El Gobierno denunció penalmente al exministro Aranguren por las tarifas de gas
LA NACION
El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, denunció penalmente al exministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y a otros exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri y del directorio de Enargas por el modo en que fueron definidas las tarifas del servicio de gas en 2018. Operatoria que, según señalaron, habría llevado a los usuarios a absorber en sus facturas la variación del tipo de cambio.
Según apuntó el ente, el perjuicio económico que habría generado la forma de establecer los contratos de provisión de gas asciende a US$561 millones, de los cuales US$393 millones obedecerían al perjuicio contra el fisco, mientras que US$168 millones pesarían sobre los usuarios del servicio público de gas por redes.
La denuncia -que recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12- también alcanza a Marcos Porteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos; a Mauricio Roitman, expresidente del directorio del Enargas y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador, según un comunicado de prensa difundido por el ente regulador.
LA NACION no había podido comunicarse con Aranguren hasta el momento de la publicación de esta nota. Roitman, por otra parte, dijo a este medio que prefería estudiar en detalle la denuncia antes de emitir una respuesta para "entender cuál es el cuestionamiento".
En concreto, la denuncia versa sobre la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 248 y 265 del Código Penal.
Según puntualizó el ente conducido por Bernal, la razón de la denuncia está atada a las denominadas "Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes" concertadas y determinadas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.
"Ante la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la Ley 24.076 (Ley del Gas) y normas reglamentarias y complementarias, en 2018 se debía volver a la desregulación del precio del gas, es decir, a la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras. Sin embargo, el Enargas en lugar de proteger a los usuarios y las usuarias y rechazar ese acuerdo (las referidas "Bases y Condiciones") lo avaló y efectuó el traslado de los precios a tarifas en abril del 2018", detalló el ente en un comunicado oficial".
La crítica encierra una curiosidad: el kirchnerismo, que promueve y aplica una política de intervención del mercado en la economía, cuestiona a sus antecesores por no liberar los precios a la negociación del mercado.
La argumentación continúa señalando que en octubre de 2018, al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, "se pretendió, mediante las famosas 24 cuotas que impulsó el otrora secretario de Gobierno de Energía Javier Iguacel, que la variación del valor de cambio fuera absorbida por los usuarios y las usuarias en cuotas en sus facturas, lo que mereció el repudio generalizado y hasta la promoción de denuncias penales".
"Esto derivó, conforme Decreto 1053/2018, en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios. Esto es, todo el pueblo argentino en calidad de contribuyente haciéndose cargo de la deuda generada", apuntó el ente.
Al respecto, Bernal declaró que "Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación ‘contractual’, con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa. Algo inédito en la historia de la comercialización del gas".
La denuncia impulsada por Bernal
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