordaron fuentes oficiales vinculadas al área de Discapacidad, comenzó la auditoría del más de millón de pensiones no contributivas por invalidez. “Empezamos a ver el número y llamaba la atención por lo alto”, detallaron. Según el Gobierno, hay 1.215.548 personas que perciben esta asignación y destacan el incremento de esta cifra durante determinados períodos.
Entre 2003 y 2007, durante gestión de Néstor Kirchner, la cifra de beneficiarios pasó de 79.581 a 225.411. Es decir, se multiplicó por 2,8. En 2011, el número ascendió hasta 707.068. Esto implica que durante el primer mandato de Cristina Kirchner se triplicó la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez. La evolución del indicador muestra que hasta 2015 se agregaron más de 300.000 nuevos pensionados y el universo total beneficiarios pasó a 1.045.954. Al finalizar el período presidencial de Mauricio Macri, dicho número bajó y la administración de Alberto Fernández volvió a elevarlo hasta 1.215.548.
Fuentes vinculadas a la gestión de Néstor Kirchner dijeron a LA NACION que el aumento durante su mandato tuvo que ver a “un retraso enorme en expedientes pendientes”. Además, desde el kirchnerismo indicaron: “Si quieren sacar la pensión por invalidez que se hagan cargo y que no inventen mentiras”.
Una mirada territorial de la cantidad de beneficiarios los ubica según su provincia. Si bien Buenos Aires es la que mayor cantidad de pensionados por invalidez concentra, con 302.794, en Chaco la proporción entre su población y los que perciben esta asignación es del 8,8%. Esto significa que en dicha provincia cerca de uno de cada 10 recibe esta pensión.
Las cifras del Gobierno también indican que en Santiago del Estero el 7,9% de su población es pensionada por invalidez y en Formosa, el 6,7%.
Estos son datos globales de todos los beneficiarios, pero tal como afirmó una fuente al tanto de la auditoría oficial, las presuntas irregularidades se encontraron “en un primer corte de 3000 personas”. Esto abrió tres posibles caminos para el Gobierno. El primero, finalizar el análisis de todas las pensiones; el segundo, cambiar la reglamentación que regula el acceso a una pensión no contributiva por invalidez; y el tercero, analizar el inicio de acciones judiciales, dado que consideran que las gestiones anteriores habrían hecho uso del otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez “como moneda de cambio para favores políticos”.
En relación al primer punto, la fuente al tanto de la auditoría mencionó que no hay una fecha de finalización marcada. En relación a la legislación vigente para acceder a una pensión de este estilo, aseguró que el Ejecutivo buscaría “anular” resoluciones existentes o “generar” nuevas.
Incluso, identificó dos medidas del gobierno de Fernández que, según su visión, “rompieron todo” dentro de un grupo de normativas que flexibilizaron el acceso a la prestación. Una de ellas es la Resolución 70/2023, que para la gestión libertaria eliminó la obligatoriedad de indicar “incapacidad total y permanente” en el certificado médico.
La otra es la dictaminada en el Decreto 7/2023. Desde la mirada del oficialismo, quitó la condición de invalidez laboral que definía que “la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en la capacidad laboral una disminución del 76% o más”. Ambas estarían en la mira de la actual administración.
LA NACION consultó a funcionarios de la gestión pasada vinculados al área de Discapacidad pero al momento de publicación de este artículo no habían respondido.
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